Día 16/04/2012
El Ministerio de Sanidad cifra en 1.000 millones de euros anuales el coste para España del llamado «turismo sanitario» y asegura que se podría haber evitado si el anterior Gobierno hubiera traspuesto de forma correcta la directiva europea sobre movilidad de los ciudadanos entre los distintos estados de la Unión.
El Real Decreto 240/2007, que traspone la directiva europea 2004/38, obvia el contenido del artículo 7, que establece una clara garantía para impedir que los ciudadanos de unos países abusen del sistema asistencial de otros. En concreto, ese artículo establece que todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en otro estado miembro durante más de tres meses si es trabajador por cuenta ajena o propia en el estado de acogida, o «dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida».
Sin poder facturar
Según Sanidad, la supresión de ese artículo supone que España no puede facturar los servicios sanitarios prestados a cientos de miles de ciudadanos. Solo en 2009 se perdieron 1.000 millones de euros correspondientes a casi 700.000 usuarios extranjeros, de acuerdo con datos que el ministerio extrae de un informe del Tribunal de Cuentas. Se trata de ciudadanos de otros países de la UE que se sacan la tarjeta sanitaria española o que obtienen una tarjeta europea a través de la cual se pasa el coste a España.
La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, asegura que «la utilización no debida, y en otros casos fraudulenta, es motivo de desequilibrio» para el sistema sanitario. En este sentido, en declaraciones a ABC, explica que el actual Gobierno está «revisando por dónde se producen los graves problemas de sostenibilidad» para tratar de resolverlos.
La número dos del ministerio apunta que la afluencia para aprovecharse de las prestaciones españoles es «un efecto de la excelente calidad» del sistema sanitario. «El esfuerzo del Gobierno es protegerlo y garantizarlo para quienes tienen derecho a él», señala.
Un ejemplo de la atracción de España para el turismo sanitario es la guía que ofrece la Embajada británica en la que, como publicó ABC el pasado viernes, se explica a los súbditos británicos precisamente cómo beneficiarse de la sanidad pública en nuestro país.
Límites para extranjeros
El portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados y exconsejero valenciano de Sanidad, Manuel Cervera, lamenta que «desde sus países se estimule a los extranjeros a usar nuestra sanidad». Algo que, a su juicio, ocurre «por una mala interpretación de la normativa europea que el PSOE no recurrió en su momento», y gracias a la cual los británicos, entre otros, tienen acceso a la sanidad española simplemente con empadronarse. Cervera, en una entrevista en Radio 9, apuntó que el Gobierno «estudia establecer requisitos previos» para limitar el acceso de los extranjeros a la asistencia sanitaria y «para controlar más el llamado turismo sanitario». Cervera explicó que el Ministerio de Sanidad estudia criterios «como un período mínimo de residencia o un alta fiscal», para que no baste con el empadronamiento.
ABC
Las normas para conseguir asistencia sanitaria en España «son distintas a las del Reino Unido». Así arranca una extensa guía elaborada por la Embajada del Reino Unido en España, y que es accesible desde la página «web» del Foreign Office, en la que se explica a los súbditos británicos precisamente cómo beneficiarse de la sanidad pública en nuestro país.
La guía incluye todo tipo de consejos prácticos para acceder a la prestación sanitaria del Estado en España, y explica a los británicos a qué tipo de prestaciones tienen derecho en función de su situación (si son estudiantes, trabajadores, jubilados con una segunda residencia, o si están de vacaciones en el país), y a cambio de qué. Entre los consejos prácticos se detalla el tipo de trámites que deben cumplimentar para poder disfrutar del sistema sanitario español como cualquier contribuyente.
El turismo sanitario o «de bisturí», como se dio en llamar al fenómeno hace unos años, es solo uno más de los lastres que arrastra el sistema sanitario español, cuyos niveles de excelencia se reconocen entre los primeros del mundo también en las Islas Británicas. Precisamente la reforma sanitaria que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy tiene entre sus objetivos el de poner coto al turismo sanitario para reducir el déficit.
Cataratas y prótesis
Se calcula que solo en la Comunidad Valenciana —una de las regiones donde el fenómeno está más extendido, dada la enorme afluencia de turistas británicos a la Costa Blanca cada verano y los 100.000 ingleses que tienen su segunda residencia en Alicante— se atiende cada año a 800.000 pacientes extranjeros, la mayoría europeos, con un coste de 15 millones de euros para las arcas autonómicas.
Las intervenciones más demandadas, según el sindicato médico CESM, son las de cataratas y prótesis, que no se cubren por el Estado en la mayoría de países europeos, pero también coronarias e incluso de extirpación de tumores. Todas ellas son accesibles en España con la cobertura de la Seguridad Social. En el caso de la Comunidad Valenciana, que tiene su propia normativa al respecto, los británicos pueden acceder a las mismas coberturas que los contribuyentes españoles a cambio de una pequeña cuota mensual que deben pagar los foráneos para integrarse en el sistema público valenciano de salud. Una cantidad, 90 euros al mes, muy inferior a la que costaría un seguro privado en el Reino Unido y —tal como reconoce la propia guía elaborada por la Embajada— con mayores coberturas.
La clave de la guía, con todo, está en el apartado de consejos destinados a aquellos que encajen en el perfil de «visitante temporal en España». Esa es justamente la condición que da origen al denominado turismo sanitario. El documento explica cómo usar la tarjeta sanitaria del Reino Unido en España durante las vacaciones, para someterse a aquellos tratamientos que «no pueden esperar hasta que usted regrese», una consideración que, en ocasiones, resulta un tanto subjetiva.
«Visitante ocasional»
En esencia, la guía explica a los ciudadanos británicos las interioridades administrativas del sistema de salud español, las peculiaridades en «Valencia» o «Catalonia», y los trámites y documentación que precisan para beneficiarse de la asistencia sanitaria. El texto anima a recurrir a la sanidad española («estar sano, u obtener tratamiento para los problemas de salud, es una prioridad para la mayoría de nosotros», asegura en un pasaje) en caso de que el ciudadano en cuestión esté trabajando o estudiando en España, así como si es un jubilado que ocupa una segunda residencia —casos en los que el recurso a la sanidad española, si es necesario, está fuera de discusión—. Pero también se anima a usar el sistema de salud español en otro supuesto más discutible: si se es un «visitante ocasional». Es decir, si está de vacaciones.
El último apartado de la guía, incluso, explica cómo acceder a la sanidad española si se trata de una persona «sin recursos» económicos, y la documentación oficial del Reino Unido que hay que aportar para demostrar tal condición.
«Empadrónese»
La Embajada británica también ofrece otros consejos prácticos a sus súbditos para que puedan sacarle todo el partido a su estancia en España. Entre otras cuestiones, aconseja a aquellos que cuentan con una segunda residencia en nuestro país que se empadronen para «pagar menos impuestos locales y acceder a beneficios y servicios sociales», así como disfrutar del derecho al voto en las elecciones municipales.
El aprovechamiento de la sanidad española, en cualquier caso, no funciona solo en una dirección. Son incontables los casos de ciudadanos europeos que solicitan la residencia en España —y obtienen la tarjeta sanitaria— para luego volver a su país de origen y someterse a costosas operaciones que acabará sufragando la sanidad pública española como si de un contribuyente se tratase. No obstante, la vía más utilizada es la de someterse en España a intervenciones gratuitas que no cubre el país de origen.
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