Conflictos mundiales * Blog La cordura emprende la batalla


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martes, 12 de abril de 2022

Intervention d'Aitor Esteban sur la situation en Ukraine


Intervention d'Aitor Esteban sur la situation en Ukraine

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  Intervention d'Aitor Esteban sur la situation en Ukraine lors de la séance plénière du Congrès des Députés le 2 mars 2022.






lunes, 28 de marzo de 2022

CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA ¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?



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CONFLICTO ENTRE RUSIA Y UCRANIA ¿CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ?  

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.Pedro Baños, coronel del ejército de tierra español y experto en geopolítica, llega a The Wild Project para arrojar luz sobre cómo funciona el mundo y las relaciones entre países realmente.

 ¿Qué está pasando realmente en Ucrania?, 

El tremendo poder de China a nivel global ahora mismo, Como Rusia y Estados Unidos ya están en una guerra fría desde hace años, 

Los poderes en la sombra que dominan el mundo, George Soros y su gran influencia... 

Y mucho más. ¡No te lo pierdas! -

 Redes de Pedro:  






viernes, 11 de marzo de 2022

Es mucho más difícil hacer la paz que la guerra |

 

 Es más difícil hacer la paz que la guerra. 

Pero no nos engañemos.

 

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 Es mucho más naíf pensar que la invasión rusa de Ucrania se resolverá a través de respuestas militares que a través de una salida dialogada y negociada. 

Todos los esfuerzos deben de ir encaminados a ello.

 


 

viernes, 23 de abril de 2021

La estafa de las farmacéuticas: Pfizer recibe 15,50 euros por dosis y sin responsabilidad ninguna

 

La estafa de las farmacéuticas: Pfizer recibe 15,50 euros por dosis y sin responsabilidad ninguna

 

Se empiezan a desvelar los detalles contractuales de la Unión Europea con las farmaceúticas. La última noticia la ha destapado La Vanguardia y muestra el pago por dosis a Pfizer además de su protección frente a futuros problemas de salud derivados de la vacunación.

  

Desde que la vacuna fue una realidad en los laboratorios de las grandes farmacéuticas, se empezaron a redactar los contratos con los gobiernos, y en el caso de Europa, con la Unión Europea.

 

Desde un inicio se buscó mantener estos lucrativos acuerdos bajo secreto, aduciendo, como es habitual en el capitalismo, a la necesidad de preservar estos datos ocultos para no alterar la competencia ni las negociaciones con otros competidores, en este caso, otras farmacéuticas. Pero lo cierto es que el candado en estos casos se cierra para que no salga a la luz pública los lucrativos y multimillonarios negocios que realiza el sector privado con las instituciones públicas poniendo la alfombra roja.

 

Pero la presión por conocer los contratos abrió varios de esos candados y obligó a la Unión Europea a hacer públicos los contratos. Eso sí, los amigos de Bruselas se encargaron de distribuirlos con tachones que impedían la lectura de los aspectos más sensibles: precio por dosis, las fechas de entrega o las obligaciones legales de las compañías.

 

No obstante ahora el diario La Vanguardia ha podido acceder al primer contrato suscrito entre la UE y la farmacéutica Pfizer y se descubren algunos aspectos que vuelven a poner de relieve la estafa y extorsión que están realizando las farmacéuticas, con la ayuda de las instituciones públicas, en este contexto.

 

Si hace unas semanas un miembro de la Comisión Europea aseguró que el precio de una dosis de Pfizer era de 12 euros, lo cierto es que se quedó corto. El contrato inicial de 200 millones de dosis ampliables a 300 establece un precio de 17,50 euros para los 100 primeros millones y de 13,50 euros para los siguientes, lo que da un precio medio de 15,50€ millones, impuestos aparte.

 

Para las siguientes 100 millones de dosis, el contrato establece un precio igual, de 15,50 euros si el contrato se ordenaba en los siguientes tres meses. De no ser así, el precio aumentaría a 17,50 euros.

