Ninguno
de los imputados tendrá que dimitir al no estar investigados ni por
financiación irregular ni por haber sustraído dinero del erario público
VALENCIA. Los matices del pacto anticorrupción sellado este miércoles
entre el Partido Popular y Ciudadanos son un balón de oxígeno en toda
regla para los investigados por corrupción del Ayuntamiento de Valencia.
Con el pacto alcanzado, ni la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ni ninguno de sus concejales y asesores deberá dimitir.
Albert Rivera
impuso entre sus seis condiciones para negociar un pacto de investidura
con el PP la "separación inmediata de cualquier cargo público que haya
sido imputado formalmente por delitos de corrupción política hasta la
resolución completa del procedimiento judicial”. Tras las primeras
reuniones con el PP, esta exigencia ha quedado matizada y condicionada a
la existencia de un “enriquecimiento personal y la financiación
ilegal”.
En este punto, conviene
recordar que el delito de financiación irregular de partido entró en
vigor con la reforma del Código Penal en junio de 2015, por lo que es
imposible que ninguno de los investigados en la pieza principal del caso Imelsa haya cometido dicho delito, ya que todos están acusados por hechos sucedidos hasta mayo de ese año.
Pero
además, hasta ahora, los concejales y asesores están siendo
investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales y, ese
delito, no implica el haber sustraído dinero del erario público, por lo
que la segunda parte del acuerdo tampoco les afectaría.
Es más, con el pacto, los únicos que deberían dimitir dentro del marco de la operación Taula
son aquellos investigados que, a día de hoy, ya no tienen ninguna
vinculación con el Partido Popular como el expresidente de la Diputación
Alfonso Rus o la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón.
Sin dimisiones
Así, con la firma de este acuerdo, el PP de Mariano Rajoy
logra que ninguno de sus principales cargos políticos en Valencia tenga
que dejar su puesto por muy investigados por corrupción que estén. Es
más, ahora todo queda en manos del Comité de Derechos y Garantías del PP
que es el que está tramitando el expediente contra Barberá y su grupo municipal.
Si
el comité se centra solo en lo estipulado por los estatutos, ninguno de
ellos deberá dejar su cargo hasta que se abra juicio oral. Pero por
otro lado, podrían acogerse a la petición del PPCV que sí solicitaba la
expulsión por falta grave de los investigados.
De
pronunciarse a favor de los concejales y Barberá, todos ellos podrían
estar cerca de un año en sus cargos a la vez que permanecen como
investigados por corrupción en una causa judicial. En el caso de la
exalcaldesa eso sucedería de pronunciarse el Tribunal Supremo a favor de
la Fiscalía del Alto Tribunal.
Delito electoral
La
gran pregunta es si la formación naranja querrá hacer pasar el delito
electoral por delito de financiación irregular. Pero aunque fuera así, a
día de hoy tampoco hay ningún cargo del PP de Valencia ciudad imputado
por esos hechos.
Fuentes jurídicas de toda solvencia consultadas por Valencia Plaza
tachan el acuerdo de “venta de humo a la ciudadanía” ya que, las mismas
fuentes aseveran que es imposible que los asesores jurídicos de
Ciudadanos no les hayan alertado de las consecuencias de la firma del
mismo.
http:// www.valenciaplaza.com/ ciudadanos-salva-a-barbera- y-sus-concejales-con-el-pa cto-anticorrupcion
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