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domingo, 9 de agosto de 2020

Veinte euros por una jornada sin agua y bajo un sol abrasador

Varios temporeros en una finca de Castilla-La Mancha.


Veinte euros por una jornada sin agua y bajo un sol abrasador: las condiciones que mataron a Eleazar son frecuentes entre los temporeros

 

  • “Estábamos esclavizados, salíamos a la hora que ellos querían. En algunos casos, trabajabas veinte días y te cotizaban sólo diez”, cuenta Felipe, temporero natural de Guinea Ecuatorial

  • Los sindicatos denuncian que, en pleno verano, muchas veces estos trabajadores no cuentan con comedores o lugares a la sombra en los que puedan descansar

 

Con poco más de cuarenta años, Eleazar Benjamín Blandón decidió el pasado mes de octubre abandonar su Nicaragua natal para probar suerte en España. En busca de una vida mejor, dejó todo al otro lado del Atlántico. Mujer y cuatro hijos a un océano de distancia


. Una familia que ahora, nueve meses después de su partida, está completamente rota. El pasado sábado, el cuerpo inconsciente del hombre nicaragüense fue abandonado en un centro de salud de Lorca (Murcia).


 Con la ropa de trabajo todavía puesta, esa que utilizaba en la plantación de sandías en la que trataba de sacarse unos euros para poder sobrevivir, el temporero falleció como consecuencia, previsiblemente, de un golpe de calor. 



El empresario agrícola que lo contrató fue detenido. 


Su caso no es único. El pasado mes de diciembre, sin ir más lejos, el cuerpo sin vida del jornalero marroquí Said Aballa fue abandonado también por su empleador a las puertas de un centro de salud de Jaén.


 Dos historias que dejan al descubierto las inhumanas condiciones laborales a las que se enfrentan todos aquellos que se dejan las manos y se parten la espalda para que en los supermercados no falte de nada.


Felipe conoce a la perfección este problema. El joven, natural de Guinea Ecuatorial que lleva viviendo en España desde hace casi dos décadas, ha convertido el campo en su tabla salvavidas. El pasado mes de octubre, estaba en Francia afrontando la vendimia. Ahora, trata de ganarse la vida con las campañas que van saliendo en la zona de Levante.


 Desde que trabaja a través de la bolsa de empleo de la Unió de Llauradors i Ramaders, sus condiciones laborales han mejorado. Sin embargo, no siempre ha sido así. Recuerda, con especial desagrado, cuando estuvo recogiendo naranjas a través de una empresa de trabajo temporal (ETT). 


“Se nos trataba muy mal. Si no te enterabas, hacían contigo lo que querían”, señala al otro lado del teléfono. Habla de pagos en negro, chanchullos con las cotizaciones o jornadas interminables. “Estábamos esclavizados, salíamos a la hora que ellos querían.


 En algunos casos, trabajabas veinte días y te cotizaban sólo diez”, explica. Y todo por un jornal mísero. “Pagaban cada caja de mandarinas a 1,50 euros y cada caja de naranjas a 85 céntimos. Había veces que podías irte a casa con 20 euros”, sostiene en conversación con infoLibre.


A casi 800 kilómetros de distancia por carretera, en la provincia de Huelva, el relato que aporta Seydou Diop es prácticamente calcado. Este joven senegalés de 29 años llegó en 2017 a nuestro país. 


Y como tantos otros, se echó al campo para intentar sobrevivir. Ahora mismo, el también miembro de la Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad no tiene mucho trabajo. “La campaña está parada”, cuenta. 


Sin embargo, conoce de primera mano, por experiencia propia, las terribles condiciones a las que tienen que enfrentarse en muchas ocasiones los temporeros. “Las faltas de respeto son constantes y la presión para que trabajemos a mayor ritmo es habitual”, dice. De nuevo, se pone sobre la mesa la “explotación laboral”. 


Cuenta que en muchos casos no se respeta ni el horario de entrada ni el de salida. De hecho, explica que en algunas ocasiones no se les libera hasta que el camión no está lleno, lo que puede terminar derivando en jornadas superiores a las diez horas. Y con jornales “miserables” que, detalla, se pueden mover entre los 30 y los 40 euros.


Los detalles que aportan ambos jornaleros se han puesto de manifiesto en los últimos meses con las numerosas operaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil. En febrero, por ejemplo, el Instituto Armado detuvo a un empresario en Palos de la Frontera (Huelva) por tener trabajando en su finca a varias personas en situación irregular a las que, además, debía una gran cantidad de dinero como parte de su salario.


 Operaciones centradas en delitos contra los derechos de los trabajadores que se siguieron repitiendo durante todo junio por gran parte de la geografía española. A comienzos de mes, detenciones similares en La Rioja y Aragón. Y a finales, cuando la campaña de recogida del espárrago llegaba a su fin, macrooperación en el Llano de Zafarraya (Granada). 


Más de 14 empresarios agrícolas detenidos. Al descubierto, jornadas laborales que podían llegar a las diez horas seguidas, siete días a la semana y con un salario de entre 5 y 6 euros la hora. 


Sueldos ínfimos que, según expone Felipe, hacen imposible vivir dignamente. “Te tienes que pagar el transporte y, además, comprarte tú mismo la ropa adecuada para el trabajo”, lamenta. 


