El Pacto de Toledo ultima las directrices sobre aportaciones del Estado, jubilación anticipada o importe de las prestaciones
Mientras el Gobierno negocia el nuevo Presupuesto General del Estado para 2021,
condicionado por la crisis del coronavirus, los partidos del Pacto de
Toledo hacen lo propio para redefinir las recomendaciones que marcarán
el futuro de las pensiones durante los próximos años.
Y las prestaciones tienen mucho que decir, porque representan un 40% del gasto de las cuentas públicas que prepara Hacienda.
No habrá una reforma de calado, como las de 2011 y 2013: entonces,
subió la edad de jubilación, se exigieron más años cotizados y se
definió cómo iban a ser las revalorizaciones anuales.
Aun lejos de
aquellas transformaciones, las pensiones, o mejor dicho el sistema de
pensiones, incorpora cambios que afectarán a los ciudadanos cuya edad se encuentra a menos de cinco años de la jubilación. Las vistas están puestas ahora en el 2025. Ese es el momento marcado en el calendario por esta comisión parlamentaria para acabar con el déficit de la Seguridad Social.
Nadie pone en duda que a partir de entonces habrá que asumir nuevas
reformas -la que está en vigor culmina en 2027, cuando la edad de
jubilación legal llegará a los 67 años-. Ahora, los grupos
parlamentarios están centrando sus negociaciones en los cambios
asumibles a corto y medio plazo.
El próximo miércoles será el ministro
de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien cierre las
comparecencias ante la comisión. A partir de ahí, los partidos negociarán las nuevas recomendaciones -no son vinculantes legalmente- para que el Gobierno las ponga en marcha.
Ningún partido quiere pillarse los dedos al hablar del calendario:
todos quieren que haya 'fumata blanca', y anticipan un acuerdo en
semanas, antes de fin de año. Pero su memoria retiene la ruptura de
última hora propiciada por Unidas Podemos en marzo de 2019, justo antes
de las elecciones generales.
Dinero para pagarlas
La sostenibilidad del sistema de pensiones es la gran duda
que todo ciudadano se pregunta cuando se acerca a la edad de
jubilación. ¿Lo hago ya o me puedo esperar? ¿Corre peligro mi prestación
si espero más tiempo? La cuantía de las cotizaciones no cubre las necesidades que tiene la Seguridad Social,
que destina unos 10.000 millones de euros al mes para abonar todo tipo
de pensiones. La deuda del organismo con el Estado ha aumentado ya hasta
los 55.000 millones.
Y en el Fondo de Reserva apenas quedan 1.500
millones. "Una de las reglas propuestas es que todo lo que no sea
sistema de pensiones propiamente dicho, salga del mismo", explica Iñigo
Barandiarán, diputado del PNV en el Pacto de Toledo. Es decir, que "las
cotizaciones de los trabajadores financien aquellas prestaciones
fundamentalmente contributivas o ligadas de forma estricta al ámbito de
solidaridad", aclara.
La idea de la comisión pasa por excluir de la Seguridad
Social el pago de prestaciones como las de orfandad o las SOVI, que
serían asumidas por el Presupuesto. El cambio no es menor
porque aliviaría en parte las cuentas de la Seguridad Social aunque el
erario público tendría que financiarse con impuestos. "Lo contrario,
como sucede ahora, supone enturbiar la realidad de las cuentas de la
Seguridad Social, que ésta está pagando gastos que no le corresponden",
apuntan fuentes de Ciudadanos.
La 'patata caliente' de un cambio en las
pensiones de viudedad quedará previsiblemente fuera de las nuevas
recomendaciones. Aunque fuentes parlamentarias admiten que es necesaria
su transformación porque las condiciones sociales para las que estaban
pensadas hace varias décadas son completamente diferentes a las
actuales.
El importe de la pensión
La suficiencia de las prestaciones está centrando otra parte de los
debates parlamentarios. Suficiencia entendida como la capacidad de la
pensión para asegurar una vida estable para sus perceptores. Y en este
punto el sistema tiene una falla: el 36% de las prestaciones son inferiores a 700 euros al mes.
El diputado del grupo vasco Barandiarán lo define claramente: "Que las
pensiones mínimas se aproximen a parametros de dignidad".
La diputada de Unidas Podemos, María Pita, sostiene que "las reformas
paramétricas no tienen que ser en contra del derecho de pensiones". Se
refiere a conceptos como el índice de sostenibilidad, que supone el
recorte de la primera prestación en función de la esperanza de vida, por
ejemplo. "El hecho demográfico no puede servir para devaluar las
pensiones", indica.
Si para incrementar la protección de las pensiones hacen
falta más ingresos, una buena parte tendrían que llegar a través de
impuestos o bien recortando otros gastos del Presupuesto. Como
las conclusiones del Pacto de Toledo son solo recomendaciones, tiene que
ser el Ejecutivo de turno el que las ponga en marcha. El presidido por
Pedro Sánchez debería tomar alguna posición sobre figuras tributarias,
específicas o no. Desde el PP señalan que el Gobierno "debe
comprometerse a ser serio, responsable y coherente, porque no lo está
siendo, tal y como hemos visto con el Ingreso Mínimo Vital", que "solo
perciben un 1% de las solicitudes realizadas".
