miércoles, 26 de abril de 2017

Petición: Disolución Judicial del Partido Popular conforme a la ley de Partidos Políticos

La densidad de casos de corrupción está creciendo tanto, que much@s de l@s que dudaban de la naturaleza criminal de las estructuras clientelares formadas por el Partido Popular de José María Aznar, y defendían el milagro económico de Rodrigo Rato, empiezan a dudar de la existencia de tal milagro.

En los últimos años hemos presenciado cómo periodistas de diversos medios, sociólogos, politólogos…, con ayuda de juristas realmente independientes y asociaciones populares de todo tipo, tratan de denunciar, aportar pruebas y dar a conocer los delitos cometidos por la clase política de nuestro país.

En una sociedad “avanzada” la vigilancia y denuncia de la corrupción debería emanar de las propias instituciones democráticas. En algunas incluso se recompensa económicamente la denuncia de casos de corrupción, en un intento por premiar al que se arriesga a ser “decente” con una generosa recompensa.

Desgraciadamente, la sociedad española en su conjunto está aún en esa transición hacia una sociedad avanzada, que desea con todas sus fuerzas, sin terminar de creerse tal cambio, ser realmente democrática. Recordemos que la “separación de poderes” es un requisito indispensable para que un sistema pueda considerarse democrático.

Las últimas investigaciones policiales han acabado con la publicación de la enésima causa penal que implica directamente a la cúpula del Partido Popular en casos de corrupción. Se trata de la operación Lezo. Todas las investigaciones, de ésta y otras “Tramas”, apuntan a la naturaleza ilícita o criminal de la asociación ‘organizada’ o partido llamada Partido Popular.

En esa misma operación, se han realizado escuchas por orden judicial que reflejan los verdaderos motivos del remplazo del fiscal jefe de anticorrupción por el fiscal Moix. Esas grabaciones revelan la implicación de altos cargos de la cúpula del Partido Popular estatal y del gobierno (el ministro de justicia, ni más ni menos), el único con capacidad para semejante maniobra.

Estamos, sin duda, ante uno de los hechos publicados más graves de nuestra historia reciente.

España debe avanzar hacia una democracia real, donde realmente exista separación de poderes y en la que los partidos políticos y los poderes fácticos tengan que responder por sus delitos como cualquier otr@ ciudadan@ o persona jurídica.

Por ello demandamos que el Consejo General de Poder Judicial cumpla de una vez su función y vele por la separación de poderes, actuando con todas las de la ley ante esta vulneración flagrante de esa separación de la que tanto presumen y que se ha demostrado inexistente cuando hablamos de juzgar a políticos.

Pedimos la disolución judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, llamada Ley de Partidos. Rogamos la consideración y la actuación de oficio de la justicia española debido a que la asociación ilícita llamada partido popular cumple objetivamente todos los requisitos para su inmediata suspensión judicial.

Pasamos a explicar los motivos de tal afirmación. El artículo 10 de dicha ley, en su segundo punto expone:

2. La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:

a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.

b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos.

c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.

Por una parte, pedimos la suspensión judicial del Partido Popular por las reiteradas evidencias probadas (dicho por varios jueces en distintas causas) de que su estructura se corresponde con la de una banda criminal organizada para delinquir, blanquear dinero obtenido de comisiones y otras actividades ilegales y malversar dinero público para beneficiar a la propia organización, entre otras fechorías.

Estos hechos probados y algunos no probados por destrucción de pruebas y opacidad gubernamental, pero de sobra conocidos, están obviamente contemplados en los apartados a) y b) del punto 2 del artículo 10 de la ley de partidos, expuestos con anterioridad, como casos en los que el órgano jurisdiccional competente debería disolver judicialmente el partido político.

Por otra parte, nos gustaría saber su opinión sobre el hecho probado, mediante escuchas obtenidas por orden judicial, en las que, meses antes del cambio del fiscal jefe anticorrupción, un alto cargo del PP y un delincuente, hoy en prisión, hablen de colocar a un fiscal para “facilitar las cosas”.

¿Qué opinión les merece el hecho de que ese fiscal intentase impedir registros e impusiese la retirada de la acusación se pertenencia a banda criminal? ¿Creen que tiene esto algo que ver con las consecuencias legales y letales que dicha acusación podría traer para la organización en cuestión, el Partido Popular? ¿Qué opinón les merece que en esas conversaciones se hable de que Rafa Catalá, el ministro de Justicia, iba a remplazar a fiscal anticorrupción por Moix?

La verdad es que su opinión personal debería ser irrelevante. Las escuchas de la operación Lezo y el posterior nombramiento del fiscal Moix revelan que el Partido Popular, a través de su control del gobierno y las instituciones en los últimos años, ha utilizado la justicia, vulnerando la necesaria separación de poderes y cambiando jueces y fiscales incómodos a su antojo.

Este hecho se encuadra dentro del caso explicado en el apartado c) del punto 2 del artículo 10 de la Ley de Partidos, anteriormente expuesto, ya que se corresponde con una vulneración planeada y continuada de un principio democrático básico como es la separación de poderes.

Por tanto, es un insulto a la democracia y a la justicia que el órgano jurisdiccional competente no haya decidido de forma inmediata la disolución judicial del partido político en cuestión, el Partido Popular.

Saben tan bien como el resto de l@s español@s que éstas son las prácticas habituales de dicha organización, como ha confirmado en una entrevista el ex-fiscal jefe de anticorrupción, ya jubilado.

Humildemente pensamos que la destrucción de pruebas en la trama Gürtel ya debería haber conducido a la suspensión del Partido Popular. Es una anormalidad democrática que los tres robos consecutivos en la casa del fiscal anticorrupción de Murcia, en los que sólo se ha robado documentación de la investigación del Partido Popular, no hayan despertado ninguna acción en sus despachos, cuando se corresponde con otra vulneración flagrante de la separación de poderes.

En Galicia el PP desvía fondos de las ayudas Europeas en su propio beneficio. Podríamos seguir indefinidamente nombrando los casos de Valencia, de Murcia, etc.

Por todo ello, humildemente les pedimos que consideren seriamente la disolución judicial del Partido Popular, y las acciones pertinentes para castigar la intromisión continua del poder ejecutivo en el poder judicial.

Dejen ya de tratar esto como un conjunto de casos aislados, tiren de la manta y, caiga quien caiga, juzguen al Partido Popular como lo que es, antes de que se lo lleven todo.