 

Además de estos precios, el citado documento hace referencia a los daños a terceros que puede ocasionar la vacuna y el papel de la farmaceútica en este punto. Pues bien, una vez las dosis han sido entregadas a los organismos estatales competentes, Pfizer no se hace cargo de absolutamente cualquier indemnización a terceros. Un auténtico chollo, un juego donde han marcado todas las cartas de la baraja y han escrito las reglas.

 

 

Un negocio manchado en sangre

 

El negocio económico para las farmacéuticas está siendo incontestable. Hace unas semanas salía a la luz pública que Astrazeneca tan solo había soportado un 3% del coste total de la investigación de su vacuna. Apenas 4 millones de los 120 millones que ha costado el desarrollo, mientras el Reino Unido y la Unión Europea habían aportado entre ambos cerca de 80 millones.

 

Y todo para que finalmente la farmacéutica cuente en su propiedad con la patente y pueda así seguir haciendo aún más negocio. Absolutamente criminal.

 

No es diferente con Pfizer, haga el lector una observación rápida. El presidente de Pfizer, Albert Bourla, eleva a unos 1.700 millones de euros la inversión de la farmaceútica para la realización de la vacuna. En enero de este 2021 la UE confirmó la compra de 600 millones de dosis, las cuales sabemos que serán vendidas cada una 15,50 euros.

 

Es decir, 600 millones por 15,50 euros nos arroja un valor de ventas de 9.300 millones, o lo que es lo mismo, por cada euro invertido en términos brutos Pfizer está recuperando la inversión y ganando 4,5 euros extra. Esto solo por ahora.

 

Un dantesco negocio que se sustenta en la especulación y sobre la vida de los más de 3 millones de fallecidos en el mundo por la covid.

 

Ante esta situación, y muchas otras que no conocemos por estar aún bajo candado, no hay otra salida racional que la eliminación de las patentes y el reparto gratuito de vacunas en todo el mundo, acabando así con el criminal negocio de las farmacéuticas y con la competencia avariciosa de los Estados capitalistas.

 

Fuente: Izquierda Diario

 

 

 


 

martes, 27 de octubre de 2020

Lo que Sánchez ha prometido a Bruselas a cambio de los 140.000 millones en ayudas a la reconstrucción

 

 La UE impone severas condiciones a España como la reforma del mercado laboral para reducir el paro endémico, la transformación de su obsoleto modelo productivo, la transición ecológica y la lucha contra el fracaso escolar

 

Nadie da nada a cambio de nada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se dejó ver ayer, por videoconferencia, en la reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. 

 

Su aparición casi mariana para ratificar los 140.000 millones de euros en ayudas europeas fue un espaldarazo definitivo al Gobierno de coalición y a sus políticas pese a la cruenta ofensiva de Pablo Casado, que en las últimas semanas se ha dedicado a propagar en Bruselas la patraña de que España no es un país con garantías democráticas y respeto a los derechos fundamentales. 

 

Von der Leyen ha desbaratado el complot del líder del PP para boicotear las ayudas y de momento parece seguro que España va a recibir un primer paquete de ayudas por importe de 72.000 millones de euros en tres años con cargo a los fondos europeos para la reconstrucción de su maltrecha economía devastada por la pandemia. Ahora bien, en todo contrato hay una letra pequeña y conviene analizar qué ha ocurrido y qué se ha negociado tras las bambalinas entre la UE y el gabinete socialista/morado.

 

Parece seguro que las gestiones diplomáticas españolas han dado resultado en los últimos días, aclarando un panorama que se había tornado muy turbio para los intereses de nuestro país. El barullo provocado intencionadamente por Casado al negarse a renovar los altos cargos del Poder Judicial disparó todas las alarmas en Bruselas, hasta tal punto que el Gobierno de coalición estuvo al borde del expediente sancionador por incumplimiento de las obligaciones democráticas. 