Este tipo de prácticas están bastante extendidas. Al menos, así se desprende de un informe elaborado por Cáritas en octubre de 2018 en base a entrevistas realizadas en tres sectores diferentes: hostelería, empleos del hogar y agricultura. 


En el campo, nada menos que un 32,8% de los encuestados estaban trabajando más de 50 horas semanales, frente al 26,4% y el 15% de los dos primeros sectores, respectivamente. 


Además, un 40,7% aseguraba que no tenía días libres, un 46% afirmaba estar cobrando menos del salario que le correspondía legalmente y un 47,4% sostenía que todo o parte de esa compensación la obtenía en negro. 


También eran preocupantes las cifras relativas a la vulneración de derechos relacionados con el Código Penal. 


En este sentido, lo más habitual de entre los comportamientos detectados era el trato humillante, seguido de las amenazas, la retención de la documentación y, en mucha menos proporción, la violencia física.


 “La proporción de quienes los han padecido se incrementa significativamente en el colectivo de temporeros”, recalcaba el informe.


Sin agua y sin sombra

 
Los sindicatos explican que estas condiciones inhumanas no se dan de forma generalizada, pero sí con bastante asiduidad. “Los temporeros, en la mayoría de los casos, son personas en situación irregular y que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. 


Esto permite que empresarios desaprensivos se aprovechen”, apunta Pepe Fuentes, adjunto al responsable de Agricultura de CCOO. Coincide con él desde Sevilla Emilio Terrón, secretario de este sector en UGT, que pone el foco en las “mafias” que “se hacen pasar por empresas de trabajo temporal”, que “se mueven por todo el territorio nacional” y que son “un nicho de fraude”. 


Lo sabe bien la Guardia Civil, que el pasado mes de octubre desarticuló a través de la operación Urofort una trama que a través de una ETT de este tipo mantenía en condiciones de “semiesclavitud” a temporeros del este de Europa


 Cobraban de media entre 150 y 200 euros mensuales, a pesar de que los empresarios agrícolas sí que pagaban a la firma intermediaria lo legalmente establecido. Gracias a esto, la red conseguía en torno a un millón de beneficios al mes.


Pero por si esto fuera poco, el riesgo para la salud de estas personas se hace todavía más evidente en pleno verano. “En muchos casos, además de salarios míseros de entre 20 y 25 euros, no se cuenta con planes de prevención. 


Y entonces es cuando ocurren desgracias como las de Murcia”, expone el secretario del Sector Agrícola de UGT. 


Con un sol abrasando media España, su compañero de CCOO explica que en ocasiones no se cumple con el planteamiento de una “jornada intensiva” que evite que los trabajadores estén expuestos a temperaturas por encima de los cuarenta grados. 


De hecho, el día que falleció Eleazar Benjamín, en la plantación en la que se dejaba las manos el termómetro llegó a marcar los 44º. “Además, no cuentan con comedores o lugares a la sombra en los que puedan descansar ni se les facilita agua fresca a lo largo del día”, sostiene Terrón. 


“Están desde que amanece hasta unas horas en las que es completamente imposible trabajar en el campo. 


Y mantener a una persona expuesta a altas temperaturas durante mucho tiempo es una irresponsabilidad”, completa 


“Hacen falta inspecciones serias en el campo”


A todo esto, Diop añade otro problema adicional: el alojamiento. El joven detalla que muchos de estos trabajadores se ven obligados a vivir en asentamientos que no cuentan con condiciones de salubridad mínimas. 


Algo en lo que también puso el acento el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, en un informe sobre España hecho público a comienzos de julio. 


Durante el viaje realizado por nuestro país, el australiano visitó uno de estos poblados en Huelva y se quedó aterrado. “Las condiciones materiales se sitúan entre las peores que ha visto en cualquier parte del mundo. Viven a kilómetros de distancia del agua, sin un saneamiento adecuado ni acceso legal a la electricidad. 


Ganan 30 euros al día y prácticamente no tienen acceso a ningún tipo de ayuda pública”, recogía el documento de conclusiones. Unas condiciones que han facilitado en las últimas semanas la transmisión del coronavirus entre el ya de por sí castigado colectivo de temporeros.


Los sindicalistas creen que la muerte de Eleazar, como la de otros compañeros en los últimos años, vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que la Administración no quite el ojo de encima al sector agrícola. 


El pasado mes de mayo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, envió una instrucción a los inspectores de Trabajo en la que les instaba a investigar posibles casos de “esclavitud” y “malos tratos” en el campo. 


Una petición que indignó entonces a las patronales agrarias. “Los empresarios tendrían que ser los que se pusieran al frente a la hora de denunciar todas estas situaciones”, dice el sindicalista de CCOO. 
  
Díaz ya ha anunciado que se ha intensificado a 1.000 actuaciones la campaña de inspecciones en el campo.


 El secretario de Sector Agrícola de UGT espera que no sea un “parche temporal”. “Ahora, más que nunca, hacen falta inspecciones serias en el campo”, sentencia. Para que jamás vuelvan a repetirse casos como los de Eleazar o Aballa.



 “Estábamos esclavizados, salíamos a la hora que ellos querían. En algunos casos, trabajabas veinte  





jueves, 28 de mayo de 2020

Marlaska destituye el 'número tres' de la Guardia Civil




El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acordado la salida del teniente general Fernando Santafé, jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil. Está considerado como el número tres del Instituto Armado.


