El reciente fallecimiento en
Reus (Tarragona) de una anciana de 81 años, a la que hacía dos meses
que le habían cortado la luz y se le incendió el colchón con la vela que
utilizaba para iluminar su casa, ha reavivado un drama que sigue
creciendo en nuestro país. La mujer, que vivía sola, ha sido una víctima
más de las miles que sufren la pobreza energética en España.
Desde que empezó la crisis,
hace ahora cerca de diez años, los casos como el de esta anciana o de
familias que al llegar el invierno no pueden afrontar los pagos del gas o
la electricidad se han multiplicando de forma alarmante. Sin embargo,
el Gobierno de Mariano Rajoy no se ha caracterizado precisamente por su
sensibilidad con el problema.
Durante los cuatro años de
mayoría absoluta del PP, todas las iniciativas presentadas por los
grupos parlamentarios encaminadas a solucionar las necesidades de estas
personas sin recursos y que llegaron a ser debatidas fueron tumbadas en
el Congreso, con diferentes argumentos, pero sin miramientos. Las
presentadas en la siguiente legislatura, que duró apenas unos meses, o
decayeron o caducaron.
Haciendo un recuento en las
páginas web de la Cámara baja, la cifra de las proposiciones registradas
se acerca a la docena aunque aumenta si se suman las que se presentaron
los grupos contra los decretos o reformas “reguladoras” del sistema. De
esas propuestas, cuatro fueron presentadas por el PSOE y siete por
ICV-IU-CHA-La Izquierda Plural. También ERC, BNG y Compromís han
batallado en el parlamento para combatir el drama.
Uno de los debates más
sonados fue el celebrado en noviembre de 2013 en la Comisión de
Industria cuando el PP votó en contra de las cinco propuestas que habían
registrado PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), CiU, BNG y ERC, por las
que se instaba a hacer frente a la pobreza energética.
Un mes después, en diciembre
de 2013, los populares tumbaron una iniciativa de la Izquierda Plural
encaminada a impedir el corte de luz, agua o el gas a quienes no pueden
pagarlo durante el invierno.
La propuesta fue tildada de “demagoga” por
el PP, que la rechazó mientras que el PSOE, UPyD, CiU y PNV la apoyaron.
En ese debate, que
protagonizó la entonces diputada de ICV, Laia Ortiz, se puso de relieve
un dato: las tarifas energéticas habían subido un 80% en los últimos
diez años, según la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA),
responsable del estudio ‘Pobreza Energética en España’. Mientras tanto,
el poder adquisitivo de las familias no había dejado de bajar.
La exdiputada recuerda con
especial amargura cómo todos los intentos por sacar adelante otras
iniciativas sobre este drama resultaban inútiles y eran tumbadas
sistemáticamente por el PP. “Hubo una insensibilidad total.
El Gobierno,
al inicio de su mandato, se negó incluso a reconocer que existiera
pobreza energética. Y las medidas reguladoras del sistema que impulsó el
ministro Soria multiplicaron el problema”, afirma.
Ortiz, que en la actualidad
es tercer teniente de alcalde del gobierno municipal de Ada Colau,
recuerda “las peleas” que mantuvo en el Congreso con el exministro de
Industria. “Llegó a decir que la luz no se regala y que la
liberalización del sistema era por el bien común”, afirma.
A su juicio,
el exministro no se puso del lado de los ciudadanos que sufrían el
problema sino que en sus intervenciones “ponía la voz a las eléctricas”.
En una publicación escrita
en Facebook, la concejala catalana acaba de denunciar que el caso de la
anciana que ha perdido la vida en Reus “no es aislado”. “Siete
de cada 10 hogares en llamas de Cataluña fueron vinculados a la
pobreza energética”.
“Lo más indignante es que esta muerte se podría
haber evitado”, opina, mientras exige que se cumpla la ley 24/2015 y “no
se corte la luz sin comprobar si la persona o familia afectada se
encuentra en una situación de vulnerabilidad, como fue el caso”.
La exdiputada se refiere a
una la ley derivada de una ILP impulsada en Cataluña de “medidas
urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la
pobreza energética” que el Gobierno del PP recurrió pero que solo pudo
suspender parcialmente, en lo que se refería a la vivienda.
Los catalanes han visto como Rajoy también presentaba otro recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley sobre pobreza energética aprobado por el Govern.
La normativa permitía a un colectivo de personas sin recursos suspender
el pago de las facturas de electricidad y gas entre los meses de
noviembre a marzo con la garantía de que no se les cortaría el
suministro.
Pero a Rajoy le pareció que
la medida invadía competencias estatales de la Ley del Sector Eléctrico
que es la determina quién es un “consumidor económicamente vulnerable” y
quien tiene derecho al “bono social”.
Precisamente, la muerte de la anciana ha provocado que En Comú Podem haya solicitado en el Congreso la comparecencia del nuevo titular de Industria, Álvaro Nadal.
El portavoz del grupo, Íñigo Errejón, ha ido más lejos y ha asegurado
que en ese fallecimiento hay “responsabilidades políticas”: “Esto no es
un accidente.
Los accidentes ocurren sin que nadie medie en ellos y sin
que nadie tenga responsabilidad, y en esta muerte hay responsabilidades
políticas”, ha afirmado Errejón.
Por su parte, el conseller de Empresa catalán, Jordi Baiget, ha anunciado que el Govern abrirá un expediente a Gas Natural porque cree que la compañía cortó la luz a la anciana sin avisar antes a los servicios sociales municipales.
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