Aunque la economía española creció un 3,2 % el año
pasado, el número de parados según la encuesta de población activa a
finales de 2016 era de 4.237.800 personas. Sin embargo, la cobertura del
sistema de protección por desempleo en noviembre de 2016 fue del 55,7
%, lo que implica que no cobraba ninguna prestación un 44,3 % del total
de personas desempleadas.
El informe de la Comisión Europea de 2017 para
España advierte que este repunte en la creación de empleo no se tradujo
en una mejora de los indicadores sociales debido al aumento de la
proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social
(resultado de aumentar los empleos a tiempo parcial y temporales y del
estancamiento de los salarios). Este es uno de los grandes problemas de
la economía española, según el informe, porque la desigualdad entre el
20 % más rico y el 20 % más pobre se ha disparado, convirtiéndose en una
de las tasas más altas de la Unión y, según los indicadores, la
tendencia es que continúe al alza.
Estos datos constatan, en el marco de una sociedad
salarial, que la crisis del empleo limita el acceso de las personas a
ciertas condiciones de bienestar social y a algunos derechos sociales,
porque el trabajo asalariado tiene un papel central sobre los procesos
de exclusión e inclusión social. El reciente fenómeno de “trabajadores
pobres” está generalizándose como consecuencia de las políticas de
austeridad liberalizadoras de las relaciones laborales que atomizaron,
fragmentaron y precarizaron a las clases trabajadoras haciéndolas más
vulnerables: el trabajo perdió parte de su capacidad integradora y se
convirtió en un factor de exclusión social en el nuevo modelo del
capitalismo financiarizado.
Las élites rompieron el llamado “pacto fordista”,
que ofreció a las clases trabajadoras derechos sindicales mediante la
negociación colectiva. Esto aportó seguridad socioeconómica garantizando
empleos con salarios decentes fundamentalmente para la población
masculina y universalizando la seguridad social. Era un sistema que daba
protección mediante contingencias públicas para casos de infortunio,
desempleo, accidente, incapacidad, muerte, vejez, etc. Este logro, que
fue consecuencia de las luchas sindicales y movimientos antifascistas,
significó en parte una victoria pero también obligó a las organizaciones
obreras hegemónicas a renunciar al viejo objetivo central del
movimiento obrero, el control de la producción.
Se dejó de cuestionar el empleo capitalista como
lugar de explotación y alienación que cosifica degradando a mercancía al
ser humano. El capitalismo acaba con los recursos naturales mediante
largas fases de acumulación de capital acompañadas de procesos
grandísimos de desposesión material de las clases populares. Para
decirlo en palabras del geógrafo marxista David Harvey, nuevas formas de
“acumulación por desposesión”, que implica no solo privación y
empobrecimiento de las clases subalternas sino un disciplinamiento al
proceso de producción y reproducción del capital en todos los ámbitos de
la vida social.
Como no tenemos más recursos que la fuerza de trabajo,
nos vemos obligados a implorar una ocupación que nos dé unos ingresos,
razón por la cual nos encontramos, en palabras de Marx, “pidiendo
constantemente el permiso” de la clase capitalista para poder vivir. La
desposesión implica falta de libertad porque la libertad exige el goce
de un conjunto de recursos que garanticen una independencia personal
fundamentada materialmente.
Hablar de derecho universal significa que es para todas y cada una de las personas sin que haya algún motivo que justifique ninguna exclusión. Por lo tanto, igualdad de las personas beneficiarias ante las condiciones: tiene que repartirse ‘ex-ante’ al margen y sin comprobación de los recursos de cada cual, y sin techo acumulando sobre ella.
El hecho de que la RB se garantice ex-ante, la convierte en una medida esencialmente preventiva de la exclusión pues, a diferencia de los subsidios condicionados, no supone un techo, sino que estable nada más un nivel básico a partir del cual las personas pueden acumular cualquier otro ingreso. Esto hace posible ahorrar los altos costos asociados con el examen de recursos que cualquier subsidio condicionado exige: con la RB se obtiene una simplificación administrativa que puede ser crucial para racionalizar las políticas sociales y la distribución de la riqueza.