 

¿Qué está pasando en España?, se preguntaban inquietas sus señorías del Europarlamento. ¿Es cierto que la parálisis institucional ha llegado a tal nivel de convertir el Estado español en un Estado fallido?, murmuraban los diputados de los países ricos por los pasillos de la cámara legislativa europea.

 

Fue entonces cuando la diplomacia de Sánchez movió ficha. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, pidió entrevistarse con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para aclarar la situación. En una conversación telefónica informal mantenida a petición de la jefa de la diplomacia española, González Laya garantizó que la democracia española no está amenazada, tal como insinuaba Casado, al tiempo que se mostró dispuesta en nombre del Gobierno español a abordar cuantas reformas sean necesarias para corregir las disfuncionalidades de nuestro devaluado Estado de derecho.

 

 De alguna manera, las hábiles gestiones de la ministra de Exteriores dieron su fruto, más aún cuando horas después, en el Congreso de los Diputados y durante la fallida moción de censura de Vox, Pedro Sánchez anunciaba que ponía el reloj a cero, aparcaba la reforma exprés del Poder Judicial, e invitaba a Casado a negociar la renovación de los cargos del CGPJ. Fue una jugada maestra que llegó a oídos de las autoridades de Bruselas y que contribuyó a apaciguar todavía más la situación.

 

Es evidente que el Gobierno salvó un match point, pero quizá la jugada no nos haya salido precisamente gratis a los españoles. En las negociaciones in extremis llevadas a cabo estos días entre Madrid y Bruselas hay un paquete con hasta ocho medidas trascendentales para la economía y los derechos sociales que tendrán que aplicarse en nuestro país en los próximos meses, sí o sí, a cambio del ansiado maná de las ayudas oficiales. 

 

Es decir: españolitos, si queréis el dinero para salir de la miseria tendréis que ser buenos y aplicados con las cuentas públicas y hacer bien los deberes. 

 

No estamos en presencia de un chantaje como el sufrido durante el rescate bancario de Grecia a manos de los hombres de negro durante la crisis de 2008, sino de una tabla de objetivos a cumplir a cambio de los 140.000 millones que España tiene previsto recibir en los próximos tiempos y que se recogen en las recientes recomendaciones de la Comisión Europea para nuestro país.

 

Así, Bruselas quiera acabar con la elevada tasa de desempleo en España, una de las mayores de toda la zona euro. Europa está harta de nuestro paro juvenil y larga duración, de la precariedad laboral y de los infames contratos temporales. De entrada, la reforma del PP no parece que vaya a ser derogada y no extrañaría que a corto plazo asistiéramos a la implantación de medidas de indemnización por despido como la “mochila austriaca”.

 

 Por supuesto, las pensiones van a ser examinadas al céntimo. Vamos hacia medidas correctoras, se dejará de incentivar la jubilación anticipada y probablemente el gasto del Estado en pensiones bajará por debajo del 15% del PIB, según adelanta el diario El País en su edición de ayer.

 

Pero hay más. Las ayudas penalizarán a pymes y microempresas. Bruselas considera que España tiene demasiadas sociedades improductivas, no competitivas o zombis y pretende corregir ese modelo empresarial. Vamos hacia la profunda transformación de sectores como el turismo, la automoción, la alimentación, el comercio, la salud y la energía.

 

 En ese aspecto, Bruselas exigirá una unidad de mercado que coordine las acciones de las autonomías. Por supuesto, España tendrá que mejorar la tasa de fracaso escolar, de las más altas de Europa, impulsar la Formación Profesional, y acometer una ley de reforma educativa. 

 

Paralelamente, tendremos que modernizar la economía haciéndola completamente digital, así como informatizar administraciones obsoletas (justicia, servicios públicos, desempleo, sanidad y administración territorial). España tendrá que comprometerse a gastar el 2% de su PIB en investigación, desarrollo e innovación o pondrá en riesgo las ayudas comprometidas. 

 

Además, nuestra economía tendrá que entrar de lleno en la energía sostenible y renovable y el proceso de transición ecológica. Finalmente, y en contra del discurso de Casado y Abascal, los impuestos subirán para sostener el Estado de bienestar, ya que la recaudación y la presión fiscal están muy por debajo de la media europea. La UE ya no quiere esperar más: o España cumple o el dinero no llegará.

