Responsabilidad política

Tan sólo unas horas tardó David Cameron en anunciar que se marchaba, aunque fuera en diferido, después de conocerse la apuesta de la ciudadanía británica por el Brexit. Pongo el acento en esta cuestión porque la cultura política en Europa se diferencia mucho de la nuestra en lo que respecta a la asunción de responsabilidades políticas. Recordemos aquellos ministros alemanes que dimitieron tras hacerse público que podrían haber plagiado algunas partes de sus tesis doctorales años atrás.


En España, sin embargo, las cosas no funcionan así. En cada caso de  corrupción, los implicados niegan sistemáticamente los hechos y se aferran a sus cargos prácticamente hasta que una sentencia judicial los aparta de ellos. Igual está sucediendo con el enésimo escándalo aparecido, provocado por la entrega por fascículos de unas comprometedoras conversaciones entre el Ministro del Interior y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña.


Además de la responsabilidad que debería entrañar que se pueda grabar al mismísimo Ministro encargado de la seguridad ciudadana sin su conocimiento, el contenido de las conversaciones revela cómo se podrían haber utilizado recursos públicos, pagados por la ciudadanía para perjudicar a los adversarios políticos. Por si esto fuera poco, el Ministro se proclama víctima de una conspiración y anuncia una investigación al tiempo que la policía se persona, sin autorización judicial, en la sede del medio de comunicación que ha publicado las conversaciones.


Más allá de las responsabilidades penales que puedan tener los implicados y que determinará la justicia, el Ministro del Interior en funciones debería abandonar su cargo. La mera sospecha de que el Ministro responsable de la seguridad ciudadana pueda actuar contra los adversarios políticos, utilizando para ello todo el aparato del Estado, provoca tal sensación de desconfianza en las instituciones que deberían velar por nuestra seguridad, que la dimisión es la única salida posible.


  En este caso, más que en ningún otro, no podemos esperar a que un juez determine responsabilidades, porque el daño que se ha producido es irreparable y aumenta cada día.


La pregunta obligada es qué tiene que suceder en nuestro país para que los cargos públicos asuman responsabilidades cuando suceden cosas como ésta y si, de alguna manera, la ciudadanía tiene alguna responsabilidad en que no sea así. No sé si el número y la magnitud de los casos de corrupción aparecidos en los últimos años han conseguido anestesiarnos, insensibilizarnos de alguna manera, o si se ha acabado asumiendo que la corrupción es inherente al ejercicio de la política.


  Sea como fuere, la ciudadanía tiene que alzar la voz y decir basta. Son ya demasiados casos y demasiado graves.


 Por Esperanza Gómez Corona