No merece llamarse Estado de Derecho el que consiente violaciones
reiteradas y masivas de su propio ordenamiento jurídico. Y hay dos casos
especialmente sangrantes en España por la magnitud del escándalo y la
actitud cómplice del Gobierno al respecto: las cláusulas suelo de los
préstamos hipotecarios y las inmatriculaciones de la jerarquía católica.
Es vergonzante que, tras recorrer todas las instancias internas (salvo
honrosas excepciones), hayan tenido que ser tribunales europeos quienes
declaren la evidente nulidad de ambas. Lo que es nulo, no existe. Y lo
que no existe, no produce efectos. De ahí que corresponda de manera
ineludible a los poderes públicos restituir la legalidad conculcada y
devolver la situación a su origen, sin necesidad de someter a la
ciudadanía o administraciones afectadas a la gravosa carga de emprender
nuevos procesos judiciales.
Respecto a la devolución de las cantidades incautadas a los consumidores
por las cláusulas suelo, después de la injustificable limitación
temporal que impuso el Tribunal Supremo, parece ser que el gobierno ya
estudia medidas extrajudiciales para acatar lo ordenado por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea. Ya veremos hasta dónde alcanza su
eficacia. No ocurre lo mismo en relación con la reciente Sentencia del
TEDH de Estrasburgo de 20/12/2016 que declara contraria a la Convención
Europea de los Derechos Humanos la norma franquista que ha permitido a
la Iglesia católica inmatricular miles de bienes de toda índole,
actuando como si fuera una administración pública y sin aportar más
título de propiedad que la palabra del Obispo.
El Tribunal Europeo manifiesta su sorpresa porque ninguna instancia
judicial haya abordado la legalidad de la norma, califica con dureza la
falta de garantías del procedimiento, y afirma rotundamente que "sólo la
declaración de nulidad de la inmatriculacion registral habría
satisfecho el derecho del interesado y proporcionado una restitución in
integrum".
Pero no fue eso lo que ocurrió. El Gobierno ha preferido que
paguemos con dinero público una indemnización a la parte perjudicada, a
cambio de mantener al obispo en su apropiación ilegal. ¿Por qué? Sin
duda, para no destapar la Caja de Pandora del Mayor escándalo
inmobiliario de la Historia de España.
Como es sabido, haciendo uso de normas predemocráticas, confesionales e
injustificables en la UE y en cualquier Estado democrático, la jerarquía
católica ha inscrito miles de inmuebles de manera clandestina, con
abuso de derecho y sin aportar título de propiedad. Desde la
Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla, a locales,
viviendas, fincas de toda índole, caminos, plazas... Con especial
voracidad a partir de la reforma de Aznar en 1998 que abrió las puertas
del registro a los templos de culto, mayoritariamente públicos. A pesar
de que Parlamentos autonómicos como el de Navarra, Euskadi, Canarias o
Aragón, así como muchísimos Ayuntamientos (incluso con el apoyo del PP),
han aprobado resoluciones para elaborar un inventario de los bienes
inmatriculados por la Iglesia Católica en sus distintas denominaciones,
lo cierto es que se desconoce la cantidad de lo apropiado porque el
Gobierno se niega a proporcionar una lista completa de los mismos, de la
misma manera que se opone a la fiscalización de sus cuentas.
Todas estas inmatriculaciones vulneran la Constitución Española y los
valores comunes del Derecho Europeo, como ya reconoció el TEDH en su
primera sentencia sobre la cuestión, de 4/11/2014. Forzado por la
presión social y política, el Gobierno derogó este privilegio el
24/06/2015, pero sin efectos retroactivos, provocando en la práctica una
"amnistía registral" que obliga a las administraciones y personas
afectadas a reclamar uno a uno los miles de bienes usurpados. Justo lo
que ha criticado con dureza el TEDH y la razón de la condena al Estado.
Que inexplicablemente no exista en España un procedimiento para ejecutar
las sentencias del TEDH, no resta un ápice la obligatoriedad de los
poderes públicos de someterse a sus interpretaciones, tal como ha
reiterado nuestro Tribunal Constitucional. En consecuencia, al tratarse
no de un acto aislado sino de una "violación continuada y masiva" de los
derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos
Humanos, corresponde a los poderes públicos investigar la magnitud real
de lo apropiado por la jerarquía católica dando a conocer la lista de
todos los bienes inmatriculados con arreglo al art. 206 LH, así como a
establecer un procedimiento legislativo y general que permita restituir
la legalidad conculcada.
Si a pesar de ello, las administraciones o personas afectadas iniciaran
procesos judiciales invocando la nulidad de estas inmatriculaciones en
los términos de las sentencias del TEDH, corresponde a los jueces y
tribunales españoles acatarlos ejerciendo el "control de
convencionalidad" que se desprende del art. 96 CE y la ley 25/2014, de
27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos internacionales. Y si
llegase el caso de que se agotara la vía interna y los órganos
judiciales españoles volvieran a eludir pronunciarse (como han venido
haciendo al no elevar una cuestión de constitucionalidad), el TEDH
llegaría a una solución condenatoria rápida al contar ya con las dos
previas "sentencias-piloto" y un procedimiento expeditivo en
Estrasburgo, en virtud de la propia jurisprudencia del TEDH sobre esta
técnica, ahora recogida en el protocolo nº 14 a la CEDH.
Así pues, a pesar de la actitud mantenida por el Gobierno hasta la
fecha, en una defensa confesional e injustificable de los intereses de
la jerarquía católica en lugar de los intereses públicos, ambas
sentencias del TEDH no sólo confirman que las plataformas ciudadanas
tenían razón en sus argumentos, sino que además ahora el Estado está
obligado a acatarlas sino quiere verse abocado a una lluvia de
indemnizaciones que pagaríamos todos por bienes de los que se apropiaría
ilegalmente la jerarquía católica. De no hacerlo, el Estado de Derecho
utilizaría la ley para cometer injusticias y no para impedirlas. Y no
merecería llamarse así.
Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil y Portavoz de
RECUPERANDO (Coordinadora Estatal para la recuperación de los bienes
inmatriculados por la Iglesia Católica)
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