 Su salida se produce después de la dimisión del DAO, Laurentino Ceña, y de la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, en el marco de una de las mayores crisis internas que ha vivido la Guardia Civil. 


El coronel fue destituido tras negarse a facilitar informes judicializados sobre las pesquisas dirigidas por el Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid sobre la actuación del Gobierno en el 8-M. 


Laurentino Ceña presentó su dimisión al no estar de acuerdo con la interferencia del Ministerio en las actuaciones de la Guardia Civil como policía judicial.


 Más información sobre las polémicas destituciones de Fernando Grande-Marlaska: 





 

lunes, 25 de mayo de 2020

No hay dinero para el ERTE, pero España se gastará 2.100 millones en 348 blindados para el ejército


No hay dinero para el ERTE, pero España se gastará 2.100 millones en 348 blindados para el ejército (que fabricarán empresas de Madrid).



Evidentemente son blindados que se utilizarán más para represaliar posibles manifestaciones ciudadanas que para otra cosa...



Lógicamente servirá para enriquecer a empresas de Madrid.
-Indra: sede en Alcobendas (Madrid)
-Santa Bárbara: sede en Madrid y fábricas en Granada, Sevilla y Oviedo.
-Escribano Mechanical & Engineering: Alcalá de Henares (Madrid)
-Saba Placencia: País Vasco.






La fabricación de las tanquetas no proporcionará ningún puesto de trabajo en Catalunya, aunque la cuarta parte lo pagarán los catalanes...






Defensa considera que el plan industrial de este programa va a tener efectos muy positivos en la economía nacional teniendo especial incidencia en Asturias, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid, donde se prevé la creación de 650 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos. Ninguno en Catalunya.


*

 




viernes, 22 de mayo de 2020

El despido barato de la reforma Rajoy: otra gran estafa al pueblo español


 Desde 2012, fecha de entrada en vigor de la nueva legislación laboral, la rebaja de la indemnización de 45 días por año trabajado a 33 ha permitido pingües beneficios a los empresarios


La negociación entre Gobierno y agentes sociales ha saltado por los aires tras el fiasco que ha supuesto el clandestino pacto entre PSOE/Podemos/Bildu para derogar la reforma laboral del PP.


 El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha dado por suspendido el diálogo social y ha zanjado la cuestión con un arrogante “que no sigan contando con nosotros”. 


A los empresarios el regalo del Gobierno les ha venido como un maná caído del cielo. Ahora tendrán la excusa perfecta para no negociar nada con etarras y comunistas, para exigir el despido libre y la vuelta al esclavismo de los minijobs, los salarios tercermundistas y los contratos basura. 


El golpe de efecto que pretendía Pedro Sánchez ha terminado estallándole en la cara y su rectificación tratando de aclarar que la derogación de la reforma no será íntegra sino solo de los “aspectos más lesivos” para los derechos de los trabajadores servirá para poco. 


A partir de ahora el presidente tendrá que hacer frente a las caceroladas externas de los “cayetanos” y a las internas de unos enfurecidos Pablo Iglesias y Arnaldo Otegi, que ya han anunciado que la derogación será total sí o sí.  


Pero más allá del trastorno psicológico de un Gobierno al que le aflora la doble personalidad de vez en cuando, cabe decir que no hay causa más justa que la abolición de una reforma, la de Mariano Rajoy de 2012, que vino a enterrar todas las conquistas laborales de la democracia española. 


La clave de este nuevo capítulo en la secular guerra entre empresarios y trabajadores, entre ricos y pobres, está sin duda en el infame abaratamiento del despido que aceptó el registrador gallego.


 Recuérdese que aquella revisión legislativa suprimió la indemnización de 45 días por año trabajado y la fijó en solo 33.


 Desde entonces, el despido barato ha ahorrado miles de millones de euros en indemnizaciones a la clase empresarial, otra inmensa estafa (además de la que supuso el rescate bancario) que se sustentó en la falacia de que así se crearía empleo, se mejoraría la competitividad empresarial y se superaría la crisis de 2008.


 En realidad el trabajo que se creó fue de ínfima calidad, la competitividad se mantuvo más o menos igual y millones de españoles siguieron malviviendo como en los peores años del crack. 


Todo aquel discurso ultracapitalista bien condimentado por los fraudulentos informes de la patronal, del Banco de España y de las empresas del Íbex35 no hizo más que convertirnos en un país todavía más africano, agravando la desigualdad entre clases sociales y arrastrando a los españoles a la pesadilla del trabajo gratuito, a la inhumana precariedad y a unos salarios de risa, cuando no tercermundistas.


 El gigantesco “obrericidio” de Rajoy −uno más de aquel eficaz Manostijeras al servicio de los “hombres de negro” de Bruselas− degeneró en situaciones como los sueldos miserables de las kellys limpiadoras del hogar (dos euros la hora); los contratos efímeros por quince minutos; y la explotación a destajo de riders, subcontratados, pluriempleados de sol a sol y falsos autónomos. 


De paso se liquidó de un plumazo a las clases medias, de tal forma que España acabó convirtiéndose en una satrapía con muchos pobres gobernados por unos pocos ricos.


Con la excusa de que la reforma laboral tenía por objetivo “acabar con la rigidez del mercado de trabajo”, quienes finalmente terminaron “flexibilizados” fueron los propios trabajadores, tan flexibilizados que terminó doblegándose e hincando la rodilla toda la clase obrera.


