Dentro de la guerra colombiana se libran muchas otras guerras. Conocer los porqués y los quiénes ayuda a entender un conflicto con demasiados intereses y unos Acuerdos de Paz que al menos atesoran una conquista histórica: el enfoque de género necesario en cualquier proceso de reparación, justicia y verdad.
La respuesta inmediata apunta al vencedor de esta pugna, aunque haya sido por menos de 60.000 votos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha liderado la oposición a unos Acuerdos que han necesitado de cuatro años de negociaciones y que han estado en varias ocasiones a punto de fracasar.
El ahora senador, el más votado en las elecciones para el Congreso en 2014, representa a una oligarquía ganadera rural que no ha dudado en recurrir al paramilitarismo, a los crímenes de Estado y a la persecución y la acusación de toda aquella persona que se pronunciara a favor del respeto de los derechos humanos y de la justicia social como afín a las guerrillas.
La guerra sucia que declaró durante sus ocho años de gobierno (2002-2010) no sólo contra las guerrillas, sino contra todo quien fuera considerado crítico con sus políticas, tuvo en la comunicación y desinformación una de sus armas más empleadas.
El discurso del odio formó parte de una estrategia comunicativa que asedió a la población colombiana durante sus dos legislaturas, en las que grupos mediáticos como Prisa fueron potentes altavoces, hasta el punto de que mientras la Corte Penal Internacional investigaba al dirigente por su presunta responsabilidad en los crímenes de Estado cometidos por su Gobierno, el periódico El País publicaba un artículo en el que manifestaba el apoyo explícito de importantes empresas españolas -incluida Prisa- a la reforma de la Constitución para que el entonces presidente pudiera aspirar a una tercera reelección.
Por aquellos días, Uribe declaró a periodistas y activistas “terroristas de derechos humanos”, convirtiéndolos en la práctica en objetivo del paramilitarismo. Un discurso que caló en importantes sectores de la ciudadanía y que sigue siendo alimentado por sus declaraciones furibundas diarias como líder de su nuevo partido político, Centro Democrático, que logró unos resultados semejantes a los del partido de la U, el del actual presidente Juan Manuel Santos, en las elecciones de 2014.
Control mediático de la oligarquía terrateniente
El rechazo a la paz representa no sólo un odio visceral a todo lo que huele a izquierda, sino que también busca frenar la implantación de unos Acuerdos que habrían supuesto la devolución de los cientos de miles de hectáreas de tierras que fueron usurpadas al campesinado que las habitaban y que se tradujeron en las más de seis millones de personas desplazadas.
Unos terrenos que, en gran medida, robó esta oligarquía para seguir enriqueciéndose con monocultivos, ganadería y el gran negocio del agua y que, de desarrollarse los Acuerdos, tendrían que enfrentarse a la Justicia por sus delitos y reparar económicamente a sus víctimas.
La oligarquía ha destinado importantes recursos
económicos a la campaña del ‘No’, mientras representantes políticos de
regiones aisladas han denunciado el retraso en la llegada de los
presupuestos para la campaña del ‘Sí’
Una oligarquía que ha destinado importantes recursos económicos a la campaña del ‘No’, mientras representantes políticos de regiones aisladas han denunciado el retraso en la llegada de los presupuestos para la campaña del ‘Sí’, imprescindibles para informar sobre el contenido de los Acuerdos, pero también para cuestiones logísticas tan básicas como poner a disposición del electorado medios de transporte, fundamentales para que los habitantes de las veredas más aisladas y empobrecidas pudieran acudir a las urnas
. El hecho de que la región del Caribe haya sufrido severas inundaciones durante el domingo, tampoco ha ayudado.
Prioridad para las mujeres en la devolución de tierras
Pero también, como en cualquier votación en la práctica, no sólo se refrendaban los Acuerdos en cuestión. Polémicas como la alimentada por sectores de la Iglesia católica por la inclusión en los libros de texto del respeto por las diversas orientaciones sexuales así como identidades de género -en cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional colombiano-, se plasmaron en manifestaciones multitudinarias contra lo que consideraban la implantación de la “ideología de género”.
Los sectores contrarios a los Acuerdos, muy vinculados con el ala más conservador de la Iglesia católica -la más poderosa del país- aprovecharon estas movilizaciones para vincularlas maniqueamente con los Acuerdos de Paz que, efectivamente, gracias a la lucha de organizaciones feministas y de las guerrilleras, han sido elaborados desde el enfoque de género.
Destacados líderes religiosos alertaron sobre la amenaza que, en su opinión, supondría para la cultura tradicional colombiana unos Acuerdos que priorizan a las mujeres en los procesos de devolución y entrega de tierras, como parte de la reparación al colectivo más castigado, discriminado y empobrecido por la guerra colombiana.
Los Acuerdos de Paz han sido elaborados desde el
enfoque de género, gracias a la lucha de organizaciones feministas y de
las guerrilleras
Pero, en cualquier caso, menos de cada dos personas con derecho a votar se han pronunciado contra los Acuerdos, prácticamente el mismo porcentaje que los que lo han hecho a favor. ¿Qué hace que el 63 por ciento de la ciudadanía con derecho al voto no se haya sentido interpelada a manifestarse?
El recelo de las comunidades originarias
Pese a la imagen que Colombia exporta de país rico y en constante crecimiento es el segundo más desigual de América Latina. Sólo en este año, 50 niños y niñas han muerto de hambre. Más de 4.000 criaturas de la comunidad indígena wayuu en la última década. Parte de las comunidades originarias han observado con recelo unos Acuerdos que tienen en la reforma agraria uno de sus bastiones fundamentales: la entrega de más de tres millones de hectáreas de tierras a personas que las necesitan para vivir y no tienen o no cuentan con las necesarias, y la legalización de los títulos de propiedad de más de siete millones de hectáreas a quienes las explotan desde la economía de la supervivencia sin seguridad jurídica.