 

 

  

 

 

sábado, 17 de octubre de 2020

Canarias al borde del colapso socioeconómico

 

 

Canarias al borde del colapso socioeconómico

 

Que la economía isleña es frágil es una evidencia. Que esta fragilidad es devenida del monocultivo del turismo impuesto desde la metrópolis también. Esta situación, como era de esperar, se ha agravado a raíz de la crisis sanitaria devenida de la COVID-19 y está muy lejos de solucionarse. Los datos del Informe El Estado de la Pobreza en España 2008-2019, previos a la pandemia, son de por sí motivo de alarma e indignación. Un informe que, sitúa a un 35% de la población en la pobreza y/o exclusión social. En la comparativa con el resto del Estado español, esto coloca al archipiélago diez puntos por encima de la media. Si se establece la relación con la Unión Europea, son nueve puntos por encima con respecto a las cuotas “normales” de miseria de la misma.

 

Dicho esto, estados como Rumanía o Bulgaria, absolutamente extraños para la población canaria, pero que, presumiblemente serían catalogados como “pobres”, estan de hecho en mejores condiciones que el archipiélago. Así, cada uno de estos estados tiene a un 32,5% y un 32,8% de su población sumida en la pobreza, respectivamente. Hay que atender, en dicha comparativa, también a las grandes diferencias poblacionales entre dichos países y el archipiélago norte-africano. En Canarias residen mas de 2 millones de personas, pero también se sostiene la llegada masiva de un turismo de “bajo coste” (gestionada por touroperadoras extranjeras). 

 

Una carga extra, que por ejemplo durante 2018, llegó a suponer la llegada de 13,7 millones de personas, según diversos medios. En definitiva no se trata sencillamente de que dicha diferencia poblacional “minimice” los datos, sino que al contrario, hace notar las grandes asimetrías entre quienes acuden a disfrutar de sus vacaciones y quienes de hecho viven una realidad paralela: la de la pobreza endémica. Y es que este turismo de masas nunca se ha traducido en mejoras sustanciales para la mayoría social de Canarias, al contrario, consume a muy bajo coste los recursos de por sí escasos del país: infraesutructuras, sanidad, riquezas ambientales, etcétera.

 

Aunque estos datos sufrieron una ligera mejoría desde 2018, lo cierto es que, según la tasa Arope de Canarias, 800.000 isleñas e isleños pasaban por dificultades económicas. Dicho esto, según los últimos datos de que disponemos, 628.282 personas (un 28,5%) viven con 641 euros mensuales, mientras que la pobreza severa afecta a 247.378 personas, que viven con menos de 500 euros al mes. Estos datos solo son comparables con los de Andalucía o Extremadura, que encabezan el lamentable podium de las regiones más empobrecidas del estado. Posiblemenente la cifra mas indignante es la de 86.000 personas que se encuentran en condiciones de privación material severa. Un 3,9% de la población que vive en condiciones, no ya de precariedad, sino de pobreza absoluta.

 

Una situación que coloca a la colonia ocupada por el Reino de España al borde de un colapso socio-económico. Después de décadas de gobierno de Coalición Canaria, y a pesar de un “Pacto de las flores” progresista, parece que la única respuesta a este callejón sin salida cae en manos del pueblo trabajador. Y es que, quizás, precisamente por miedo al ansia de justicia de estas gentes, se escogió ponerles por himno una canción de cuna (el Arroró), seguramente para prevenir el despertar de dicho pueblo.

 

 
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lunes, 17 de agosto de 2020

El crímen beneficia al Capital




El desolador espectáculo cotidiano de mendigos, prostitutas, enfermos mentales, mujeres,  hombres, adolescentes,  sobreviviendo en la calle, se multiplica día a día en que la crisis económica ha caído sobre España como una de las plagas que nos están destrozando. 