 El nuevo marco legal supuso el punto final al Estado de Bienestar y la instauración del catecismo neoliberal, el famoso “se acabó la fiesta comunista” tantas veces predicado por las gentes del dinero. 


De alguna manera, aquella pandemia de injusticia social terminó por enterrar un viejo mundo, el de la socialdemocracia, para dar paso a una nueva era: la del esclavismo tecnológico en el que todo vale; la de la liquidación de los derechos constitucionales; la de la desrregularización contractual y la desprotección del obrero, convirtiendo el mercado laboral en una especie de jungla de asfalto donde el trabajador es carnaza fácil para las fauces del empresariado sin escrúpulos.


Por ese camino de la vil explotación de hombres y mujeres, las filosofías no ya ultraliberales, sino puramente feudales, se han ido imponiendo en los últimos tiempos. Por eso es tan importante derogar una ley depravada y perversa que ha llevado tanto sufrimiento, tanta amargura y tanta humillación a las clases humildes españolas.


 Por eso Pablo Iglesias insiste en su órdago a un sistema alienante y cruel que reduce a los trabajadores a la categoría de siervos, como en Metrópolis de Fritz Lang o en los peores años de la Rusia zarista. 


 Más allá del esperpento de la negociación con Bildu; más allá de los errores y rectificaciones del Gobierno, esa ley tiene que caer sí o sí para que se pueda volver a firmar un nuevo contrato social digno y acorde con los tiempos.


 Ya lo dijo Rousseau: “La ambición devoradora, el ansia de elevar su fortuna relativa, menos por necesidad auténtica que por ponerse por encima de los demás, inspiran a todos los hombres una negra inclinación a perjudicarse mutuamente”.


 Antes de que llegara Vox, aquella reforma laboral ya había sembrado la semilla del odio entre personas y clases sociales. 


Ninguna causa será tan justa como la abolición de esa norma inmoral que otorga todos los privilegios a los privilegiados mientras condena a todas las miserias a los miserables.


 Quememos ya esa papelajo inmundo rubricado por un señor con puro y gafas de culo de vaso que pensaba como en la Edad Media y no veía más allá de sus obtusas narices.



 La negociación entre Gobierno y agentes sociales ha saltado por los aires tras el fiasco que ha 





lunes, 18 de mayo de 2020

“Somos 5 millones de trabajadores en ERTE, si nos uniésemos parados y precarios, la podríamos liar bien gorda”



“Somos 5 millones de trabajadores en ERTE, si nos uniésemos parados y precarios, la podríamos liar bien gorda”

 

Roberto González es trabajador de una empresa en Euskadi desde hace 23 años. Al igual que otros 5 millones de trabajadores y trabajadoras, hace dos meses que su empresa decretó un ERTE. Y como cientos de miles, hace dos meses que no ha cobrado un duro del SEPE.


Para denunciar esta situación Roberto decidió publicar una petición en Change.org con el título “Víctimas de ERTEs y protección de los trabajadores/as”


 En ella denuncia la situación que viven muchos: “insomnios, depresiones, ansiedades y varios problemas derivados de esta situación están apareciendo en muchos de nosotros al no poder hacer frente a los gastos y pagos habituales de la casa (de subsistencia o de pagos de hipotecas o créditos anteriormente pedidos, porque estos en muchos casos no han sido parados o aplazados). 


La situación es insostenible y cada día que pasa va a peor”.


Si este escenario ya es de por sí dramático, “le añadimos la incertidumbre de nuestro futuro laboral, ya la cosa se pone más fea”, ha escrito Roberto en su petición. Porque “se habla de crisis, de recesión, pero como siempre acabaremos por pagarla los mismos de siempre… los trabajadores”.


Es por ello que en el escrito publicado en Change.org pide que “se haga una mayor protección del empleo y de los trabajadores que estamos siendo víctimas de los ERTE, por lo que ningún afectado pueda perder su trabajo” ya que “las medidas que ha planteado el gobierno contra los despidos son insuficientes e ineficaces”. 


Y culmina con una apelación: “Unámonos y hagamos piña en defensa de nuestros empleos y derechos”.


En Izquierda Diario recibimos esta petición y quisimos conversar con Roberto para que nos cuente un poco más sobre sus motivos para hacerla.


En la petición que haces en Change.org hablas de “situaciones límite” por falta de ingresos…


Si, efectivamente. Fue un cúmulo de situaciones límites, tanto personales como de varios compañeros. Si a eso le sumas problemas de insomnio producto de esta situación y una rabia considerable por la dejadez institucional hacia nosotros, se crea un caldo de cultivo perfecto que me lleva a hacer esta petición como una forma de canalizarlo.


¿Crees que las empresas se están aprovechando de esta situación, aplicando ERTEs, despidos, etc.?


Realmente habría que diferenciar las pequeñas empresas de las grandes empresas, supongo que la pequeña empresa habrá sido también una gran perjudicada… en cuanto a las otras si creo que salen muchas de ellas beneficiadas. 


Pero en general todas, grandes, medianas y pequeñas, buscan descargar los costos sobre los trabajadores. En nuestro caso no pagan nóminas y encima el gobierno las exonera de pagar la seguridad social de los trabajadores. No es que tengan beneficios, es que no pierden y nosotros si lo hacemos.


