Propaganda permanente revisable

España es uno de los estados de la UE con la tasa de delitos violentos más baja, también uno de los estados con un código penal más severo y donde el tiempo medio de condena cumplido resulta más prolongado: más de diecisiete años.

 No hay, por tanto, un incremento alarmante de los delitos especialmente violentos o una impunidad penal de los criminales. Comparado con el resto de los países de Europa donde existen disposiciones penales similares a la prisión permanente revisable desde antes, los datos no parecen respaldar su efectividad o su urgencia.


De hecho, desde su implantación solo hay un condenado a PPR: el parricida de Moraña.


No existen, por tanto, razones que pueden justificar el mantenimiento o el endurecimiento de la PPR invocando urgencias criminales, o la necesidad de respuesta a carencias penales o penitenciarias


 Aun así, se ha instalado en la opinión pública la idea de que en España salimos a crimen violento y cruel por semana y los violadores y asesinos se pasean impunemente por las calles acechando a sus siguientes víctimas.


La culpa de semejante despropósito no puede atribuirse ni a la movilización, ni al activismo de los familiares de las víctimas. Hacen lo que creen que tienen que hacer para demandar justicia y obtener reparación y están en su derecho.


 La justicia penal no se dicta en nombre de las víctimas sino en nombre del Estado, al cual hemos cedido el monopolio del uso legítimo de la violencia, pero eso no quiere decir que no haya que escucharlas y atenderlas.

 Hacer justicia exige dar voz a las víctimas y sin justicia difícilmente hay reparación.

Son directamente responsables unas élites políticas culpables de practicar la propaganda permanente revisable para tratar de convertir en votos la indignación de la gente

Los responsables de que España se haya convertido en el paraíso del populismo punitivo son otros.


 No son inocentes unos medios de comunicación que, en su mayoría, han convertido los crímenes violentos en un producto de competencia mediática, donde la violencia se trata como un espectáculo y medios y periodistas juegan a policías, jueces y justicieros sin el menor sentido del decoro o la responsabilidad profesional.


Son directamente responsables unas élites políticas culpables de practicar la propaganda permanente revisable para tratar de convertir en votos la indignación de la gente.


 Son culpables un gobierno y un Partido Popular que saben que no necesitamos la PPR y que solo la utilizan para marcar distancias y hacer emerger las contradicciones de su socio y competidor naranja.


Es culpable un Albert Rivera y unos Ciudadanos que se apuntaron a su derogación para hacer de oposición a Rajoy en lo social y utilizarlo como coartada para justificar su apoyo a los recortes y las políticas de austeridad, igual que ahora cambian de bando para que no les perjudique en las encuestas.


También son culpables en el PSOE y en Podemos, que se apuntaron a la revisión para desgastar al PP y ahora que toca defender las convicciones frente a la marea de demagogia y populismo punitivo, apuestan por paralizar la tramitación, enfriar el tema o someterlo a referéndum.


Y lo peor es que la propaganda permanente revisable se ha ido convirtiendo en el modo dominante de hacer política y no se detiene en la PPR.


 Mañana le tocará a las pensiones, pasado mañana volverá a tocarle a Catalunya y el día después de pasado mañana le tocará a lo que sea que haya que afrontar y no sepan cómo.


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