LAS CONTRAPARTIDAS POR LA CANCELACIÓN DE LA MULTA
El miedo a la situación política e institucional actual de la UE ha salvado a España, y Portugal, de una multa
que parecía irreversible por incumplimiento de los objetivos del
déficit. La salida del Reino Unido y los avances del fascismo en los
países centrales de la UE han ablandado a los otrora talibanes de la
ortodoxia, como el comisario Moscovici, o el propio ministro de Finanzas alemán, cuyo nombre (Wolfgang Schäuble) es realmente complicado. En este sentido, el olfato de De Guindos
ha funcionado y sorprendentemente nos hemos librado de pagar, aunque no
del estigma de incumplir lo que se nos exigió, incluso después de la
prórroga anti-Podemos que nos otorgó la Comisión Europea antes de las
elecciones del 26J.
Pero el ahorro monetario de la multa no
va a salir gratis. A partir de ahora España entra de lleno en el
mecanismo de vigilancia reforzada, lo que implica de facto que
nuestra política económica está intervenida por parte de Bruselas. Ello
implicará que tendremos a los hombres de negro cada tres meses vigilando
que las medidas de austeridad que se nos exigen, aproximadamente 10.000
millones de euros en dos años, se cumplan escrupulosamente de aquí a
2018. Los argumentos han sido de lo más divertido. Ahora la Comisión,
pero también el FMI, se han dado cuenta que han fracasado
estrepitosamente con las medidas de recortes en plena recesión de
balances, por lo que apelan a que las sociedades europeas afectadas no
entenderían nuevas medidas drásticas, después del sufrimiento.
Esta sensiblería social repentina solo
esconde un miedo atávico a tener que enfrentarse a un nuevo fracaso de
las políticas fallidas puestas en marcha en el marco de una Unión
Monetaria fracasada. Ello implicaría que los arquitectos de la misma
deberían estar pidiendo perdón y desandando el camino para diseñar otra
UE y otra moneda única, completamente alejada de los preceptos falsos y
tramposos de la teoría neoclásica que la sustenta. Nada de las recetas
impuestas, en algunos casos con sangre y ensañamiento como en Grecia,
han resultado válidas para relanzar un modelo económico financiero
capitalista que ha fracasado y que no encuentra formulas para revertir
los errores. Lo único que sigue haciendo el máximo mecanismo financiero
de la UE, el BCE, es inflar la burbuja de deuda y bolsa para que el
señuelo de bajos tipos de interés, anime a invertir en economía
productiva, algo irreal en un mundo donde la inversión y el empleo ya no
son imprescindibles.
En este contexto, España deberá rehacer
todo el programa de estabilidad, tirar a la basura el cuadro
macroeconómico que lo sustentaba y volver a pintar unas cifras de
ingresos y gastos lo suficientemente inflados e irreales, para que la
Comisión siga dejándose engañar. No hay que olvidar, y es para enmarcar,
que el presupuesto de ingresos del Gobierno para la Seguridad Social se
situaba en 2015 en el 8%, mientras que la realidad fue un magro 1,5%.
Esta incapacidad para ajustar la realidad al presupuesto es lo que hace
de la UE un club de trileros en el que nadie se preocupa en verificar
que las previsiones sistemáticamente se incumplen, y por ello se
aprueban todos los planes de estabilidad que vienen de cada país. Luego,
la realidad choca con esta ilusión estadística que diseñan los
burócratas, llamados TECOS en España, y que dice muy poco de su
capacidad profesional, siempre con excepciones. Con este funcionamiento,
cada vez extraña menos que países como Reino Unido, con un
funcionamiento estadístico mucho más serio e independiente que el de
España, hayan optado por irse de esta organización, cuyo funcionamiento político y económico es uno de los mayores fracasos de los últimos años.
Con estas premisas, y todavía sin
Gobierno, España deberá preparar un proyecto de presupuestos para que
los hombres de negro lo aprueben ya sobre el propio terreno. Pero el
mayor problema es que casi con seguridad el objetivo de 2016, un 4,6%,
también se incumplirá, como ya ha previsto la AiREF, lo que implicará
que el ajuste en el gasto y/o ingresos será mayor. Para empezar, la
propia Administración central hasta junio ya llevaba una décima más del
objetivo, un 1,9% frente al 1,8% del PIB que le marcaba el Programa de
Estabilidad enviado. Pero no hay que olvidar que el gran agujero del déficit está en la Seguridad Social.
Los datos de la EPA han roto la euforia de las afiliaciones de la
Seguridad Social del segundo trimestre y revelan una clara moderación en
el crecimiento de la ocupación, fruto del agotamiento del modelo
turismo barato y construcción incipiente. Los ingresos por cotización,
si los supiéramos con la suficiente diligencia, nos darían la pauta del
tipo de empleo que se está creando, y que no permitirá corregir el
enorme boquete que se ha abierto en el sistema público de pensiones en
España.
España ha enviado, como elemento
paliativo, un primer esbozo de donde conseguirá los ingresos necesarios
para no tocar el gasto, del impuesto de sociedades. El rocambolesco
recurso a adelantar los pagos a cuenta del impuesto, para obtener 6.000
millones de euros, es tan ilusorio como pensar que la Seguridad Social
estará en equilibrio en 2018. Esta previsión es simplemente, uno más, un
ejercicio torpe y desesperado para no reconocer, primero, que estamos
intervenidos, y luego que nos van a imponer un ajuste en el gasto y un
aumento del IVA, simplemente para empezar. Además, este ajuste se
plantea en el mismo instante que la economía española ya empieza a dar
los primeros síntomas de ralentización, precisamente cuando se le ha
retirado el respirador del gasto público, que es lo que ha permitido
salir del hoyo en el que estábamos, y el que volveremos a estar, tras el
ajuste cíclico. No hay que olvidar que el crecimiento potencial, si es
que se puede calcular con rigor, que lo dudo, se aproximaría el 1,5%,
cifra que no prácticamente dejará la tasa de paro en el 18-20% como tasa
de equilibrio a futuro, un auténtico drama.
Por tanto, y a la vuelta del verano,
haya Gobierno o no, las CCAA tendrán que comenzar a ajustar sus gastos
en educación, sanidad y servicios sociales, y los consumidores y
pensionistas a ver recortado su capacidad de gasto real, no por mayor
inflación, sino por una elevación de la presión fiscal indirecta, la que
tanto gusta a los liberales del PP y del PSOE. El objetivo ya no será
reducir el gap en 5.000 millones de euros, sino seguramente
algo más de 6.500 millones, ya que el déficit terminará este año por
encima del 5,5%. Por ende, disfruten del verano los que puedan, y vengan
con el bolsillo algo menos vacío que otras veces, porque se
recrudecerán copagos y subirán los bienes de consumo, especialmente para
los que consumen más: pensionistas y rentas más bajas. Ánimo
constitucionalistas.
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