Es un derecho incondicional porque el derecho a la existencia es el primer derecho humano, de igual importancia que la sanidad y la educación universal. Estos tres derechos, junto a la libertad política, son esenciales para garantizar efectivamente (no solo formalmente) la dignidad de las personas y del conjunto de la sociedad. Por tanto, y en la misma medida en que a nadie se le pregunta para ir a la sanidad pública si es rico o pobre, la RB no está sujeta al mercado de trabajo ni al nivel de ingresos, porque no presupone cumplir ningún requisito, ni está vinculada a un nivel de pobreza.
Con la RB los ricos no ganan
Ahora bien, esto no quiere decir que todo el mundo gane. La propuesta de financiación de la RB que defendemos se haría mediante una modificación del IRPF que lo convertiría en un impuesto muy progresivo porque supondría unas transferencias de rentas de los ricos a los pobres de más de 30.000 millones de euros. Para la financiación de la RB, que excede el cometido de este artículo, recomendamos que se consulte el estudio que han realizado Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens.
La RB no es el salario social
Como para recibir la RB no es necesario acreditar haber perdido el empleo o que se está buscando trabajo, se pueden eludir las denominadas trampas de la pobreza y la precariedad que aparecen cuando la percepción de prestaciones asistenciales está condicionada a que la Administración Pública verifique que la persona beneficiaria y su familia cumplen los requisitos para cobrar la ayuda (normalmente, perder el empleo y carecer de otras rentas).
En esa situación las personas beneficiarias tienen que cumplirlos todo el tiempo que reciben la prestación y la cobrarán siempre que acepten una oferta de empleo adecuada y que no supere un nivel de ingresos determinado. Si reciben ingresos por una cantidad semejante en un empleo de bajo salario y malas condiciones laborales, eso les lleva a una tasa impositiva marginal de alrededor del 100 %, porque están obligados a aceptar ese empleo y pierden todas las ganancias que obtienen con la prestación.
Por tanto, se desincentiva el acceso al trabajo asalariado y además se criminaliza la pobreza con políticas utilitaristas en forma de guerra laboral contra los perceptores de estas prestaciones: sometiéndolos a procesos cada vez más duros para el acceso a las ayudas, a la vez que se les convierte en sospechosos de fraude ante la sociedad y se les demoniza como gorrones, vagos insolidarios o calificativos similares que perpetúan la exclusión laboral y acaban estigmatizando a estas personas en la exclusión social.
Un arma de negociación laboral
Sin embargo, al ser compatible con el trabajo asalariado, la RB aumenta la capacidad de negociación individual de las y los trabajadores haciendo posible la salida del llamado mercado de trabajo cuando las condiciones se consideran inaceptables. Además, aumenta el poder de negociación colectiva porque en caso de conflicto colectivo o huelga de larga duración la RB podría actuar como caja de resistencia.
Ahora bien, aunque la RB efectivamente desvincula la existencia material del empleo y de los derechos a él vinculados, no es incompatible ni se opone al empleo. Siguiendo a Daniel Raventós, “… proporciona una forma flexible de compartirlo. A quien trabaja remuneradamente mucho, tiene con la renta básica más fácil reducir su horario de trabajo”.
En palabras del filósofo belga Philippe Van Parijs, promotor de la idea de la RB: “el suelo firme que proporciona la RB permite un tránsito más fluido entre empleo, formación y familia, lo que incentivaría el reparto del tiempo de trabajo porque personas que en algún momento de su vida precisasen de mayor tiempo por distintas razones (cuidado de alguna persona, estudios, descanso…) tendrían mayores posibilidades de elegir con una RB que sin ella…”. Además, favorece y amplía la capacidad de decisión, democratizando la vida social y económica de las personas, por su influencia en los procesos productivos y distributivos.
(Este artículo es una versión en castellano del original en asturiano que se publicó en el número 42 (mayo de 2017) de la revista Contracorriente de la Corriente Sindical d’Izquierda (CSI): https://indd.adobe.com/view/e3c14060-0f26-494c-9aff-1bfdb04a2c56)
José Manuel Chico “Pin” | Red Renta Básica | 14/05/2017
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