PP y C’s ultiman un pacto de bajo contenido social y con fecha de caducidad

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en el Congreso para informar de la marcha de los acuerdos. / Mariscal (Efe)

Actualización de las 20:00 del sábado.




Finalmente será los portavoces parlamentarios del PP y C’s, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta quienes firmen hoy el pacto para la investidura de Mariano Rajoy, según fuentes del grupo popular. Los negociadores de C’s se mostraban satisfechos de haber conseguido el compromiso de que no haya más recortes en sanidad, educación y servicios sociales y de que, finalmente el PP haya aceptado su planteamiento sobre un “complemento salarial” vía IRPF para las rentas más bajas.


 El jefe del Gobierno en funciones y candidato a la investidura participó ayer en un mitin en Pontevedra con el presidente gallego y candidato a la reelección en los comicios del 25 de septiembre, Alberto Núñez Feijó, y tras reconocer que la formación de gobierno “es todavía más un deseo que un hecho”, acusó a los socialistas y, en concreto, a Pedro Sánchez nada menos que de “jugar con la vida de millones de españoles que no son culpables”.


Después de seis días de negociación mañana, tarde y alguna noche en el hotel Palace, los negociadores del PP y C’s esperan hacer lo que Dios en el Génesis: el séptimo, descansar. El vicesecretario de organización del PP y portavoz de su delegación, Fernando Martínez-Maillo, dio por cerrado el viernes el catálogo con “más de un centenar de medidas”, aunque no se atrevió a adelantar si Mariano Rajoy y Albert Rivera firmarán el pacto el domingo.


Ayer se supo que delegan en sus portavoces parlamentarios. Lo que sí afirmó Maillo es que no le darán tanta solemnidad como Rivera y Pedro Sánchez concedieron a su acuerdo para “un gobierno progresista y reformista”.


Entonces Rajoy se burló del boato diciendo que, sin duda, se estudiaría en las escuelas como el pacto de los Toros de Guisando o el compromiso de Caspe. Ahora, tanto Rajoy como Rivera, por distintas razones, necesitan el pacto, aunque los dos sepan que operativamente servirá de nada y menos si no consiguen la abstención del PSOE o de once diputados nacionalistas vascos y catalanes.





El PP no ha cedido en casi nada a las demandas de C’s. Sólo ha admitido la reforma de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial según la fórmula que proponía el PP en 2011 y que resta legitimidad democrática al órgano porque 12 de sus 20 miembros los elegirán los propios jueces y no el Congreso y el Senado, que ahora eligen a los 20, de los que 8 pueden ser juristas de reconocido prestigio y los 12 restantes han de pertenecer a la carrera judicial.


 Otro logro de C’s, si así puede llamarse, consiste en la reforma electoral para revisar el “voto rogado”, que ha sido un desastre. Ambas medidas requerirán, no obstante, reformas legales que exigen mayoría absoluta.


El partido de Rivera también se puede anotar las medidas fiscales y de cotización a la Seguridad Social para ayudar a los autónomos y emprendedores, el incremento de la reducción fiscal por hijos para las rentas bajas (sin cuantificar), el compromiso de ayudar a la escolarización infantil, aportar más medios económicos contra la exclusión escolar a través de la implantación de profesores de apoyo y de la extensión de la FP de primer grado.


La cuantificación de las medidas contra la pobreza que exigían los negociadores del partido naranja no ha sido desvelada, aunque fuentes del PP aseguran que se les han aportado los incrementos de las partidas presupuestarias para 2017 y que, en su caso, podrían ser anunciadas por Rajoy en el discurso del martes.


Los enunciados genéricos en materia sanitaria, educativa, de servicios sociales básicos y las promesas de creación de empleo y fomento de la economía productiva son del agrado de C’s que, sin embargo, sólo ha logrado el compromiso genérico del PP de reducir las formas de “contratación a la carta” y del empleo sin derechos. Las dos formas contractuales: contrato fijo y temporal por un máximo de dos años han chocado con el argumento del PP de no obstaculizar la creación de empleo.


Lo que sí ha prosperado es la llamada “mochila austriaca”, en condiciones similares a las pactadas en su día con los socialistas. El nuevo fondo (de forma similar al modelo desarrollado por Austria) se decidirá en el marco del diálogo social y servirá para pagar 8 días por año de antigüedad en la indemnización que corresponda en caso de despido individual o colectivo.


Cuando la empresa convierta contratos estables en indefinidos, se tomará en consideración la totalidad de la antigüedad del trabajador. Los trabajadores que no hayan utilizado su fondo a lo largo de su carrera laboral, acumularán el importe a la pensión de jubilación.


Por lo demás, el PP ha dicho no a casi todas las reformas democráticas e institucionales: no a las auditorías independientes de las cuentas de los partidos, no a la expulsión de los investigados por corrupción, no a la transparencia contractual de las subcontratas de obras y servicios públicos, no a la reversión de las leyes del suelo, de costas y de medio ambiente para evitar la especulación urbanística, no a la transparencia fiscal y la publicación de las listas de los defraudadores amnistiados y no amnistiados.


De las puertas giratorias, más de lo mismo: la famosa moratoria de dos años ampliable a cinco que, como se ha visto en múltiples casos de exministros y altos cargos, especialmente del Ministerio de Defensa, se refuta e incumple con un dictamen jurídico.


Si las medidas profilácticas y de higiene democrática son manifiestamente mejorables, de la supresión del Senado y las Diputaciones, nada de nada. De las garantías de independencia de los organismos reguladores y las corporaciones y empresas públicas colonizadas por el Gobierno y los partidos políticos mayoritarios, nada de nada.


De la dedicación exclusiva de los legisladores a su cometido como parlamentarios, ya se verá en la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado. Del compromiso de no utilizar los instrumentos del Estado (inspección fiscal, policía, fiscalía, servicios secretos) contra los adversarios políticos, nada de nada.


En materia legislativa, del pacto por la educación y la revisión de la LOMCE, nada de nada. De la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana o “ley mordaza”, nada de nada. Del pacto contra la violencia contra las mujeres, ni una palabra que vaya más allá de la política actual.


 La reforma fiscal de Montoro no se toca. La exclusión sanitaria de los inmigrantes, obra de Mato, no se toca. La cadena perpetua de Gallardón, tampoco se toca. La aplicación y desarrollo efectivo de la ley de dependencia del PSOE, tampoco se considera necesaria. Y la aplicación efectiva de la Ley de la Memoria Histórica, ni se menciona.


Y de las medidas para el crecimiento económico y el empleo quedan fuera el plan de choque contra el desempleo pactado hace cinco meses con los socialistas, así como la Renta de Reintegración para los desempleados de larga duración mientras se forman y adquieren nuevas habilidades, la prestación a los parados de larga duración mayores de 52 años o el plan de formación para unos 800.000 jóvenes desprovistos de certificación por haber tenido que abandonar antes de tiempo la enseñanza obligatoria.


Para el PP tampoco es admisible la prioridad en la lucha contra la pobreza que, según el pacto de C’s y el PSOE asignaba 7.000 millones de euros para un Ingreso Mínimo Vital y un Complemento Salarial Garantizado. A la espera de que ordenen y presenten el documento, ya se puede decir que abunda en las políticas neoliberales y antisociales de la derecha.


 Luis Díez