En resumen, que siempre perdemos los mismos, ni siquiera nos dejan “empatar”, usando un símil futbolístico. Y habrá que ver en qué consiste lo que llaman la “vuelta a la normalidad”, porque todos sabemos que posiblemente haya despidos en muchísimas empresas.


¿Cómo evalúas las medidas sociales adoptadas por el Gobierno PSOE – UP, como la llamada «prohibición» de despidos, ayudas económicas y otras medidas para paliar los efectos de la crisis económica que ya tenemos encima?


En realidad, no existe una prohibición de despidos una vez que acaben los ERTEs.


 Queda muy bonito decirlo en los medios, pero es una falacia bien adornada, ya que la “sanción” que dictamina el Gobierno por despedir a un trabajador hasta 6 meses después de decretarse el fin del estado de alarma es tal como dejar de dar ayudas a esa empresa y que devuelva lo que han aportado a la misma empresa durante el citado estado; evidentemente siempre saldrá más rentable despedir.


 Por lo tanto, el trabajador vuelve a ser el gran perjudicado.


¿Cómo crees que debería actuar este gobierno en cuanto a esto?

Si el Gobierno y sus socios de gobierno tuvieran el mínimo interés en proteger a los trabajadores/as, hubieran puesto sanciones más duras hacia las empresas que llevan años con beneficios y ahora con una pandemia (en la que llevamos solo tres meses) que ha llegado de la nada y de la que nadie es culpable, pretenden despedir empleados con la excusa de la crisis que viene.


¿Qué sientes cuando desde UP nos dicen: «está crisis no la van a pagar los de abajo como la del 2008?


Cuando lees o escuchas declaraciones como estas te quedas con la duda de si lo dicen porque viven ajenos a la realidad desde la posición que ocupan ahora en la gobernabilidad del país, o simplemente han adoptado el ya conocido discurso de la falsa izquierda con la que comparten gobernabilidad y que ya están más que acostumbrados a intentar engañar a los de siempre sin ningún rubor.


¿Qué representación sindical tenéis en vuestra empresa y cómo han respondido?


Nuestra empresa está dividida entre mantenimiento y limpieza. Mantenimiento está representada por el sindicato ELA y limpieza por CCOO. Personalmente creo que ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias, por lo menos en lo que afecta a esta situación.


¿Crees que las direcciones sindicales han estado a la altura de la crisis?


Desconozco el trabajo que han podido realizar entre despachos, pero lo que es en cuanto a información y asistencia al trabajador el suspenso es claro.


¿Cómo crees que deberían actuar los sindicatos en una crisis de esta índole?


Difícilmente se puede esperar algo positivo de los sindicatos mayoritarios de este país, ya han demostrado muchas veces los intereses por los que se rigen y hasta donde les permiten llegar.


 En cuanto a los sindicatos más pequeños no tienen la capacidad de poder que tienen los grandes y por ese lado están más limitados, pero si pueden hacer mucho a nivel local o a nivel de cada empresa.


Por lo que se en cuanto a medidas de seguridad y EPIS si están haciendo una buena labor, pero a nivel laboral creo que se podía haber hecho algo más, como negociar con las empresas un complemento para los trabajadores afectados por ERTES ante la grave pérdida de poder adquisitivo. 


Sé que algunos sindicatos si lo han conseguido, pero somos miles de trabajadores que no hemos tenido esa posibilidad. Personalmente llevo más de 30 años en mi sindicato y estoy muy decepcionado.


Sin querer entrar en victimismos, me ha llegado la noticia de que algunos trabajadores por ERTE no cobraremos hasta junio, y el bajonazo ha sido impresionante.


 Hoy día 15 de mayo todavía no hemos cobrado y ya nos confirman que esperemos a junio, lo mismo nos dijeron en abril.


Suelo llamar a compañeros que están en mí misma situación y no quiero ni imaginar cómo van a afrontarla. La semana pasada alguno me decía que hasta pensaba en hacer alguna locura, otro me hablaba de que estaba en tratamiento psicológico.


 Todavía no somos conscientes del daño económico y mental que está produciendo esto y las terribles consecuencias que puede acarrear. 


Somos 5 millones de trabajadores solo en ERTE, si nos uniésemos parados y afectados por la precariedad laboral, la podríamos liar bien gorda. 


El único camino que nos queda es la lucha.



Fuente: La Izquierda Diario




viernes, 21 de febrero de 2020

Los fascistas no pueden digerir que haya políticos decentes en el gobierno.





 Esta imagen solo consigue hacerles daño a los verdaderos agricultores/as. Aprovecharse de estas manifestaciones para introducir frases de odio e insultos es desvirtuar las verdaderas reivindicaciones de los campesinos y los convocantes no deberían de permitir esto.
 

Los fascistas no pueden digerir que haya políticos decentes en el gobierno.
  

¡ Que se os ve el plumerín, Derechones !!

Ahí tienen ustedes a ese de la derecha...

Sí, ese que agarra la incomprensible pancarta contra "el coletas" en vez de dirigirla contra sus amigos los terratenientes, contra los intermediarios, contra las grandes superficies capitalistas y contra las políticas neoliberales de la derecha, que son los causantes de todo este desastre.

Ese ES EL ALCALDE DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS, JOSÉ MANUEL RAMA MOYA, del partido de derecha CIUDADANOS...

Un tio que no las vió más gordas en su vida.

Que llegó a la alcaldía ganando 36.000 euros y se subió de golpe 1000 euros al mes más.

