Ignacio Gonzalez demandaba a periodistas con dinero público

 El expresidente de la Comunidad de Madrid cargaba a la Comunidad sus litigios contra profesionales de la Comunicación que no eran de su cuerda

Ser profesional de la Comunicación y caer en desgracia al PP de Madrid -como también ocurre en otras provincias y comunidades autónomas donde los gobiernos populares se prolongan durante décadas-   supuso consecuencias serias para la libertad de expresión de medios y periodistas durante la época de Aguirre y de González.


El expresidente de la Comunidad de Madrid, ahora en prisión, no tuvo reparo en ordenar que sus litigios contra periodistas se llevaran desde los gabinetes jurídicos públicos, para no asumir riesgos ni costes cuando uno tras otras sus demandas fueran desestimadas.


En este sentido, el Grupo Podemos de la Comunidad de Madrid propone una proposición de no de Ley por el blindaje del derecho a informar de los periodistas que investigan temas vinculados a la región madrileña.


El pasado 19 de abril fue detenido Ignacio Gonzalez en el marco de la Operación Lezo por varios delitos durante su gestión en el Canal de Isabel II. Podemos, en su propuesta, recuerda que durante la última década han sido diversos los colectivos y personas que contra viento y marea han ido destapando los casos que ahora cristalizan en la investigación judicial.


El Grupo de Podemos recuerda que, entre otros, hubo diversas noticias publicadas por periodistas que nunca lo tuvieron fácil. Según su propuesta, “la propia Esperanza Aguirre al presentar su dimisión como concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid reconoció que algunas informaciones situaron a Gonzalez en el medio de algunos asuntos incorrectos.


Entre la persecución con dinero público del expresidente de la Comunidad de Madrid contra periodistas, según recuerda Podemos, se encuentra la periodista Pilar Velasco, que informó de las grabaciones de Ignacio Gonzalez en Colombia, en las que el expresidente aparecía llevando unas bolsas de contenido desconocido. La respuesta del expresidente fue querellarse contra la periodista a través de letrados de la Comunidad de Madrid. La Justicia archivó la querella.


Además, también denunció por el derecho al honor a los periodistas Manuel Rico, Ignacio Escolar, Félix Monteira y Jesús Maraña, a los que pedía, sin éxito, 600.000 euros.


En su propuesta Podemos solicita que la Comunidad de Madrid presente un informe sobre los gastos jurídicos contra periodistas y medios en los últimos años, que se pida públicamente perdón a los profesionales de la Comunicación contra los que se ha actuado, sin motivo, judicialmente y que quienes hayan provocado gastos de este tipo devuelvan a las arcas públicas ese dinero.



  María José Pintor Sánchez-Ocaña