En este campo, la
diputada del PSOE Mercè Perea indica que "habrá que incrementar las
transferencias del Estado" al recordar que la recaudación en España
sobre el PIB es inferior a la de otros vecinos europeos. "Hay margen",
sostiene, porque "España está pendiente de recibir los 140.000 millones
de la UE", afirma. Anticipar el retiro El 16% de las jubilaciones que se
formalizan son 'antes de tiempo'. Esto es, hasta con cuatro años de
anticipo con respecto a la edad legal, aunque con sus correspondientes
penalizaciones, que van del 6,5% al 8% anual, dependiendo de las
cotizaciones.
Esta modalidad de acceso al sistema ha crecido un 66% desde la
anterior crisis: el colectivo de población que ronda los 60 prefiere
acceder a la pensión si no encuentra un trabajo acorde a sus
circunstancias en una edad tan complicada si se ha perdido el empleo. Escrivá
ya ha anticipado que es momento de "desincentivar" las jubilaciones
anticipadas. El problema es la fórmula para lograrlo. Varios
miembros del Pacto de Toledo consideran que las actuales penalizaciones
son "excesivas".
Y podrían recomendar cambiarlas al menos en cuanto a
los años cotizados se refiere en cada uno de los casos. "Pero es una
cuestión de números para garantizar la sostenibilidad y, a la vez,
reparar a los ciudadanos que no tienen trabajo en esa edad cercana al
retiro", apuntan estas mismas fuentes. Lo que sí quiere introducir el
texto es un impulso a la prolongación de la vida laboral más allá de la
edad legal para evitar una salida masiva de cotizantes de los 65 a los
67.
El calendario de la jubilación: del retiro a los 65 años hasta las cuentas a los 77
Los informes que alertan de la 'bondad' de las pensiones generan
dudas tanto entre los actuales como en los futuros perceptores Cada vez
que una empresa publica un informe sobre el futuro de las pensiones, los
ciudadanos que ven ya cerca el momento de la jubilación se echan a
temblar; también los partidos políticos, a los que esos análisis les
instan a actuar en la Seguridad Social. Los textos sirven como base para
comprobar hasta qué punto existen problemas en el sistema público.
Fallas que el Pacto de Toledo trata de solucionar. Pero algunas
conclusiones son tan contundentes que cualquier cotizante llega a dudar
sobre cómo será su retiro cuando se jubile.
El Instituto de Actuarios Españoles (IAE) alertaba esta
semana en un informe de que los jubilados cobran de media un 51% más de
lo que aportan al sistema contributivo. Así, los actuarios
advierten de que el actual sistema de cálculo de las pensiones
contributivas de jubilación "presenta inequidades, lleva a arbitrajes y
arriesga su viabilidad futura".
Pero, ¿realmente un jubilado está cobrando más de lo que le corresponde? En realidad, no. Cobra lo que marca la ley.
Aunque esas cuantías sirvan para demostrar dos conceptos: que el
sistema de pensiones -de reparto, como es el de España- es de los más
solidarios del mundo; y que, para mantenerlo, hacen falta cambios de
mayor o menor calado.
Un 78% del último sueldo
El calendario de la jubilación define cómo se estructura la pensión en España, donde el importe de la prestación representa aproximadamente un 78% con respecto al último salario cobrado por ese jubilado.
Es la denominada 'tasa de sustitución', que en otros países se
encuentra en el 53%, como en la media europea, aunque en muchos de esos
territorios los salarios han sido, al mismo tiempo, muchos más elevados
que en España.
Durante 2020 quienes se jubilen deberán hacerlo cuando
cumplan 65 años y 10 meses, si no tiene más de 37 años cotizados. Este
límite irá aumentando progresivamente hasta que en 2027 la edad legal se
sitúe en los 67 años, como marca la ley actual. Ese jubilado
irá percibiendo la prestación correspondiente, según su nivel y años de
cotizaciones, durante toda su vida.
Aunque hay un momento teórico,
cuando cumpla 77 años, en el que habrá recibido de la Seguridad Social a
través de su pensión todo el importe que ha cotizado durante su vida
laboral. Esa es, al menos, la media.
Por ejemplo, un trabajador que
ingresa a los 25 años en el mercado laboral con un sueldo de 14.000
euros al año que se le revaloriza al 1,5% anual, y bajo hipótesis de
mantenerse en el mismo puesto, termina su vida laboral con un sueldo de
25.020 euros anuales.
Sus cotizaciones acumulan, al término de esos 40
años, 257.000 euros, según los cálculos de Ocopen (Organización de
Consultores de Pensiones).
A partir de ahí comienza a cobrar una pensión
que le hace ser beneficiario de un total de 20.900 euros anuales, que,
en 12 años, suponen un desembolso global de 251.800 euros.
Al año
siguiente, el decimotercero tras el retiro, la posición del jubilado con
las arcas del sistema es de receptor neto durante el resto de su vida.
El Pacto de Toledo ultima las directrices sobre aportaciones del Estado, jubilación anticipada o importe de las prestaciones