Así que con los 4000 euros que arrampla cada mes, mira si puede ese inepto incompetente comer lubina GANANDO MUCHO MÁS QUE EL COLETAS DE MINISTRO.

Y para más inri, el que le acompaña en la gracieta , si no me falla la percepción y lo que me dicen, es un concejal del PP de Villafranca.

TENDRÁ VERGÜENZA ESTA GENTE???
Y ASÍ, MUCHOS.

Pues que sepan todos esos y todos los que esto lean, que "el coletas" es del ÚNICO partido estatal que en la Eurocámara ha defendido el campo, votando en contra del tratado de libre comercio. El resto ha votado a favor en bloque.



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El menda del cartelito es José García Lobato, el ex alcalde ppero de Almendralejo, el mismo que llamó "zorra" a una concejala de la oposición, el que montó un desfile de legionarios con la hija de Millán-Astray como invitada especial y el mismo que está imputado en la púnica y forrao, vamos lo que viene siendo un "pobre agricultor".










domingo, 16 de febrero de 2020

COMPLOT DE TERRATENIENTES El valor de la lucha obrera en el campo Navarro

La imagen puede contener: 1 persona, exterior, texto que dice "¡LA P.A.C PARA EL QUE LA TRABAJA!"


COMPLOT DE TERRATENIENTES, "PP" Y LOS FASCISTAS CONTRA EL GOBIERNO PROGRESISTA. ESTAS FAMILIAS QUE NO HAN TRABAJADO EN SU VIDA, CASI TODOS TIENEN PROPIEDADES ROBADAS A LOS REPUBLICANOS DESPUÉS DE ASESINARLOS


  De la noche a la mañana, aparecen los dueños de las tierras (no el campesinado) protestando en las calles, por un problema que históricamente les generó el capitalismo, cuando destruyó al feudalismo; ¿que pasó?, ¿no tenían problemas en el tiempo de Rajoy?, o, ¿el fascismo los ha despertado de su sueño?... ¿porque ahora están cortando carreteras?...; sin lugar a duda, su intención es atacar al Gobierno Progresista que solo lleva un mes gobernando, ¿dónde están los 100 días de gracia?.


  El presidente de ASAJA ya venía mostrando los dientes antes de las elecciones generales, su odio a "Unidas Podemos", odio a los progresistas, a venezuela... es decir, los mismos argumentos que ahora manejan la derecha y el fascismo. Lo que no dice este individuo, es que convive con su peor enemigo, el capitalismo, que los destruyen por ser incompatibles; pero que gracias a esta contradicción, habrá un salto cualitativo donde el campesinado y el pequeño agricultor pueden tomar las riendas...


 Solo basta pasear por la huerta valenciana, donde los pequeños agricultores no recogen sus cosechas y se pudren en el suelo, o que se tiran miles de litros de leche al río para que el precio de la misma no baje... así de contradictorio es la realidad. Por otro lado, las ayudas europeas (PAC),.el 80% de los 5.160 millones que recibe España se queda en manos del 20% de los beneficiarios. Así, miles de pequeños agricultores reciben entre 500 y 1.000 euros anuales mientras que grandes productores, terratenientes o ganaderos, se reparten ayudas cuantiosas; entre ellos, grandes empresas de la alimentación reciben millones de dinero público...


Wilmer Torres

HOKOKE; El valor de la lucha obrera en el campo Navarro


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 Decir que en Huerta de Peralta, una de las mayores empresas de Navarra de producción y envasado de productos agrícolas, no se respetaba el convenio del sector es decir muy poco. 

Los trabajadores -en su gran mayoría personas migrantes- trabajaban jornadas de 11, 12, 13 ó 14 horas, no les pagaban los festivos, no les pagaban las vacaciones, no les pagaban pluses, categorías o antigüedades… 

Y todo eso envuelto en un ambiente opresivo que rayaba con el racismo y la xenofobia. Cuando no pudieron más, los trabajadores supieron organizarse y, bajo el paraguas del sindicato LAB, consiguieron ir haciendo frente a todas aquellas injusticias y consiguieron ir mejorando la situación. 


Sin embargo, los patronos reaccionaron cual bestia herida, con despidos y sanciones. Y los trabajadores contestaron con una huelga indefinida que fue ejemplo para toda la clase trabajadora.


 Una huelga que durante 28 días de lucha y dignidad nos enseñó cuál es el valor de organizarse y enfrentarse juntos a la explotación y la precariedad, que nos enseñó cuál es el valor de la lucha obrera en el campo. 


Los protagonistas de la parte obrera de aquella lucha recuerdan aquellos hechos, aquel frío climatológico, aquel calor solidario, aquellos golpes, aquellas consignas y movilizaciones, y nos obsequían un ejemplo de cómo luchar contra la indignidad.


 subt./Azpt; Català, Frances, English, Le français, Euskera, Castellano, Arabe: 



 https://www.youtube.com/watch?v=7SBR_...





miércoles, 12 de febrero de 2020

Anguita carga contra los jueces por el juicio al SAT: "La Justicia falla estrepitosamente"


Miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores van mañana a juicio por “la expropiación a Mercadona” en 2012

 

Miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores van mañana a juicio por “la expropiación a Mercadona” en 2012

 

20 sindicalistas se enfrentan a la petición de año y medio a cada uno por la acción en Mercadona en 2012.