Viendo muchachas bonitas pidiendo limosna, jóvenes que parecen instruidos mendigando para desayunar, hombres adultos que  han trabajado muchos años varados en el aeropuerto de Barajas, detenidos por la pandemia, sin poder comer, me planteo el panorama inmediato de nuestro país. 


La pobreza avanza sin que las medidas anunciadas por nuestro gobierno sean eficaces para detenerla por falta de financiación y de inteligencia para implementarlas,  y que además nunca contemplaron erradicarla. 


Los sectores sociales más desfavorecidos que siempre estuvieron abandonados de la protección estatal aumentarán en número y en situación desesperada y la única alternativa será dedicarse a la delincuencia. Y eso siempre beneficia al Capital.


El primer sector que ganará será el de la prostitución. No se ha conseguido abolir la prostitución en los 42 años de democracia que disfrutamos y no será ahora cuando se apruebe la ley.


 Aquellos partidos que abogan por legalizarla, como Podemos, los Comunes, Ciudadanos, Esquerra Republicana votarían en contra si el PSOE se atreviera presentarla, propósito éste que no se adivina. Porque el lobby prostituidor aumenta sus ganancias con la incorporación de nuevas esclavas, y también hombres y niños y niñas, arrastradas por la desesperación. 


En ese negocio ganan proxenetas propietarios de hoteles, casas de masaje, clubs de carretera, lupanares, casas de citas, y toda la gama de distintos nombres con se encubren los burdeles.


 En esos establecimientos trabajan chulos, madames, limpiadoras, camareros, gerentes, administrativos. La amplia gama de oficios que se necesitan en los negocios.


La mafia necesita también sicarios que mantengan el orden y eviten protestas y rebeliones, que se relacionen bien con las diversas policías que operan en el país: municipales, nacionales, autonómicas, Guardia Civil, mediante el mejor de los argumentos: el dinero. 


Ese dinero fluye también hacia algunos de los cargos de las instituciones en los Ayuntamientos, los gobiernos de las Comunidades, diputados, senadores, jueces, magistrados, forenses, oficiales de la Administración de Justicia, Consejeros del Poder Judicial, dueños de medios comunicación, periodistas. 


También, naturalmente, beneficia, aunque sea a pequeña escala, a los sinnúmeros negocios que se crean para abastecer los prostíbulos, desde los establecimientos de restauración y cafeterías a las perfumerías, el vestido, las peluquerías y esteticienes. 


Las clínicas de muchas especialidades médicas que afectan a ese colectivo social: abortos, enfermedades de transmisión sexual, psiquiatras y psicólogos, cirugía estética y reparadora. 


A la prostitución se añade el negocio de la pornografía, con la legión de profesionales del cine y de la administración de empresas que requiere, y que es muy útil para adiccionar a jóvenes y menos jóvenes a la prostitución y que enseña a mantener las reglas del Patriarcado, lo que siempre es rentable.


Por ello, la Unión Europea ha dictado la norma de que los Estados europeos incluyan en el cómputo del PIB los ingresos por prostitución. 


Otra vía de supervivencia para muchachos desasistidos, de familias desestructuradas, pobres, sin instrucción ni posibilidad de empleo, es el narcotráfico. Desde la adolescencia y a veces la infancia los “ganchos” adiccionan a muchachos a diversas drogas, ellos serán los camellos más eficaces para infectar a otros amigos. 


De allí a la amplia cadena de los traficantes, los que transportan la droga desde países lejanos, la almacenan y la distribuyen, los que montan laboratorios clandestinos y suministran a hoteles, bares, balnearios, discotecas, la cantidad de gente que vive o sobrevive de infectar a la población en el consumo de marihuana, cocaína,  heroína y combinados artificiales es incontable. 


Esa mafia, como la de la prostitución, tiene también que crearse sus aliados, confidentes, cómplices y encubridores en toda la gama de trabajadores y participantes en las instituciones, que ya he nombrado. 


