EL CONSTITUCIONAL CRITICA LA APROBACIÓN DEL SUPLEMENTO POR DECRETO
El Ministerio de Defensa, del que es titular en funciones Pedro Morenés Eulate,
ha incrementado en en 1.162 millones de euros el gasto militar de este
año sin informar al Parlamento, según han denunciado los diputados de
Unidos Podemos (UP) Josep Vendrell y Félix Alonso i Cantorné.
El dinero asignado a la defensa nacional en los Presupuestos del Estado
aprobados por el Congreso ascendía a 5.788 millones de euros, pero con
los acuerdos extrapresupuestarios del Gobierno de Mariano Rajoy
ya alcanza 6.950 millones. Los diputados catalanes de UP han
preguntado al Ejecutivo si tiene intención de aumentar todavía más los
créditos en lo que queda de 2016.
Para la oposición de izquierdas resulta
cuando menos paradójico que se aproveche el 12 de Octubre, día de la
Hispanidad y de la Fiesta Nacional, para montar un costoso desfile con el que mostrar a la población los artefactos bélicos de
los que dispone el Ejército para la defensa del Reino de España
mientras se oculta el gasto real de las Fuerzas Armadas a los
representantes del soberano.
En este ejercicio, la burla al Parlamento,
traducida a cifras, es un 40% superior a los más de 700 millones de
euros en créditos extra del ejercicio de 2015. En ese ejercicio se
promulgó un decreto autorizando el gasto extraordinario. En este, ni
eso.
La composición de ese gasto
complementario, autorizado por la puerta de atrás, ni siquiera ha sido
explicada por el Gobierno en funciones, aunque vale suponer que, como en
años anteriores, los créditos van destinados a pagar la cuota parte de
los grandes programas de armamento y el coste de las operaciones
militares en el exterior.
Ya es sabido que el ministro Morenés se ha
negado, de acuerdo con las instrucciones de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría,
a comparecer en la comisión correspondiente del Congreso para informar
de los asuntos de su departamento, incluida la misión de la Armada
frente a las costas de Turquía ante la avalancha de refugiados de la
guerra de Siria.
Tampoco sus ayudantes en el órgano central, singularmente el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles,
han asumido la “supuesta” obligación de comparecer en el Congreso para
dar cuenta de la aplicación de los créditos que manejan al margen del
presupuesto ordinario.
Hay que escribir “supuesta” porque el Tribunal
Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la insumisión
parlamentaria de los miembros del Gabinete en funciones. Será que, como
denuncia irónicamente el portavoz nacionalista vasco Pedro Azpiazu, “los magistrados siguen de vacaciones”.
Sin embargo, el alto tribunal que preside el otrora militante oculto del PP Francisco Pérez de los Cobos,
sí ha dejado claro que la práctica de ampliar los créditos
extraordinarios para el Ministerio de Defensa por la vía del decreto de
suplemento de gasto no es ortodoxa ni de recibo.
Máxime cuando ese
mecanismo, argumenta, se utiliza para hacer frente a un gasto
perfectamente conocido, previsto, evaluado y periodificado como son los
llamados PEAs o Programas Especiales de Armamento.
El ministro Morenés, un ejecutivo de la industria militar, o quien Rajoy, de acuerdo con el monarca Felipe VI,
designe para sustituirle a fin de mes si finalmente obtiene la
investidura, deberá contestar a las preguntas de los diputados de UP
sobre el destino de esos 1.162 millones; si va a aprobar el tradicional
decreto para los PEAs y por qué no se incluye la cifra real que se va a
destinar a la defensa en los Presupuestos Generales del Estado.
Decía el general chino Sun Tzu
que no hay que dar pistas al enemigo y, al parecer, para los
gobernantes del PP, el enemigo sigue teniendo nombre de mujer y se llama
transparencia. Eso no quita para que la legalidad les obligue a insertar en el BOE la cifra con el dinero público que manejan al margen del presupuesto,
en este caso, los más de mil millones, que de dice pronto, de
“operaciones y modificaciones de tesorería” del Presupuesto del Estado.
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