La libertad de prensa, que debe estar
blindada más que ser protegida a pesar de que “desde que se inventó la
imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la
imprenta”, no tiene nada que ver con la libertad para difamar o
desacreditar en base a calumnias o informaciones torticeras con un claro
objetivo político-económico de clase. En este país la impunidad que
tiene el periodismo a la hora de bombardear el espacio informativo con
burdas falsedades tiene que acabar. No es admisible la calumnia por
sistema. No es admisible que se haya convertido en la única referencia
existente en los grandes medios de comunicación manipulación.
De oca a oca desde hace dos años. Si la
semana pasada era un panfleto con muchos millones de enajenados
lectores, esta vez le toca –de nuevo– a ABC lanzar la misma mierda de
siempre sobre Podemos. Y es que están tan nerviosos con la nueva
coalición que ya no miran pelo.
Vuelta la burra al trigo. Se insiste con
la misma información gastada que ya ha pasado incontables veces por los
muy conservadores Tribunales españoles y que pese a esta condición ha
sido invariablemente desestimada y archivada. Aunque en este caso sí hay
una casi novedad un tanto ajada; un documento filtrado que en
realidad, más allá de hacer que nos preguntemos por el uso indebido de
los FCSE, no asegura nada que no haya sido –en la parte que tiene algún
sentido– reconocido con normalidad por los aludidos, y que en ningún
caso puede ser constitutivo de delito e incluso tampoco de
irregularidad.
Pero aquello que se añade a requerimiento de los
presuntos agentes, y que sí pudiera ofrecer una imagen distorsionada de
la realidad, aparece preñado de incertezas, recurriendo así el
entrevistado constantemente a ‘probables’, ‘posibles’, ‘pienso que…’,
etc. En resumen aquello que se cuenta y se asegura (de nuevo) es que la
UDEF, por orden de no se sabe quién ni en base a qué, se ha desplazado
hasta Nueva York para entrevistar en nuestro Consulado a Rafael Isea, un
exministro del Gobierno de Chávez.
Pero no un exministro cualquiera,
porque se trata de un prófugo acusado de narcotráfico y corrupción
(declarando en suelo español) que, según esta misma ‘información’, no ha
dudado, tras permanecer más de dos años en EE.UU. sin conseguir el
estatus de asilado político, aprovechar la visita de las ‘autoridades’
españolas para pedir ser considerado testigo protegido en la
rocambolesca causa inútil que se investiga en España.
Todo el bluff, excepto los ilícitos en
los que el propio Estado haya podido incurrir, que no son pocos ni poco
graves y que alguien debería investigar desde ya, se podría resumir con
este tuit de RaGLaN
Pero lo que se cuenta, siendo repugnante
e indicando que se está haciendo un uso indebido (o delictivo) de las
instituciones, impropio incluso en una democracia bananera como la
nuestra, es solo una pata de este podrido banco. La otra es la de unos
medios que manipulan día sí y día también con total impunidad, y aquello
que en este caso imputa el titular de esta sibilina portada cuando los
redactores saben que es manifiestamente indemostrable cuando no falso.
Siendo que por la pretendida ambigüedad
del montaje de la portada y del titular se nota que el nivel de aptitud y
precaución en ABC es muy superior al del panfleto de Eduardo Inda, no
deja de ser de una malicia de primero de canallismo. Aunque como la
capacidad cognitiva de sus lectores aún está en párvulos, seguro que
resulta útil.
Para empezar, la Fundación CEPS existe
desde 2002, doce años antes de que se presentara Podemos y, como es
lógico, por supuesto nunca ha negado cobrar por sus trabajos de
asesoría. Y no solo de Venezuela, sino también de Ecuador, Bolivia,
España, e incluso en el ámbito más local también de, por ejemplo, la
CCAA valenciana. Segundo, no se ha podido demostrar, y eso que se ha
puesto mucho empeño, que CEPS financiara el nacimiento de Podemos.
Tercero, si así fuera –que es una estupidez, porque los que hayan
seguido el nacimiento de la formación morada recordarán la austeridad y
sencillez de sus inicios–, tampoco hubiera supuesto un delito, porque la
Ley que lo penalizaría en algún supuesto que tampoco sería aplicable
hoy, es de 2015, y no existe retroactividad.
Y cuarto, manipula el
diario ABC al incluir unos recortes en los que se personalizan los
pagos, pero olvidan incluir este otro:
Esto
supone una clara contradicción, porque el mismo que unos párrafos antes
asegura, y es lo que ha destacado ABC, que los pagos se hacían a ‘estas
personas’, piensa más tarde que no cobraban como personas físicas, sino
que sus trabajos se hacían a través de CEPS. Es como si dijéramos que
el redactor de esta soplapollez contra Podemos y “al menos” otro par de
compañeros, han sido los perceptores de la facturación anual de ABC. Tal
cual.
Por resumir, el prófugo, en definitiva,
no confirma otra cosa que una generalización que como tal ha sido
aceptada y sobre la que no hay nada que decir. Y aunque por el tono y la
exuberancia editorial lo parezca, en realidad no hay más noticia que
ese ánimo sensacionalista de confundir y perjudicar a quienes ponen en
peligro los privilegios de los dueños de plataformas de clase como ABC.
Por esto, volviendo a la intención
primera de este texto, habría que denunciar todas estas tergiversaciones
y torticerías mediáticas incluso cuando su recorrido judicial, en la
actual coyuntura, sea muy corto. Y aunque solo sea para evitar males
mayores, porque todo tiene un límite.
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