Los ingresos de la droga y la prostitución superan juntos a los que proporciona el tráfico de armas y constituyen el número dos y tres en el ránking de los negocios ilegales más beneficiosos e importantes del mundo. 


Por ello, también  la Unión Europea ha dictado la norma de que los Estados europeos incluyan en el cómputo del PIB los ingresos por tráfico de drogas.


A estas adicciones tan rentables se unen el juego y el alcohol. En todos los barrios modestos se han abierto casas de juego, las apuestas y las timbas se anuncian en televisión, eso sí, con un cartelito ejemplarizante que dice “juega con responsabilidad”. 


También se añade a la publicidad del alcohol ese consejo tan bien intencionado. Las personas que trabajan en todo el entramado del juego y del alcohol cumplen el mismo papel que en la prostitución y el tráfico de drogas, desde crupiers y camareros a administrativos, que son indispensables para que los negocios sean rentables. 


Después es preciso, en un país avanzado, organizar el tratamiento de los ludópatas y de los alcohólicos. Médicos, asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras, clínicas de rehabilitación, granjas de recuperación de los adictos y medicamentos. Muchos medicamentos para que la industria farmacéutica no deje de ganar.


 De la misma manera que el Capital organiza y lleva a cabo las invasiones y las guerras que destruyen las ciudades y es preciso después reconstruirlas, con lo que el negocio es doble: armas y ejércitos y empresas, arquitectos y albañiles, los adictos se fabrican y después hay que rehabilitarlos. 


A estas formas tradicionales de cometer crímenes se ha unido en la actualidad la presión del lobby trans que pretende hacer desaparecer a las mujeres, imponiendo la abolición del sexo. Esta ideología delirante que no se hubiera imaginado hace unos años se ha convertido en otra fuente de negocios. 


Además de pseudo intelectuales y pseudo feministas que escriben libros, dan cursos y conferencias difundiendo esa doctrina, se precisa una legión de  psicólogos, psiquiatras, endocrinos, pediatras y cirujanos, que deben atender las demandas de los que descubren que su género no es el del sexo que se les asignó al nacer.  


Las clínicas de reasignación de sexo con la plantilla de trabajadores que precisan y toda la gama de medicamentos que abarcan desde antidepresivos a hormonas, amén de los que se precisan en operaciones quirúrgicas enormemente agresivas, y cuyo consumo da grandes beneficios a las farmacéuticas.


Y en los casos en que los afectados se arrepienten de la trascendental decisión que tomaron sin tener un conocimiento exacto de sus consecuencias, muchas veces en edades en que no se tiene completo uso de las facultades mentales, y en otras por la propia patología del paciente, estos pueden recurrir nuevamente a la legión de profesionales que procederán a deshormonarles y hormonarles, según sea adecuado, a operarles y a desreasignarles el sexo, con la necesaria atención psicológica y psiquiátrica y los medicamentos correspondientes. 


A estas nuevas formas de delincuencia se ha unido últimamente el negocio de los “vientres de alquiler” que utilizan la facultad reproductora de las mujeres pobres en mercancía, fin siempre deseado del Capital. 


Agencias de contratación de víctimas, de viajes, la industria hotelera, abogados y personal de consulados y la Administración de justicia, están empleados en cumplir los deseos de personas que como no pueden engendrar sus propios hijos los contratan en el útero de alguna hembra humana. 


Pero no son sólo estas formas de delincuencia las que benefician a los numerosos negocios del Capital. Indirectamente, todo delito, aún los de menos importancia y cuantía, proporciona un éxito a los gobernantes de derechas porque les permite implantar una política represiva.


 Incluso el más pequeño descuidero que roba un bolso a una vecina provoca una reacción de indignación en el barrio que reclama indignado más protección, más policía, más leyes represivas. 


Cuantos más delitos comunes se realicen más proclive estará el pueblo a votar a los partidos de derecha y ultra derecha que prometen mano dura contra los delincuentes. 


A estos les siguen los emigrantes, los refugiados, los africanos y algunos latinoamericanos y los chinos que montan negocios que quitan la clientela a los comerciantes del barrio. 


