La medida declaración del cabecilla de la trama Gürtel apunta a la
relación directa entre el pago de comisiones y la concesión de obras
públicas.
Un cuarto de hora antes del mediodía del viernes 14 de octubre, Francisco Correa cantaba bingo.
Su declaración en la pieza que se juzga en la Audiencia Nacional del caso Gürtel –compuesta de otros seis procedimientos– deparaba una sorpresa inesperada: el empresario aseguraba que había mediado entre Dragados, OHL y ACS, y el Partido Popular para obtener concesiones de obra pública.
Saltaba la sorpresa con la inclusión de ACS, la empresa de Florentino Pérez.
Hasta ahora, la multinacional del presidente del Real Madrid –y
decimotercera fortuna de España– había quedado fuera de los casos Gürtel
y de los papeles de Bárcenas, pese a que las siglas aparecían en un
escrito entregado posteriormente que ha tenido poco recorrido en la
causa. Correa no dudaba en señalarla, junto la OHL –del marqués de Villar Mir–, como una de las compañías por las que, presuntamente, intercedía en dos ministerios concretos del PP de Aznar: Medio Ambiente y Fomento.
OHL y ACS respondían con sendos comunicados en los que anunciaban querellas criminales contra Correa.
En el caso de la empresa de Pérez se reconocía que “hasta estas
sorprendentes declaraciones del señor Correa, nadie, ya sea verbalmente o
por escrito, ha comprometido el nombre de ACS, o sociedades de su
grupo, en relación con el caso Gürtel”.
En una entrevista en Onda Cero, el
abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, aseguraba que eran querellas “de
cara a la opinión pública” y que, en todo caso, no van a ser juzgadas
en este proceso, que se ocupa de campañas electorales de 2007 y 2008.
Con la cautela inherente a su posición, el abogado del cerebro de la
trama Gürtel indicaba que las declaraciones de su cliente sobrepasan el alcance del procedimiento que tiene lugar en una de las macrosalas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares.
El 17 de octubre, primero la fiscalía y
luego la presidencia rechazaban llamar como testigos a los exministros
del PP de aquellas carteras Jaume Matas, Elvira Rodríguez y Rafael Arias
Salgado, y a los presidentes de ACS y OHL, Florentino Pérez y Juan
Miguel Villar Mir. “Aquí no pintan nada”, sentenciaba Ángel Hurtado, presidente del Tribunal.
En todo caso, la noticia estaba hecha, y
otros procedimientos pueden añadir más argumentos para que se
investiguen las conexiones del caso. Las organizaciones y abogados
dentro del Caso Bárcenas consideran que el testimonio de Francisco
Correa permitirá reabrir las investigaciones sobre determinados empresarios que el juez Pablo Ruz decidió enviar al dique seco.
El cierre de la instrucción por parte de Ruz, en marzo de 2015, dejaba fuera de la siguiente fase 30 de los 36 casos
que implicaban a empresarios al no quedar probada, según la Audiencia
Nacional, la correlación entre las (presuntas) donaciones a la caja B del partido y la adjudicación de obra pública a determinadas empresas.
En las prisas para tomar esta decisión
influyó la presión política del Partido Popular, según Paco Segura,
coordinador de Ecologistas en Acción, colectivo presente en la Querella Bárcenas, quien anuncia que las palabras de Francisco Correa en el juicio van a llevar a esta querella ciudadana a pedir que se reabran todas estas investigaciones “porque ahora hay gente que asegura que pagaron ese dinero ligado a las adjudicaciones”.
A Segura no le llama la atención que
Correa haya implicado a ACS en sus declaraciones: “No es demasiado
sorpresa. Es, de las seis grandes constructoras, la mayor, y una de las
que más contratos se ha llevado de obras”. Pese a que
no se han hecho preguntas en el juicio acerca de la relación entre la
empresa de Correa y la empresa de Florentino Pérez, el abogado de la
defensa mencionaba entre otras actividades de su cliente labores de
representación en la construcción de gaseoductos, en el AVE a La Meca
–donde actualmente trabaja una unión temporal de empresas formada,
entre otras, por OHL y Cobra, una filial de ACS– y del metro de Bogotá,
cuya licitación está prevista para el primer trimestre del año 2017.
“Por la forma de hacer contratos, por
cómo se presentan los contratos”, la construcción, señala Paco Segura,
“es un nicho idóneo para este tipo de prácticas corruptas”. Las que se
juzgan en San Fernando de Henares, concretamente, son la adjudicación a Sufi –desde
2005 parte del grupo Sacyr– de contratos de limpieza en Moratalaz
(Madrid), y algunas concesiones de obras en Castilla y León a empresas
como Teconsa y Constructora Hispánica.
A diferencia del tesorero del PP, Luis
Bárcenas, el acusado Francisco Correa dice que apenas apuntaba para
quién hizo los trabajos de intermediación y que su agenda está en su cabeza.
El interlocutor con las grandes empresas, abundó Correa, no era él,
sino su exsocio Plácido Vázquez. Eso sí, el viernes, el jefe de la trama
dejaba otro titular: “Intervine en la concesión de muchas obras. Ni 10, ni 20: muchísimas obras”, dijo Correa pasadas las 10.30h del primer día de su juicio.
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