Veo que hay por ahí más de un
periodista, también de los de presunta izquierda (muy muy presunta), que
hasta pierde las formas cuando alguien recuerda que INDRA, la empresa
investigada estos días por los casos de corrupción de actualidad, que ya
ha estado salpicada en muchísimos otros casos anteriores, y que resulta
ser a su vez la sempiterna responsable del escrutinio en las
elecciones, hace recuperar las sospechas de pucherazo electoral.
Y no
pierden solo las formas sino hasta el sentido común negando la
posibilidad de algo que, haya ocurrido o no, sí es posible a pesar de
que algunos insistan todo lo que quieran negando la mayor.
¿Por qué se
ponen tan nerviosos?
Lo dije en su día
y lo repetiré un millón de veces, pese a que parece que este hecho, que
es el fundamental, no importa a casi nadie. Tampoco a los que con la
mejor voluntad se hacen un lío con mil posibilidades, estas sí, que no
vienen para nada a cuento: nadie debería poner en duda, al margen de
mínimos errores, y con condicionamientos del aparato del poder aparte,
la seguridad del recuento del actual sistema electoral tal y como está
redactado en la LOREG.
Pero, y viene aquí el ‘pequeño’ matiz: la LOREG NO SE CUMPLE en el apartado fundamental. No se realiza el escrutinio general según lo estipulado.
¿De qué sirve que el recuento manual en
las mesas sea correcto; que la información sea custodiada hasta el
Juzgado de turno, y que estos datos locales verificados e íntegros sean
correctamente enviados a la empresa responsable del escrutinio general,
si el cómputo provisional entregado al Ministerio de Interior por esa
empresa no se verifica posteriormente y se da como válido?
La Ley, en lo que nos ocupa, dice lo siguiente:
104.1 “Cada Junta se reúne, con los
representantes y apoderados de las candidaturas que se presenten, en la
sede del local donde ejerce sus funciones el Secretario.”
105.2 “A continuación, el personal al
servicio de la Junta procede, bajo la supervisión de ésta, a la apertura
sucesiva de los sobres referidos en el artículo 100, párrafo segundo,
de esta Ley.”
Sobres referidos: El primer sobre
contendrá el expediente electoral, compuesto por los siguientes
documentos: a) El original del Acta de constitución de la Mesa. b) El
original del Acta de la sesión. c)
Los documentos a que esta última haga
referencia y, en particular, la lista enumerada de votantes y las
papeletas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto
de alguna reclamación.
d) La lista del Censo electoral utilizada. e)
Las certificaciones censales aportadas.
Pues bien, sistemáticamente no solo no
se hace esta apertura de sobres y su posterior recuento por defecto y
obligación, sino que incluso mediando reclamaciones se niega por
principio tal posibilidad a cualquiera que reclame, llegando a
justificar la negativa aludiendo a una ley “obsoleta” (pero en vigor), y
fiando la responsabilidad del escrutinio, precisamente, a una empresa
privada, que puede estar o no manchada por casos de corrupción, y a
sistemas informáticos que pudieran facilitar el fraude muy por encima de
los recuentos manuales.
Esto es solo un ejemplo de los miles que se pueden encontrar, y de un partido nada sospechoso de izquierdismo revolucionario: enlace [(Fuentes
del PP consultadas explicaron que, efectivamente, desde hace varias
elecciones no se abren ya todos los sobres y entienden que la ley está «obsoleta»)]
El asunto principal, el verdaderamente
trascendente, es que se ha estado incumpliendo la Ley desde hace
muchísimos años, y que los resultados de todas esas elecciones
celebradas deberían haber sido invalidados.
Seguro que, pese a lo comentado –que es
algo que ya debiera haber sido denunciado por algún partido político, y
que sorprendentemente ni se ha mencionado a pesar de su máxima gravedad e
ilegalidad–, hay quien confía en los recuentos que se hacen con las
actas de los apoderados, y en lo que se parece mucho a un acto de fe
sustentan su confianza y la fiabilidad del sistema en la
posible rigurosidad de los presuntos primeros interesados: los partidos.