Cuanta más indignación se provoque en las clases populares víctimas de robos, agresiones y violaciones, más fácil le es a la derecha ganar estima y apoyos.


 La ciudadanía que se queja de los altos impuestos para pagar la sanidad, la educación, la asistencia social, está dispuesta a pagarlos para aumentar los efectivos policiales y represores, y los partidos xenófobos ganan enseguida apoyos para expulsar a los emigrantes.


Los diputados y senadores de los partidos ultras se sienten reforzados en sus reclamaciones de leyes más duras contra los extranjeros, y los demás partidos, ante el crecimiento de esas peticiones varían sus programas y los acercan a los de la ultra derecha para no perder votantes y afiliados y quedarse en la irrelevancia. 


No estoy contando ninguna fantasía propia, es lo sucedido en Francia, en Italia, en Hungría, en Polonia, en Reino Unido, en EEUU… 


Las leyes represivas del crimen son muy útiles también para perseguir las organizaciones sociales y políticas que protestan y critican el gobierno y el sistema.


 Nuestra Ley Mordaza impuesta por el PP que lleva una decena de años en vigor no ha sido ni aún modificada por el partido socialista a pesar de que éste gobierna hace ya casi tres años.


 Siempre se puede perseguir a un rapero, a una twitera, a unos titiriteros, que dicen cosas hirientes y molestas contra el poder, a un colectivo que se manifiesta sin permiso en la calle, a los indignados que se enfrenten a la policía, utilizando los artículos de la Ley mordaza.  


Es también muy beneficioso para diversos negocios e intermediarios que se monten negocios de seguridad ante el aumento del crimen. Sistemas de alarma, puertas blindadas, rejas para las ventanas. 


El clima de peligro se alimenta con las amenazas de los portavoces del Apocalipsis que se avecina ante el aumento de delincuentes que se han introducido en nuestro país.


 El crimen organizado tiene a su vez sus propios empleados, intermediarios y negocios, que a su vez rinden beneficios a los funcionarios de toda laya y a políticos, jueces, médicos, legisladores, como ya he relatado antes.


Además, que exista un gran sector social que vive en la marginación, oscilando entre la mendicidad, el delito y la prostitución, favorece mucho al Capital. Es el ejército de trabajadores de reserva de que hablaba Marx. 


Esos desgraciados están dispuestos a emplearse por un plato de comida sin reclamar protección alguna y constituyen el mejor dumping para las empresas que pueden reducir cada vez más los salarios y los derechos de los trabajadores. 


De modo que pretender que se elimine la pobreza y se proceda a un reparto justo de la riqueza no beneficia al Capital. Por el contrario le quitaría muchos de sus ingresos y prebendas, y a todos los círculos que le amparan, le protegen, le juzgan y son sus cómplices y encubridores. 


Este retrato real de nuestra sociedad tendría que servir para desvelar los verdaderos propósitos de los partidos que defienden la legalización de la prostitución y de las drogas, que mantienen la producción de alcohol y las casas de juego, que se niegan a derogar la reforma laboral, que hablan de más desregulación del empleo, de libertad para acabar con las leyes protectoras de los trabajadores, que permiten las deslocalizaciones de empresas, y que además, para más cinismo, piden ayudas económicas al Estado, como hace Feijoó en Galicia.


 Y desanimar a la ciudadanía que se deja deslumbrar por los discursos vibrantes de la derecha y la ultra derecha contra los enemigos de la Patria, la religión y la familia, que siempre es la izquierda.


Aunque lo peor es que hoy la izquierda institucional está a favor de regular la prostitución y las drogas y permitir la pornografía y legalizar los negocios trans, sin que se propongan calificar de delito “los vientres de alquiler”.  








jueves, 13 de agosto de 2020

Así es el capitalismo: Las grandes fortunas mundiales y españolas se han enriquecido con la pandemia

 

Así es el capitalismo: Las grandes fortunas mundiales y españolas se han enriquecido con la pandemia



La pandemia de coronavirus ha tenido ya un coste de cerca de 10 billones y medio de euros para la economía mundial, pero el mordisco no ha llegado a los supermillonarios, cuya fortuna había crecido en casi 250.000 millones de euros más que a mediados de marzo, según datos de la lista Forbes hasta mayo.




