La tapa de la alcantarilla
que ha cobijado durante cuatro años investigaciones policiales contra la
oposición sin control judicial ha saltado a las puertas de las
elecciones del 26 de junio. La grabación que revela publico.es del
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, conspirando con el
director de la Oficina Antifraude catalana, Daniel de Alfonso, es el
último capítulo de una historia que arranca en el mismo momento que el
Partido Popular designa a su cúpula policial. Un grupo de comisarios ha
convertido la dirección de la Policía en un impostado servicio de
inteligencia, alejada de las funciones de policía judicial que le
atribuye la ley y dirigida contra los rivales políticos del PP.
Al servicio de cruzadas como
la salvación de España de la amenaza independentista o, más
recientemente, de un posible triunfo electoral de Podemos, la fábrica de
informes policiales sin firma ni sello, ha satisfecho a medios de
comunicación de diversa inclinación ideológica, asegurándose además de
que los métodos empleados para su confección no fueran objeto del
interés periodístico y, en consecuencia, del debate público.
El Partido Popular eligió
para dirigir el Cuerpo al comisario Eugenio Pino, jefe de los
antidisturbios con Aznar y relegado durante los gobiernos socialistas a
tareas menores. Al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Pino
creó una estructura secreta que ha cobijado a un grupo de agentes
dedicados a combatir las preocupaciones políticas del Gobierno, en lugar
de las amenazas que sufre España en el ámbito de la seguridad.
eldiario.es reveló en noviembre de 2014 la
estructura que operaba sobre el terreno en Cataluña y la que elaboraba
después los informes que acababan en los medios de comunicación,
coincidiendo con momentos álgidos del proceso independentista. Muy
pronto, Pino se convirtió en el hombre que susurraba al oído del
ministro del Interior. Entre ambos construyeron un puente que aislaba al
director general de la Policía, Ignacio Cosidó, con el que Fernández
Díaz no tardó en chocar.
En esa estructura se erigió
en pieza clave la Unidad de Asuntos Internos (UAI), objeto de deseo para
quien quisiera pervertir sus funciones, debido a la facilidad que
otorga el secretismo concedido por la ley. Ni el número de integrantes
que tiene se conoce. Como jefe de la misma, el PP eligió a Marcelino
Martín-Blas Aranda, un comisario muy conservador, colaborador del
partido en la oposición, al que se negaban los privilegios de pertenecer
a la Junta de Gobierno. A cambio estaría al frente de una unidad para
la que Pino tenía reservadas importantes misiones.
La guerra de fondo
Hoy, Martín-Blas mantiene un
enfrentamiento encarnizado con sus antiguos aliados para las maniobras
en Cataluña. Así queda reflejado en sus investigaciones de la pieza secreta de la Operación Nicolay,
la que persigue al autor de la grabación ilegal de un extracto de la
reunión en su despacho con dos agentes del CNI, mientras trataban las
pesquisas contra el Pequeño Nicolás. A las órdenes del juez, Martín Blas
señala directamente a José Manuel Villarejo Pérez, el comisario que por
sí solo constituye una de las piezas claves de todo este engranaje.
Para Villarejo, el exjefe de Asuntos Internos pide la detención, así como la imputación de Pino; el que fuera su mano derecha, José Ángel Fuentes Gago; y el comisario de la lucha antiterrorista Enrique García Castaño.
Los delitos que atribuyen los investigadores al número dos de la
Policía y otras doce personas son “blanqueo de capitales, manipulación y
alteración de pruebas judiciales, acusación y denuncia falsa,
actividades prohibidas a funcionarios públicos y otras filtraciones
policiales”. El fiscal se opone y el Ministerio ni se ha pronunciado al
respecto. Con todos los mandos implicados habla en los días
investigados un cargo político que se salta varias escalas para hacerlo,
el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos
del ministro.
Martín Blas actúa como
comisión judicial porque el juez ha querido blindar la investigación de
presiones políticas o del propio Cuerpo. La enemistad con Villarejo
surge cuando Asuntos Internos investiga a un grupo de policías, uno de
ellos íntimo del agente especial, en el marco de la Operación Emperador
sobre la mafia china. En los informes policiales también se mencionaba a
un hijo del comisario Villarejo, sin que llegara a ser imputado.
En medios policiales aseguran que el poderoso comisario Villarejo juró venganza.Martín Blas fue destituido como jefe de Asuntos Internos en abril de 2015,
en un intento de Interior por frenar la guerra entre los comisarios a
los que había aupado. A la postre, resultó solo ser un hito más de un
enfrentamiento al que, por lo acaecido en los últimos días, aún restan
relevantes capítulos.
