Está muy bien que el juez
Velasco haya decidido que Ignacio González, el corrupto, ingrese en
prisión sin posibilidad de fianza, pero es una vergüenza que Javier
López Madrid, el corruptor (uno de ellos), el inductor (uno de ellos),
quede libre a cambio de lo que para él es poco menos que una propina a
la ‘justicia’ por el buen servicio prestado: cien mil euros.
También en esto hay clases, y
la del corrupto González, para esa alta sociedad a la que pertenece
‘compiyogui’ es la de los garrulillos, los arrastracueros, la carne de
cañón. Y tienen motivos para creerlo, y nada lo demuestra mejor que esta
decisión judicial, que desestima incluso la petición de una fiscalía
timorata que pedía un millón de euros de fianza.
Marhuenda, el imputado, dando
lecciones en las tertulias que controla su jefe, Mauricio Casals, el
otro imputado; Villar Mir, el todopoderoso, viéndolas venir desde las
alturas; Rajoy haciendo de estafermo para variar, y este necio con
ínfulas, el castizo González, de camino a Soto del Real, donde merece
estar.
Pero desde luego no yendo solo como buen chivo expiatorio.
España: una, medianita, bien atada, y de unos pocos sinvergüenzas.
El juez envía a prisión a Ignacio González y a su socio en Latinoamérica
El juez Eloy
Velasco ha decidido enviar a prisión a Ignacio González y a Edmundo
Rodríguez Sobrino sin posibilidad de que eludan la cárcel con una
fianza. El magistrado atiende así la petición de los fiscales de la
Operación Lezo, que habían pedido prisión incondicional para el
expresidente de la Comunidad de Madrid y su enlace para los negocios del
Canal de Isabel II en latinoamérica.
González ha pasado a
disposición del juez sobre las 18.00 horas y ha estado respondiendo al
juez hasta las 20:45. Según fuentes presentes en la declaración, el
expresidente madrileño ha negado todos los hechos de los que se le
acusan y ha intentado vestir de legalidad todos sus actos. Durante sus
casi tres horas de declaración ha escuchado los pinchazos telefónicos
que le hicieron los agentes.
Fuentes de la investigación
aseguran que no han conseguido saber durante las declaraciones de este
viernes aún quien dio a los acusados el chivatazo de que estaban siendo
escuchados por la Guardia Civil.
González y Rodríguez Sobrino
serán ahora conducidos desde los calabozos de la Audiencia Nacional a
la cárcel de Soto del Real, donde ingresarán en el módulo de admisiones.
El mismo camino recorrerá Pablo González, hermano del expresidente
Madrileño, a quien el juez ha impuesto prisión bajo fianza de cuatro
millones de euros.
El ya exdirectivo de Mercasa
se ha negado a responder a las preguntas del juez Velasco y los
fiscales del caso. Este viernes se ha conocido un auto del magistrado le
acusa de aprovechar la influencia de hermano en el Gobierno de Madrid
para lucrarse con negocios personales en tres continentes.
El escrito
recoge también que llegó a pagar comisiones al Gobierno bolivariano de
Venezuela a cambio de contratos en aquel país.
El cuñado de Ignacio González, José Juan Caballero, ha optado por la misma estrategia y no ha querido declarar. A
Caballero se le considera un integrante más del entramado familiar que
se habría servido de la cercanía con Ignacio González y su influencia
política para desviar fondos. En su caso, gracias a la construcción del
Campo de Golf de Chamberí. El juez ha decidido enviar a prisión a
Caballero, en su caso con una fianza de 100.000 euros.
En la mañana ha declarado Edmundo Rodríguez Sobrino, el enlace de la trama con latinoamérica. El juez cree
tiene un papel fundamental en la trama que investiga la Audiencia
Nacional. Como responsable de Inassa, la filial del Canal en
latinoamérica, impulsó la compra de una empresa brasileña por cuatro veces más de lo que costaba realmente . Su secretaria, Clarisa Guerra, ha quedado en libertad tras la declaración y solo tendrá que comparecer mensualmente.
El antiguo responsable de la
Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás, ha
sido el último en declarar y lo ha hecho durante aproximadamente una
hora. La Fiscalía ha pedido que entre en prisión sin fianza, pero el
juez ha acordado dejarlo en libertad. Eso sí, entrará en prisión si no
abona 100.000 euros antes del día 28 de este mes.
El ex
director general del Canal, Adrián Martín, y la anterior responsable de
finanzas, María Fernández Richmond, declararon a última hora del jueves.
El primero ha presentado ya un aval para la fianza de 100.000 euros que
le ha impuesto el juez para salir de prisión. La segunda deberá reunir 4
millones de euros para eludir la prisión provisional.
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