Algunas comunidades indígenas temen que este reparto afecte a sus resguardos -territorios sobre los que tienen derecho de propiedad y gobierno reconocidos oficialmente- y que los grandes beneficiarios sean el campesinado, con los que difieren en su forma de concebir la relación con la Madre Tierra.
Comunidades que, además, se han visto a lo largo de estos años en medio del fuego cruzado entre guerrillas, paramilitares y el Ejército, y que ha pagado con violencia sexual, asesinatos, extorsiones y secuestros el no querer colaborar con ninguno de los actores armados.
Las comunidades afrodescendientes, históricamente discriminadas y ninguneadas por un Estado profundamente racista, clasista, católico y ausente en importantes áreas del país, tampoco se han terminado de creer unos Acuerdos de Paz: les pillan muy lejos de sus palenques y aldeas, donde el Estado, cuando no les ha dejado solas ante los envites de la violencia, ha sido partícipe de la misma a través de alianzas entre paramilitares y el Ejército en importantes masacres.
Dentro de la guerra colombiana se libran muchas otras guerras. La principal, por la supervivencia. La que menos margen deja para aspirar a horizontes de paz y justicia. Y la que más para la desesperanza de pensar que los y las pobres nunca podrán cambiar el rumbo de su país con su participación en las urnas y, mucho menos, de mejorar las condiciones de su propia vida.
La Colombia rural frente a la Colombia urbana
Pese a todo ello, el mapa del plebiscito demuestra que en las zonas rurales más afectadas por la guerra ha ganado mayoritariamente el ‘Sí’ a los Acuerdos de Paz. Un mérito que hay que destacar teniendo en cuenta que es allí donde los grupos paramilitares siguen estando más presentes y donde las represalias de estos contra líderes y lideresas sociales siguen sucediéndose en forma de asesinatos, hostigamientos y acusaciones públicas de apoyar a la guerrilla, por reivindicar simplemente derechos, justicia o acceso a la tierra.
Foto de Archivo de un Congreso por la Paz celebrado en Popayán./ J. Marcos
Han sido los núcleos urbanos los que más claramente se han manifestado en contra de los Acuerdos, precisamente en los espacios donde se puede palpar la esquizofrenia de poder olvidar o ignorar que se vive en un país en guerra.
Desde ahí es fácil condenar a los otros a seguir sufriéndola mientras, como sostienen muchas de las personas votantes del ‘No’, se llegan a nuevos consensos con más penas de cárcel, menos reparto de tierra y nada de participación política de los miembros de la guerrilla de las FARC.
Más comprensible resulta la negativa de esas víctimas que se sienten incapaces de asumir que las condenas de prisión a quienes les han destrozado la vida no sean tan altas como les gustaría o, incluso, que muchos de los responsables -ya sean paramilitares, guerrilleros o militares- no vayan a la cárcel.
Pero, muchas de las víctimas del conflicto, como han declarado en las negociaciones de La Habana, quieren prioritariamente justicia, no venganza. Y paz, sobre todo paz.
Un mensaje que sí parecen haber oído en Bogotá, donde el ‘Sí’ se ha impuesto. Desconcierta pensar que de no haberse llevado a las urnas, estos Acuerdos estarían ya desarrollándose y no habría vuelta atrás. Sin embargo, tanto el Gobierno como las FARC tuvieron claro desde un principio que para construir la paz era necesaria la legitimidad de la refrendación popular.
Una vez más, las encuestas fallaron en sus pronósticos, favoreciendo los intereses oligárquicos al alimentar la confianza y autocomplacencia de los que pensaron que no hacía falta vender el ‘Sí’ porque: ¿quién podría decirle ‘No’ a la paz?
Decenas de pequeñas organizaciones, integradas
mayoritariamente por mujeres, se han partido el alma para llevar los
Acuerdos al rincón más inaccesible, exponiendo incluso sus vidas
Así lo han hecho decenas de pequeñas organizaciones -integradas mayoritariamente por mujeres, las más activas en el vivaz tejido social colombiano– que se han partido el alma para llevar los Acuerdos al rincón más inaccesible, exponiendo sus vidas y las de sus destinatarios a las represalias de los grupos paramilitares que siguen desangrando el país. Justo es reconocerles el logro de ese ‘Sí’ rural que debería avergonzar al ‘No’ urbano de los que hoy, si quisieran, ya no tendrían que sufrir la guerra.
La voz de las mujeres, protagonista en La Habana
Pero, sobre todo, hay que reconocer la lucha de las asociaciones de mujeres, las mediadoras y las guerrilleras que consiguieron con mucho esfuerzo que en las mesas de La Habana se pasara de no contar con ninguna mujer al principio de las negociaciones, a una participación protagónica que ha conseguido consensuar unos Acuerdos en los que las mujeres son reconocidas como protagonistas en la construcción de la paz.
Algo que llevaban décadas haciendo desde el terreno, pero que era ninguneado en los despachos políticos y en la comandancia de las FARC.
A partir de ahora, cada negociación de paz que se dé en el mundo tendrá que acudir a los Acuerdos de La Habana para ver cómo se negocia los procesos de justicia, verdad y reparación desde el enfoque de género. Y al menos, en esa conquista histórica, ya no hay vuelta atrás.
http://www.pikaramagazine.com/2016/10/las-guerras-de-colombia-que-han-dicho-no-a-la-paz/
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