El Servicio Penitenciario está en problemas. El aumento del salario mínimo alcanza a 75% de los 10.441 presos que tienen alojados en sus veintiocho cárceles y cuatro complejos penitenciarios del país.
Como se sabe, el salario mínimo se elevó 18,5%, a 900€ desde el 1 de agosto y se incrementará 10,5% más en enero.
Este primer tramo del aumento le representa al Servicio Penitenciario un gasto adicional de 130 millones anuales que se los gira Economía. Cabe recordar que la jubilación mínima es de 420€.
Un preso gana 46% más que un jubilado. El interno tiene, además, la ventaja de que ese salario lo disfruta íntegro porque la comida la aporta el SPF, igual que la luz, el gas y los servicios de salud y educación.
En mi libro Tras los muros alerté sobre las distorsiones que trae pagar este salario mes a mes, en lugar de entregarlo al final de la condena como está previsto por la ley.
Pero desde 2012, las reglas cambiaron para mal. Con una generosidad desconocida hasta ese momento, el salario mínimo se extendió a casi todos los presos, aún a los que no trabajaban.
Los presos esta en el paraíso. Gozan de privilegios nunca vistos. Sus celdas tienen plasmas, equipos de música. Hay lavadoras, ordenadores…. Las visitas con las pizzas y cervezas corren por los distintos pabellones. El porro es parte de ese festín.
A mediados de 2012, como casi todos los prisioneros cobraban el salario mínimo fundaron el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulante. Afortunadamente, el actual director del SPF, apeló la medida y la personería jurídica está suspendida.
Pero al poco tiempo de la fundación, los integrantes del único gremio de presos del mundo, declararon una huelga pidiendo vacaciones, ART, bancarización y que el salario mínimo se transforme en un seguro de desempleo para seguir cobrándolo cuando salieran en libertad.
Afortunadamente no consiguieron el beneficio pero lograron percibir mes a mes el sueldo, eludiendo el depósito obligatorio. Los jueces competían con los organismos de Derechos Humanos a ver quién les daba más beneficios a los internos.
El salario mínimo perdió la razón fundamental por la que había nacido. Dejó de ser un fondo de reserva para el preso que salía en libertad. La idea era que cuando saliera a la calle tuviera recursos para mantenerse hasta que consiguiera un trabajo.
Los liberados delinquen inmediatamente.
La actual gestión que ha intentado ordenar las cárceles, de hecho
eliminó la superpoblación, se encuentra con este enorme poder que tienen
los presos con dinero contante y sonante en sus bolsillos y con
familiares que además reciben subsidios del Gobierno.
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