- Amenaza con parar la oferta de 2016 con el consiguiente ahorro
- Empleo excluye a CEOE y a sindicatos del control de las convocatorias
- La patronal destaca la coincidencia con el adelanto del cierre presupuestario
En su búsqueda de arañar euros para ajustar el déficit público de este año al 3,7% exigido por Bruselas, el Gobierno se plantea ahora paralizar la convocatoria de la oferta de los cursos de formación para este año, lo que permitiría un ahorro adicional de 250 millones de euros en el gasto.
Una propuesta que los responsables de la
Secretaría de Estado de Empleo plantearon a los representantes de la
patronal CEOE durante la reunión que mantuvieron esta misma semana y en
la que se les anunciaba también la decisión de excluir a los agentes
sociales del órgano de control de las convocatorias, cuyas competencias
asumiría en exclusiva el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Una decisión que ha suscitado la
indignación de los sindicatos mayoritarios y de la patronal, que han
manifestado su total oposición e, incluso, la posibilidad de un plante
si se lleva a cabo. Advertencia ante la que los responsables de Empleo
apuntaron la posibilidad de paralización de las convocatorias.
"No vamos a renunciar bajo ningún concepto
a entrar en el órgano de control", afirmaba ayer un alto cargo de la
dirección de CEOE, quien recordaba que la formación debe ser una
competencia del diálogo social. "Si nosotros pagamos, nosotros decidimos
porque somos los que sabemos la formación que necesitan y demandan las
empresas y los que mejor y con mayor calidad podemos ofrecerla".
Recordar que la cuota de formación
profesional la pagan las empresas y los trabajadores a la Seguridad
Social y supone una aportación del 0,7% de la cotización por
contingencias comunes, siendo el 0,6% a cargo de la empresa y el 0,1% a
cargo de los trabajadores.
Una "trampa" de Hacienda
Desde
la CEOE se considera, además, que tras esta decisión de excluirles del
control de la formación se esconde "una trampa de Hacienda" para evitar
hacer las convocatorias anunciadas y reducir así el gasto del Estado en
250 millones de euros y así ayudar a cumplir con los objetivos de
déficit.
De hecho, se señala la coincidencia en el
tiempo de este aviso de Empleo con el compromiso asumido por el ministro
de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas de adelantar el cierre del
ejercicio de 2016 a julio, cuando lo habitual suele ser en noviembre, y
que figura entre las medidas anunciadas para evitar la multa de la
Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de déficit del año
pasado.
Este adelantamiento del cierre impide que
la Administración del Estado pueda iniciar nuevos gastos desde el pasado
miércoles, fijándose el día 29 de julio como fecha límite para que la
Administración pueda remitir a la Intervención los compromisos de gasto
con un tercero para su fiscalización.
Esta limitación no afectará a los gastos
que se deriven del cumplimiento de normas legales o reglamentarias como,
por ejemplo, el caso de pensiones o prestaciones por desempleo. Quedan
excluidos, igualmente, aquellos que sean autorizados o aprobados por
Consejo de Ministros, así como los gastos de personal o deuda pública,
entre otros.
El enfrentamiento entre los agentes
sociales, especialmente la CEOE y el Gobierno de Mariano Rajoy, se
remonta al inicio de la reforma de la Formación Profesional para el
Empleo, aprobada en Consejo de Ministros el 20 de marzo de 2015 y que
abre la oferta formativa a la libre concurrencia de todos los
proveedores acreditados y aparta a los agentes sociales de la gestión de
los fondos, reduciendo su papel al de asesores en el "diseño
estratégico, planificación, programación y difusión" de la formación,
competencias de las que entienden se les quiere ahora desplazar.
Además, en la reunión de la Junta
Directiva de la CEOE del pasado miércoles se anunció la publicación,
este otoño, de un Libro Blanco de la Formación, en el que se explicará,
entre otras cosas, que desde que se firmaron los acuerdos que dieron
origen al sistema, en la década de los noventa, en España se han
recaudado 55.000 millones de euros para formación, de los que apenas un
5% son los que han podido usarse de forma fraudulenta.
Una Secretaría de Estado para Industria
La
Junta Directiva de la CEOE expresó también, en su reunión de fin de
curso, su aspiración de que el nuevo Gobierno proceda a la creación de
una Secretaría de Estado de Industria, actualmente inexistente en el
Ministerio, y que los empresarios consideran prioritaria para cumplir el
mandato de Bruselas de que el sector industria represente el 15% del
PIB.
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