Como publicó eldiario.es en marzo de 2015, Villarejo fue condecorado con
una medalla pensionada un año antes por sus éxitos en las maniobras
policiales en Cataluña. Por aquella época, Villarejo y Martín-Blas
mantenían una relación cordial. Ambos participaban de una misma
estrategia, destacada y secreta, del Ministerio del Interior. La
publicación sobre la medalla se produjo en medio del escándalo por el
patrimonio multimillonario del comisario, revelado por el diarioEl País.
Villarejo ha trabajado hasta para diez ministros del Interior, según
publicó el mismo periódico. De hecho, fue con Alfredo Pérez Rubalcaba en
ese departamento cuando se decidió implicarle en la investigación sobre
el ático de Ignacio González, surgida del caso Gürtel.
El apoyo mediático
“Informes de inteligencia”,
“apócrifos”… Con diversas denominaciones, supuestas prácticas corruptas
de los líderes del soberanismo catalán llenaban portadas, escritas y
digitales, y abrían boletines de radio. Los millones que la familia
Pujol mantenía en el extranjero copaban titulares. Todas esas
informaciones se han depurado en dos investigaciones que sigue la
Audiencia Nacional, una en el juzgado de Instrucción número 5 y otra en
el 1, ésta última referida solo a Oleguer Pujol. El resto de informes no
llegaron nunca a los juzgados; no pasaron de las primeras páginas.
El exalcalde de Barcelona
Xavier Trias se querelló por una información que le atribuyó una cuenta
en un banco suizo que nunca ha existido, como se encargó de desmentir la
propia entidad. ¿Cómo se accedió a esa información? ¿Qué agentes la
obtuvieron? ¿Se desplazaron al extranjero? ¿Pagaron con dinero de los
fondos reservados? Todas esas preguntas tienen respuestas precisas entre
miembros de la escala de mando de la Policía, avergonzada en gran parte
de la utilización política de estos años.
Pero las pruebas, o no
existen, o permanecerán a buen recaudo mientras gobierne el PP.
El próximo DAO, implicado en las maniobras
La primera constancia de la
maniobra que diseñó Interior para luchar contra el proceso soberanista
dejó un rastro imborrable el 29 de octubre de 2012 en Barcelona. Ese día
se desplazaron a la capital catalana Martín-Blas y otro comisario clave
en el pasado reciente, el presente y el futuro de la Policía, José Luis Olivera.
Ambos trataron de convencer a los fiscales Fernández Bermejo y Sánchez
Ulled de que relanzaran de inmediato la investigación del caso Palau y
pidieran al juez el registro de la sede de CDC a dos semanas de las
elecciones autonómicas. Los fiscales desconfiaron de que dos policías
próximos a la cúpula policial, pero sin ninguna vinculación con el caso,
les presentaran nuevos y endebles indicios.
La actuación de los
comisarios motivó incluso una queja formal del Consejo Fiscal, pero los
dos comisarios fueron condecorados con la Medalla Roja, un
reconocimiento que conlleva pensión. Interior aseguró que el viaje se
debía a que Asuntos Internos quería anunciar a los fiscales un nuevo
grupo dentro de la unidad dedicada a recuperar casos perdidos por la
Policía por la dejadez de sus agentes. Olivera habría viajado porque
conocía a los fiscales de su etapa en la UDEF.
El comisario Olivera fue
creciendo en influencia y poder en el Ministerio del Interior, hasta que
en los últimos días ha sido señalado como sustituto de, nada menos,
Eugenio Pino, el hombre que creó la estructura secreta contra la
oposición política. Pino se jubila mañana jueves con todas las costuras
al aire. Interior podía haber hecho DAO en funciones al subdirector de
Recursos Humanos, a la espera de un nuevo Gobierno, pero ha rechazado
esa opción. El comisario Villarejo también se jubila, solo de la
Policía, el próximo mes de agosto.
En la grabación de
publico.es aparece mencionado otra pieza clave de este puzle, el
inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. Expresidente del Sindicato
Profesional de Policía (SPP), fue recuperado por Pino de su destino en
Cantabria para actuar, presuntamente, como una suerte de jefe de
gabinete.
La investigación del Pequeño Nicolás y la información sobre la
conversación de Fernández Díaz le colocan en el epicentro de las
maniobras de Interior. Actualmente está destinado en La Haya.Cobra más de 10.000 euros al mes. Su mujer, también policía, está destinada en la misma ciudad con un sueldo similar.
Pedro Águeda | eldiario.es | 22/06/2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR TU OPINION-THANKS FOR YOUR OPINION