Y no es un mal argumento, pero está muy lejos de ser válido por mil y
un motivos que suelen escapar al que no haya buceado mínimamente en el
estercolero político. Incluso que escapa en muchos casos (no en todos) a
quienes de forma voluntaria y altruista han estado colaborando en esos
mismos recuentos.
En fin, no voy a extenderme mucho más.
Es solo que me parece mentira la osadía (o algo muchísimo peor) de los
que sabiendo todo esto que he comentado y más, todavía se atreven a
hacerse los escandalizados cuando alguien recuerda quién es el
responsable de los resultados electorales:
Vamos a Contar Votos... Historia del 26J ¿Qué pasó realmente?
Pues sí, es como para no dejarlo pasar, Ramón. Y es como para hacérselo mirar, Íñigo… Sáenz de Ugarte.
Ya que has llegado hasta aquí, no te
pierdas este magnífico documento en el que, como complemento a lo ya
apuntado, se hace un buen resumen sobre el particular en el 26J.
*
Unos resultados electorales que difieren mucho de las encuestas a pie de urna, un ministro que utiliza los aparatos del Estado con fines políticos, una empresa que después de verse envuelta en varios escándalos, incluido La Púnica y otros de fraude electoral, es escogida para gestionar unos comicios en los que la manipulación es casi nula.
¿Existe entonces posibilidad de fraude electoral? ¿Debió el ministro dimitir al revelarse las escuchas? ¿Debió ser Indra contratada después de verse envuelta en tantos escándalos?
Está claro que, tanto el Partido Popular como la multinacional Indra y su director Fernando Abril-Martorell, nombrado por el PP, tiene muchos y variados intereses económicos para evitar que Unidos Podemos llegue al gobierno.
¿Pero hay razones suficientes para sospechar del resultado de las pasadas elecciones y exigir una auditoría?
El 26 de junio de 2016 se celebraron unas elecciones nacionales en España que tuvieron unos resultados muy diferentes a los que marcaban tanto encuestas previas a la celebración de las elecciones, que indicaban un posible sorpasso de la coalición de Unidos Podemos al PSOE, como las encuestas que se celebraron a pie de urna que estimaban que Unidos-Podemos obtendría entre 91 y 95 diputados, ambas estimaciones totalmente alejadas de lo que finalmente terminaría ocurriendo.
¿Qué es lo que ocurrió? Mintieron las personas que fueron entrevistadas o bien mintió la persona responsable de los comicios electorales.
El ex-ministro Jorge Fernández Díaz era el responsable de estos comicios y a pesar de que pensar que un ministro haya podido participar en un fraude electoral pueda parecer descabellado, los indicios apuntan en este sentido.
Todo tiene sentido cuando se investiga la empresa responsable de gestionar los comicios, Indra, que recuperó en estas últimas elecciones el contrato de gestión, tras haberlo perdido en la anterior ocasión en un concurso público frente a la empresa Scytl y habiendo sido los beneficiarios de la gestión de elecciones en anteriores ocasiones durante alrededor de 30 años de democracia.
El Gobierno participa en Indra en un 20% a través de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), la empresa se ha visto envuelta en diferentes escándalos por organización de comicios electorales como en Argentina, Angola o Sevilla y se han visto implicados en la operación Púnica entre otros puntos sospechosos en su historial de contratos y adjudicaciones.
Los elementos clave en las elecciones del 26J son unos resultados electorales que difieren muchos de los resultados de encuestas a pie de urna, un ex-ministro que utiliza los aparatos del estado para fines políticos y una empresa con un amplio historial fraudulento.
¿Existen posibilidades de que haya habido un fraude electoral?
https://todonoticias24.com/video-del-posible-fraude-electoral-26j-espana-parte-indra/
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