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martes, 15 de noviembre de 2016

El Ayuntamiento de Reus anuncia acciones legales contra Gas Natural por el caso de la anciana fallecida en un incendio

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El Ayuntamiento de Reus ha asegurado este martes que Gas Natural no le avisó de que cortó la luz al piso de la anciana que falleció el lunes en un incendio provocado por una vela.


 El consistorio ha interpretado que esta falta de comunicación por parte de la compañía puede suponer una infracción de la ley 24/2015 contra la pobreza energética, por lo que ha dado trasladado el caso a la Agencia Catalana de Consumo. Asimismo, ha avanzado que emprenderá “acciones legales” contra la compañía y pondrá el caso en manos de la Fiscalía.


La concejala de Bienestar Social de Reus, Montserrat Vilella, ha explicado que los servicios sociales de la ciudad atendían a la familia de la anciana desde 2013, pero que no tenían constancia de que la compañía le cortara la luz hace dos meses. “Podemos asegurar con rotundidad que no recibimos el aviso de corte de luz que nos tendría que haber llegado”, ha afirmado Vilella.


“La luz estaba cortada y nosotros no teníamos aviso del corte”, ha reiterado Vilella, que ha añadido que el municipio dispone de una línea de ayudas que se activa “o por aviso de las compañías o cuando nos lo dicen las familias”. Asimismo, ha indicado que la familia de la anciana sí se beneficiaba de la reducción en la factura del agua para familias vulnerables de la empresa municipal.


La ley no obliga a las compañías suministradoras a mantener el servicio, sino a avisar a los servicios sociales municipales antes de cortar la luz o el gas. Una vez avisados, la ley obliga a la administración a determinar si la persona o la familia afectada está en riesgo de exclusión social y a garantizarle el acceso al agua potable, gas y electricidad.


La norma sí indica que las administraciones públicas deben establecer acuerdos con las empresas suministradoras “para garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial”. Estos protocolos, sin embargo, todavía no se han concretado más de un año después de la aprobación de la ley.



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