Partido Popular, PSOE y Ciudadanos han rechazado que el ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar las maniobras contra el proceso soberanista catalán tras desvelar Público varias conversaciones del propio ministro en su despacho oficial con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en octubre de 2014, poco antes de la consulta del 9-N, en las que se evidencian las maniobras urdidas por Fernández Díaz para incriminar a toda costa a dirigentes soberanistas catalanes para intentar frenar así el proceso independentista.
La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados –órgano que sustituye al pleno de la Cámara de manera interina cuando se disuelve el parlamento– ha rechazado con los votos de los integrantes de PP, PSOE y Ciudadanos las peticiones de comparecencia en el Congreso del ministro del Interior en funciones solicitada por los grupos de Podemos por un lado, y de ERC y Democràcia i Llibertat por otro.
El ministro del Interior en funciones se ha presentado el 26-J como número uno del PP por Barcelona, circunscripción en la que ha cosechado un aumento de votos respecto al 20-D de más de 35.000 sufragios, apenas unos días después de destaparse el escándalo de las conversaciones en su despacho con el director antrifraude catalán.
Este mismo martes, Fernández Díaz rechazaba con una pregunta cualquier posibilidad de dimisión al respecto. “¿Graban al ministro y tiene que dimitir, pese a que es víctima de una ilegalidad?”, se preguntaba ante los periodistas.
Pese a que todos los partidos con representación parlamentaria salvo el PP han exigido su dimisión o que Rajoy lo cesara, tanto PSOE como Ciudadanos han decidido votar al lado de los populares en la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso en contra de que Fernández Díaz diese las explicaciones pertinentes en la Cámara.
Estas solicitudes de Podemos y de ERC y DiLL tenían a priori muy pocas posibilidades de prosperar, porque no existen precedentes de comparecencias parlamentarias de miembros del Gobierno con las Cortes disueltas, sin contar por supuesto que el actual Ejecutivo se ha negado insistentemente durante esta pasada legislatura a rendir cuentas ante las Cámaras al hallarse gobernando solo en funciones.
La comparecencia de Fernández Díaz había sido solicitada por los grupos parlamentarios de Podemos, por una parte, y de ERC y de DiLl, por otra. En esta última solicitud también se reclamaba la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para que explicase por qué no ha destituido a Fernández Díaz como consecuencia del escándalo que supone el contenido de estas grabaciones realizadas en el propio despacho oficial del ministro.
Podemos explicaba en su solicitud que en las conversaciones “se le escucha conversando con el director de la Oficina Antifrau de Catalunya respecto de la posible incriminación de cargos electos y otras personas vinculadas a la política en Catalunya y donde se menciona la intervención de la Policía y de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo prácticas que podrían ser susceptibles de imputación de graves delitos”.
En la petición de ERC y DiLl se exigía la comparecencia del ministro en funciones Fernández Díaz para que se explicase “sobre la perversa utilización política del Ministerio para perseguir a líderes –y a los familiares– de opciones políticas opuestas, así como del presidente del Gobierno en funciones, para dar explicaciones de por qué no se ha destituido de manera inmediata al Ministro del Interior después de hacerse pública la utilización de su cargo para perseguir adversarios políticos y aclarar si tenía conocimiento del caso”.
El rechazo a estas comparecencias se ha solventado por unanimidad de los cinco miembros de la Mesa, que está integrada por el presidente de la Cámara, el socialista Patxi López, los dos vicepresidentes –Celia Villalobos (PP) y la socialista Micaela Navarro–, así como los dos secretarios, la popular Alicia Sánchez Camacho y el representante de Ciudadanos Ignacio Prendes.
Las razones “formales” esgrimidas para su rechazo se basa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que otorga a la Diputación Permanente funciones “de mera administración de la institución durante el periodo en que la cámara se encuentra disuelta”.
Por Natalio Blanco
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