El juicio, casualmente, va a tener lugar una semana después de conocer el informe del relator de la ONU en el que, entre otras cosas, dice que las altas tasas de pobreza en España “son una opción desde la política llevada a cabo” en nuestro país.


Julio Anguita apoya con un vídeo a los y las sindicalistas del SAT. 


Anguita carga contra los jueces por el juicio al SAT: "La Justicia falla estrepitosamente"




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  Hoy se celebra el juicio contra los y las activistas del SAT que par a hacer visible la Pobreza y miseria de amplias capas sociales de nuestro país en 2012 realizaron la acción en dos supermercados de Mercadona. 


Les piden 30 años de cárcel porque se trata de escarmentar a quienes pongan en tela de juicio el Sistema no de impartir justicia.  


Ayer desde el Colectivo grabamos este vídeo- en el que nuestro compañero Julio se solidariza con la lucha y denuncia la situación-, que está siendo ampliamente reproducido por medios de difusión y redes.


 También nuestro compañeros de Paradigma han tratado el tema, aportando las conclusiones del relator de la ONU


Miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores van mañana a juicio por “la expropiación a Mercadona” en 2012



 




jueves, 6 de febrero de 2020

"¡Fuera! ¡Sinvergüenza!": los agricultores echan a Vox de la manifestación

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  • Algunos de los manifestantes han increpado al líder de Vox, que ha preferido marcharse

     

  • Abascal, Espinosa de los Monteros, Monasterio y una treintena de diputados han acudido a la concentración para respaldar a los agricultores

     

"Es lamentable que algunos vengan aquí a reírse de nosotros y a prometer cosas que saben que no van a poder cumplir". Ese ha sido el primero de los mensajes que le han lanzado a Santiago Abascal, que esta mañana decidía acercarse a la concentración convocada por asociaciones de agricultores y ganaderos ante el Ministerio de Agricultura.

 
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El líder de Vox dialogaba con algunos de los allí concentrados cuando uno de los portavoces de los agricultores le ha invitado a irse, megáfono en mano. A partir de ahí, los gritos de "fuera", "que se vaya" y cánticos de "sinvergüenza" han animado a Santiago Abascal a abandonar la concentración para que la cosa no llegara a mayores. Otros manifestantes han salido en su defensa. 


Y así, al compás del ruido ensordecedor de los cencerros y los silbatos, el líder de Vox, acompañado de la portavoz de su partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, y el portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, han enfilado el Paseo del Prado dejando a su espalda a las decenas de agricultores y ganaderos que se manifestaban, hoy, ante el ministerio para protestar por los bajos precios en origen y los posibles recortes en los fondos de la PAC, dos de las medidas que amenazan el futuro del sector en nuestro país.  


Vox, que ha presentado una Proposición en el Congreso en defensa de la agricultura española, ha asegurado que a pesar de las críticas expresadas por uno de los representantes de UPA, la acogida que ha tenido Abascal por parte de los manifestantes ha sido positiva. 


Los manifestantes que participan en la concentración frente al ministerio han cortado el tráfico a la altura de Atocha para denunciar la situación la situación que atraviesa el sector. 


"Queremos reivindicar precios justos. Los agricultores no queremos política. Los del campo llevamos viviendo así 40 años, llevamos en crisis 40 años reivindicamos precios justos", ha indicado un portavoz de los manifestantes, que pertenece a una cooperativa agraria. 


Las organizaciones UPA, COAG y ASAJA de la Comunidad de Madrid han convocado este miércoles una concentración de protesta frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para denunciar la "pésima" situación que atraviesa el sector. 
 








domingo, 2 de febrero de 2020

España da el primer paso para acabar con las subvenciones millonarias a los “agricultores de sofá”

El número de propietarios de tierra que reciben ayudas europeas duplica al de autónomos y empresarios que trabajan en el campo. Foto: PxHere


 Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas pactan defender en Europa la eliminación de los “derechos históricos” en la reforma de la Política Agraria Común, que superan los 4.000 millones al año y no tienen en cuenta la producción, y primar las ayudas a los agricultores que realmente viven del campo



España se ha decidido al fin a erradicar las subvenciones millonarias que año tras año reciben los llamados “agricultores de sofá”, propietarios de tierras que llevan década y media participando en el reparto de más de 4.000 millones de euros anuales sin que sus tierras produzcan. Viven prácticamente de rentas, garantizándose el cobro con solo realizar leves labores en los campos.



El Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas acordaron el lunes en un Consejo Consultivo Extraordinario de Política Agrícola, a propuesta del consejero aragonés del ramo, Joaquín Olona, defender en Bruselas la eliminación de los llamados “derechos históricos” de la PAC (Política Agraria Común), que en la práctica suponen distribuir más de 4.000 millones de euros al año entre quienes mantienen desde 2003 la propiedad de tierras en un reparto basado en la producción media de esas fincas entre los años 2000 y 2002, con independencia de que hoy se cultiven en realidad o se apaciente ganado en ellas. Basta con mantener los derechos para cobrar las ayudas europeas.


La propuesta tuvo el apoyo de catorce de las diecisiete comunidades autónomas y el respaldo del ministerio. Galicia optó por una postura ambigua, mientras que Andalucía, en pleno traspaso de poderes, y Extremadura no asistieron. La primera de estas últimas, que es la principal perceptora de ayudas, se ha mostrado siempre contraria a la supresión.



