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domingo, 26 de marzo de 2017

El calvario de Alma en el centro de acogida municipal: comida en mal estado, discriminaciones y amenazas


 Alma Vives relata la mala experiencia que vivió en el SAM después de llegar tras sufrir la violencia de su ex marido. JORDI AVELLÀ


 Estuvo 10 meses en el Servicio para Víctimas de Violencia Machista:"Dónde me he metido"


Cuando ya había dejado atrás a su marido maltratador, se topó con un inesperado problema que duró 10 meses: el Servicio de Acogida Municipal para Víctimas de Violencia de Género (SAM VVG). Alma Vives prolongó su calvario tras sufrir continuados episodios de violencia machista. La situación en el centro donde permaneció este tiempo era caótica. Comida escasa y a veces en mal estado o con pelos, tratos discriminatorios e incluso las amenazas formaban parte de los ingredientes de su día a día
 

Su odisea empezó el 23 de diciembre de 2015. Ese día recibió la última agresión de su ex marido, quien intentó estrangularla. Le rompió el móvil para que no avisara a la Policía. Sin embargo, los vecinos lo escucharon todo y llamaron. Era el momento en que sus heridas debían empezar a curarse.


Al día siguiente de ingresar en el centro debía ir a ratificar la denuncia. «Yo pido el acompañamiento porque sé que la familia de él va a estar allí. Me dicen que no, que no suele pasar», relató Vives. Su intuición fue acertada, así que cuando vio el panorama llamó a la Policía para que la escoltaran. «Mala suerte» fue la respuesta que le dieron.


Éste fue sólo un primer episodio negativo con el centro, a lo que le siguieron otros tantos. El siguiente data del 11 de enero, cuando la atendió la psicóloga. «La pregunta que me hace al terminar la terapia es, con todo lo que me ha pasado, por qué no me he planteado suicidarme», relata Vives después de un pequeño suspiro. Su respuesta fue que no podía rendirse, «y más por la niña».


«Sólo se preocupaba de que tuviera pareja estable y no de los problemas que tenía». Al final la acababan tildando de «antisociable» por no estar con alguien.


Además, Vives tiene una discapacidad y apenas tiene fuerza en las manos. Es por eso que en un principio quedó exenta de hacer algunas tareas que, según consta, debían hacer todas las mujeres que estuvieran internas. Sin embargo, en febrero de 2016 le lanzaron un órdago. «Si no hago tareas de catering, informarán a menores de que no me puedo ocupar de la niña», explica, una clase de amenazas que eran recurrentes.


Su hija también fue fruto de problemas de racismo por su color de piel. Su educadora social le advirtió de que le tenía que «cambiar el jabón a la niña, porque olía a negro», cuenta Vives exaltada. «En lugar de ayudar con su trauma -no podía estar con hombres desde que su padre le empezó a pegar-, se metieron con el color de su piel».


Además, ella vio que algunos de los maltratadores acompañaban a sus compañeras hasta el centro, por lo que se lo comunicó a una trabajadora. «La respuesta que yo recibo es que a las chivatas se las echa» del SAM.


 El resultado: una falta grave y a la próxima, a la calle. Una sanción que, según le dijeron posteriormente, le habían quitado. «La dirección del centro es privada por nuestra seguridad, nadie nos puede acompañar». En este aspecto también expresa sus quejas, pues se comparte el edificio con otras actividades.


En cuanto a la comida, lo que molestó a Vives es que no pudiera cocinar ni llevar nada de fuera. No sería tan problemático si la del centro fuera buena. Pero a las primeras de cambio se encontró que el puré de su niña tenía un pelo. Pidió otro y, sorpresa, más pelos. Y así durante mes y medio. Para más inri, «el embutido viene podrido, y encima sólo nos viene una loncha -de jamón- al día».


Además, hubo ocasiones en que productos tan esenciales como la leche escaseaban. «Hemos visto cómo monitores se han llevado productos lácteos», resaltó. «Si te quejabas de la comida, te decían que tenías que sentirte privilegiada de estar en el centro».


El 23 de octubre de 2016 la echaron del centro. «En una hoja ponía que ya no veían que me pudieran ayudar más». El anuncio coincidió con el momento en que estaba haciendo los trámites para conseguir la patria potestad de su hija y quitarle el apellido del padre. «Me dijeron que no había ningún problema», relata Vives, aunque a la hora de abonar el dinero necesario ya empezaron las trabas.


Consultó al Institut Balear de la Dona si se podía hacer y dieron el visto bueno al centro. La sorpresa vino a los dos días. «La psicóloga me dijo que había cometido una falta grave y que era un despilfarro que pagara 300 euros -al llegar al SAM tuvo que firmar un plan de ahorro-». De esta forma, le comunicaron que la ponían de patitas en la calle.


Antes de marcharse, pidió su expediente, pero sólo le dieron un pequeño informe de dos páginas. «Cuando intentas pedirlo, te ponen alguna traba». A día de hoy aún no lo ha recibido.


La historia de las agresiones que llevó a Alma Vives a entrar en el SAM se remonta a marzo de 2014.


En esa fecha empezó a salir con un hombre keniano. En junio del mismo año llegó la primera agresión. Con una espátula, le provocó un corte importante en el brazo. «Por recibir una llamada telefónica, yo le pregunté quién era y vino con la espátula hacia la cara», recuerda. Puso el brazo de por medio y acabó con una operación. Perdió la movilidad de dos dedos, lo que la obligó a ir a rehabilitación.


A partir de entonces, hubo un receso de las agresiones físicas -no verbales- hasta octubre, cuando dejó la rehabilitación. «Empezó el aislamiento de mis amistades y el control de mis redes sociales», relata, hasta el punto de que le cambió las contraseñas. En cuanto a su teléfono móvil, «casi siempre lo llevaba él». Un calvario que nunca pensó que continuaría en el centro de acogida municipal.

Cort defiende su servicio de acogida

 

El Ayuntamiento de Palma asegura que «no hay una base real» para las afirmaciones de Vives, según el jefe de Familia, Igualdad y Mayores de la concejalía de Igualdad, Toni Colom, quien supervisa la actividad del SAM. Afirma que estas declaraciones suponen «calumnias» y «una irresponsabilidad». Aun así, apunta que son «percepciones personales legítimas».


En cuanto a la actitud de los trabajadores del centro, defiende su profesionalidad y, en el caso de la psicóloga, arguye que es una mujer con un gran currículum detrás.


Sí admite algunos de los errores que Vives menciona. En el tema de la comida, en febrero se despidió a la empresa de catering por varias incidencias. Ahora se ha contratado un nuevo servicio.


No obstante, Colom niega que los trabajadores se llevaran productos a casa.


En relación a la falta de seguridad, Colom confirma que en ese espacio hay otras actividades, pero que a la entrada hay un control. Así, no todo el mundo puede entrar. A pesar de todo, estos puntos se mejorarán pronto, cuando Cort licite las obras de otro edificio que será exclusivo para las víctimas de violencia de género.


Además, Colom insiste en que la mayoría de mujeres acaban satisfechas. «Nuestro servicio tiene una puntuación de 4,5 sobre cinco, no es una chapuza».


 http://www.elmundo.es/baleares/2017/03/25/58d6420e268e3e4e798b467b.html







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