41 socios de PwC eluden penas de prisión de hasta 14 años tras acordar una multa de 38 millones

Agencias.- Un total de 41 exsocios de la consultora Pricewaterhousecooper (PwC) han logrado eludir posibles condenas de prisión por delito fiscal de hasta 14 años de cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía que, en el curso del juicio fijado para este martes en la Audiencia Nacional, ha aceptado el pago de una multa que ronda los 38 millones de euros, que ha pagado la compañía auditora.
El expresidente de la compañía Miguel Fernández de Pinedo y otros tres exdirectivos más han resultado condenados por un delito fiscal por no haber declarado en el IRPF los beneficios obtenidos por la venta de la División de Consultoria a IBM en 2002 y 2003.

 
El Ministerio Público pedía penas de 14 años y 10 meses de prisión para los ahora condenados, de cuyas penas no ha informado la Fiscalía. Se trata del expresidente de PwC Miguel Fernández de Pinedo; el entonces administrador solidario de PwC Consulting y responsable de Operaciones en España José María Tajadura Garrido, y César Rodríguez Ramos, que fue socio responsable de la División Fiscal y Legal de PwC. Para el máximo responsable de la División Legal, Miguel Cruz Amorós, el Ministerio Público pedía 11 años y cuatro meses de cárcel.


La rebaja de penas se ha concretado tras la conformidad de las defensas con el escrito de las acusaciones ejercidas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Estatal Tributaria.


Las cuotas defraudadas ascienden a 17.153.250,36 euros, más los intereses que superan los 11 millones de euros y multas cercanas a los nueve millones de euros. Dichas cantidades han sido satisfechas por la entidad, extremo que ha sido determinante para alcanzar el Acuerdo de conformidad. Todas esas cantidades suman esos 38 millones pagados por PwC.


Esta sentencia supone la primera condena en Europa y en España de este tipo de fraude fiscal, asociado a la utilización abusiva del Régimen especial de Fusiones y Escisiones, aportaciones de activos y canjes de valores, derivada de la aplicación de la cláusula antiabuso contenida en la regulación del mismo.


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