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Se debería establecer una norma con rango de ley y no solo contra la
trata con fines de explotación sexual, sino con un enfoque integral que
recoja otras manifestaciones del delito, como la explotación laboral.
Las redes de trata con fines de explotación sexual o laboral mueven 8,3 millones de euros al día en España, según datos del Ministerio de Sanidad.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarticularon 42 organizaciones criminales y detuvieron a 471 personas solo en 2015.
“Cualquier persona puede ser víctima de trata. Hay que desmontar los tópicos. No todas son pobres, analfabetas, extranjeras”, recuerdan desde la ONG Accem.
Su denuncia desencadenó la
investigación contra el empresario porno Torbe, encarcelado desde el
pasado abril. Ante la policía, la ahora testigo protegida –a quien el
sumario judicial se refiere como TP3– contó que fue captada a través de
Internet y engañada para grabar un vídeo junto a él. El sumario de la ‘Operación Universal’
detalla que el modus operandi era buscar a través de Internet a jóvenes
en situaciones económicas desesperadas para después extorsionarlas y
que se prostituyeran bajo la amenaza de difundir sus imágenes entre los
conocidos y familiares.
La ONU calcula que cerca de
140.000 mujeres acaban atrapadas en redes de este tipo en Europa. En
España, las fuerzas de seguridad identificaron a 133 personas en la
misma situación en 2015. El balance incluye también otros 650 casos de
víctimas de explotación sexual. Es decir, hace un desglose de cifras sin
especificar cuáles son los matices que hacen que un caso esté en una u
otra clasificación. Este medio se ha puesto en contacto sin éxito con el
Ministerio de Interior para solicitar una explicación técnica de esta
catalogación de los datos.
La trata es “la captación,
el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas,
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción”, es decir, “al rapto, al engaño, al abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga
autoridad sobre otra- con fines de explotación sexual”, según el
Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas.
Estas organizaciones
criminales suelen ir asociadas a la prostitución, pero son dos
realidades diferenciadas. La prostitución es una actividad alegal, que
es ejercida de forma libre. La trata está tipificada como delito y puede
tener otros fines, como la explotación laboral o la mendicidad.
Las redes de trata –con
fines de explotación sexual o/y otros– mueven en España alrededor de
3.000 millones de euros al año: 8,3 millones diarios, según los últimos
datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Si hablamos específicamente de redes cuyo fin es la
explotación sexual, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
contabilizaron en 2015 a 13.892 personas en riesgo de caer en estas
redes y desarticularon 42 organizaciones y grupos criminales. En ellos
operaban cientos de personas, de las que se detuvo a 471. Los clubes de
alterne –con más del 74% de las inspecciones– son los lugares con mayor
número de mujeres que corren el peligro de verse inmersas en estos
engaños y coacciones, según el balance.
“Cualquier persona puede ser
víctima de trata. Inmigrantes, españolas… Cualquier persona. Hay que
desmontar los tópicos. No todas las víctimas de trata son pobres,
analfabetas, extranjeras. Hemos tenido casos con nivel económico normal,
con educación y han acabado cayendo en redes de víctimas de trata”,
dice Ane Azkunaga, referente en Trata de la ONG Accem.
Según los últimos datos
oficiales, la mayoría de las víctimas identificadas por las autoridades
en 2015 eran rumanas, españolas y nigerianas. Desde la Unidad Central de
Redes de Inmigración ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), insisten
en que hablar de perfiles es reduccionista. “Son de lo más variado y
van cambiando dependiendo de la situación y las posibilidades del
movimiento de las mafias”, apuntó el inspector José Nieto en una
entrevista publicada en eldiario.es.
A su vez, los clichés perjudican a
las víctimas a la hora de denunciar. “Las autoridades tienen en su
imaginario un ideal y en ocasiones no creen a quien no encaja”,
matizaban desde Womens Link.
Ruth, como otras muchas
mujeres, vivía en una situación crítica en su país de origen, Nigeria.
Tenía una hija, cuyo padre las abandonó. “Esta gente me prometió
ayudarme, pagaron todas mis facturas del hospital y me prometieron que
me traerían a Europa para encontrar un trabajo”. La historia de Ruth,
recogida por Proyecto Esperanza, desembocó en la prostitución. La red le
obligaba a ejercerla “para devolverles el dinero”. “Me exigían 50.000
dólares y, si me negaba, amenazaban con matar a mi hija. Comencé a
prostituirme”.
Cómo se lucha contra la trata en España
España cuenta con un plan de 2015 específico contra la trata
–tipificada como delito en el artículo 177 bis del Código Penal– con
fines de explotación sexual. Lo aprobó, con un presupuesto inicial
previsto de 140 millones de euros, a tres meses de las elecciones
después de tres años sin desarrollar ningún tipo de proyecto nuevo para
luchar contra estas redes de trata.
Organizaciones sociales de
lucha contra la trata siguen pidiendo, al margen de este plan, el
desarollo de una norma con rango de ley para hacer frente a esta
vulneración de derechos. Y no solo contra la trata con fines de
explotación sexual, sino con un enfoque integral que recoja otras
manifestaciones del delito, como la explotación laboral.
Desde 2011 está en vigor un protocolo marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos,
fruto de un acuerdo interministerial con el Consejo General del Poder
Judicial, que establece, entre otras cuestiones, pautas para la
evaluación de los riesgos y para la coordinación adecuada de las
actuaciones de autoridades e instituciones.
“La situación de las
víctimas de trata deja muchas secuelas. Denunciar exige aportar una gran
cantidad de información, revivir muchas experiencia que, debido al
trauma, algunas personas creen que no son capaces de afrontar”, señala
Azkunaga. “Estas personas necesitan recuperarse y restablecerse y, en la
práctica las víctimas no siempre reciben el tratamiento ni el tiempo
adecuado necesario para poder recuperarse antes de poder iniciar el
trámite”, añade. “Por parte de la Policía prima el elemento de
persecución del delito y no tanto la protección a las víctimas. Siendo
conscientes de que cada vez las autoridades están mas sensibilizados y
formados, tienen la urgencia de obtener datos, teléfonos, identificar
personas, etc”.
La vulnerabilidad y el miedo
a denunciar se multiplican cuando las víctimas residen en España de
forma irregular. Cuando las fuerzas de seguridad se chocan con estos
casos, existe una vía de protección específica de protección en la Ley
de Extranjería. Se activa el “periodo de reflexión” en el que la persona
identificada como víctima de trata debe decidir durante los próximos 30
días si cooperará en la investigación.
Desde ONG como Women’s Link
advierten de que algunas mujeres deciden colaborar pero acaban perdiendo
la protección después de que las autoridades considerasen que su
información no es relevante.
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