Esa normativa comunitaria, que debe revisarse el año que viene con la aprobación del nuevo reglamento de la PAC, da lugar a situaciones delirantes, como que se siga pagando 27 euros por cordero a quienes los criaban en 2002, cuando la cabaña ha caído de más de 220.000 cabezas a menos de 120.000 en doce años según los datos del Ministerio de Agricultura, o a que algunos terratenientes continúen cobrando por el cereal que cultivaban a principios de siglo en tierras que hoy explotan como cotos de caza tras haberlas transformado en pastos.


“Los condicionantes para mantener los derechos históricos son mínimos, en ocasiones basta con labrar los campos o arrendarlos para pastos. 


Esas condiciones son fácilmente asumibles por alguien que no quiera producir, y eso mantiene la tierra secuestrada, sin que puedan incorporarse jóvenes agricultores al sector”, explica José María Alcubierre, secretario general de la organización agraria UAGA. No es para menos, cuando los derechos históricos garantizan el cobro de hasta 150.000 euros por cada solicitud de la PAC.


¿Cuántos “labradores de sofá” hay?

 

¿Cuántos “labradores de salón” hay en España? Resulta prácticamente imposible de determinar, aunque algunos datos estadísticos dan pistas.


 Así, 783.604 propietarios de tierra recibieron ayudas de la PAC en 2017, año en el que, según la EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística), trabajaban en el campo 297.300 agricultores como autónomos y/o empleadores; es decir, menos de la mitad, dos de cada cinco, aunque a ese dato hay que sumarle el de las empresas agrarias.


Estos últimos se están reduciendo a un ritmo de más de 7.000 al año, en un proceso al avance de la industrialización de la agricultura y del acaparamiento de tierras, que en algunas zonas de España alcanza niveles semejantes a los de Sudáfrica, Brasil o Colombia aunque con el matiz de que a menudo se trata de arriendos.


Así, y según los datos del propio FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), no resulta extraño que municipios como Madrid concentren a 26.690 perceptores de ayudas de la PAC, que Barcelona concentre a 4.844, que en Valencia residan otros 10.023, que en Sevilla haya 12.702 o que en Zaragoza vivan 8.924 más. Las cinco principales ciudades del país suman 63.183 “agricultores”, el 8% del total.


Las subvenciones de la PAC en España, que se distribuyen por un complejo sistema de reparto con varios bloques, ascendieron a 5.438 millones de euros en 2017, a 5.498 millones en 2016 y a 5.584 millones en 2015, lo que supone que más del 70% de esos fondos se reparten con base en los Derechos Históricos.


El presupuesto comunitario las cifraba en 4.260 millones de 5.705 (74,6%) para 2017, según un documento del Ministerio de Agricultura. Su peso en el reparto es algo inferior al 78,6% (35.524 de 45.186) del conjunto de la UE.


La propuesta tuvo el apoyo de catorce de las diecisiete comunidades autónomas y el respaldo del ministerio. Galicia optó por una postura ambigua, mientras que Andalucía, en pleno traspaso de poderes, y Extremadura no asistieron. La primera de estas últimas, que es la principal perceptora de ayudas, se ha mostrado siempre contraria a la supresión.

 

“Las ayudas deben ir a quien trabaja la tierra”

 

“La eliminación de los derechos es un elemento clave para facilitar la entrada de jóvenes agricultores al sector”, sostiene Olona, partidario de establecer límites en los pagos y de situar en un primer plano para su cálculo la rentabilidad de las explotaciones, ya que “el actual modelo de pagos en base a derechos históricos da lugar a una discriminación injustificable de todo aquel que se incorpore a la actividad agraria o incremente su explotación”.


En este sentido, reclamó que de una vez por todas se defina qué es el “agricultor genuino”, que vendría a ser el que tiene en el campo su principal fuente de ingresos, y que pasaría a convertirse en el principal destinatario de las ayudas tras la eliminación de los Derechos Históricos.


Cuando se estableció este sistema, recuerda José Luis Miguel, director técnico de la organización agraria COAG, “se trataba de compensar la diferencia de los precios en función de la producción”. 


Sin embargo, se muestra cauto sobre la solución si los Derechos Históricos son eliminados.


“Apoyamos que el reparto de los fondos esté vinculado al cultivo de la tierra –explica-. 


Quien tiene que recibir las ayudas es quien trabaja el campo, pero en función de cómo se haga puede haber tanto pequeños agricultores como terratenientes que salgan beneficiados o perjudicados, según el caso, ante la enorme diversidad de cultivos y de zonas (hay oficialmente 50) que tenemos en España”.


Alcubierre, por su parte, se pronuncia en términos similares. “Si cualquiera que tenga tierra puede cobrar, la trabaje o no, no hemos hecho nada”, señala. Y, en este sentido, reclama “medidas de profesionalización del campo” para “que el ‘agricultor genuino’ sea el profesional” y “no olvidar el carácter social, porque de lo contrario podemos acabar teniendo una agricultura profesional sin agricultores”.


Por otro lado, advierte, “los Derechos Históricos se vendieron en su día como las pensiones del mundo rural, pero tanto eso como los servicios en las zonas rurales hay que revisarlo si se eliminan para garantizar pensiones dignas y calidad de vida a los mayores”.




 Ministerio de Agricultura y comunidades autónomas pactan defender en Europa la eliminación de los “derechos históricos”