Entre el 23 de marzo y el 22 de mayo, ni una sola de las 25 mayores fortunas del mundo ha disminuido, y el que más beneficio ha obtenido en los meses más duros de la pandemia ha sido el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, que ha pasado de la séptima a la cuarta posición, avanzando entre otros especulador Warren Buffet, con sus casi 75.000 millones de euros.




Los más ricos de mundo, según la lista Forbes
 


La lista lo encabeza el propietario de Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio estimado en 126.500 millones de euros, más del doble que el único español de la lista, el fundador de Inditex, Amancio Ortega, que con 55.000 millones ocupa la décima posición y es el hombre más rico del Estado.



Cuando Bill Gates -el segundo más rico del planeta, con 92.000 millones- aseguró que la filantropía tiene que ser voluntaria seguramente no imaginó que 83 millonarios de los Estados Unidos, Alemania, Francia, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Suecia y Nueva Zelanda llegarían al extremo de pedir subidas de impuestos a los más ricos.




Quizás movidos por un impulso filantrópico o por la mala conciencia por lo bien que les va todo mientras la COVID-19 arrasa, 83 millonarios -ninguno de ellos español- dirigieron una carta abierta a los gobiernos de todo el mundo para que les subieran los impuestos.






«Tenemos dinero, muchos, dinero que se necesita desesperadamente ahora y seguirá siendo necesario en los años próximos, a medida que nuestro mundo se recupere de esta crisis«, afirmaban en la misiva.



«Hoy, nosotros, los millonarios abajofirmantes, pedimos en nuestros gobiernos que aumenten los impuestos a personas como nosotros. Inmediatamente. 


Sustancialmente. Permanentemente«, concluía la carta.


Pero ninguno de estos 83 superricos lo es bastante rico para figurar en la lista Forbes, lo mismo que le ha pasado a la pequeña del clan Kardashian, Kylie Jenner, a la cual la publicación le ha quitado el título de billonaria, que le otorgó por primera vez en 2019, por su «entramado de mentiras» con el cual exageró el valor de la compañía que fundó, «Kylie Cosmetics».


 En su obsesión para figurar, todavía sin serlo, entre las grandes fortunas del mundo, Jenner habría hinchado incluso sus declaraciones de la renta.


En el Estado Español el debate sobre la subida de impuestos a las grandes fortunas ha estado sobre la mesa política, pero sin mucha convicción; a comienzos de junio la comisión de Reconstrucción después del coronavirus rechazó las iniciativas en este sentido, a pesar de contar con el apoyo de Unidas Podemos, socio de gobierno, aunque que continúa abierta la posibilidad de subir los impuestos de sociedades, patrimonio o sucesiones.
Ortega es desde hace décadas el hombre más rico de España, a una distancia sideral de los siguientes clasificados


En las redes sociales son frecuentes las demandas para que el propietario de Zara pague más impuestos en lugar de hacer caridad: durante la pandemia, el empresario ha donado más de 60 millones de euros de material sanitario.


 La fortuna de Ortega se gestiona fundamentalmente a través de Pontegadea, que reúne todas sus sociedades de cartera, sus filiales inmobiliarias y participaciones empresariales.


Este vehículo de inversión tiene el 59,29% en Inditex, el 9,99% en la compañía de infraestructuras de telecomunicaciones Telxius y el 5% de la empresa de instalaciones de gas Enagás; el 2019 amplió su cartera inmobiliaria en un 15%.


Inmediatamente por detrás figura su hija Sandra, con una fortuna estimada de más de 5.000 millones de euros; le siguen el amo de Ferrovial, Rafael Del Pino y Calvo-Sotelo (4.000 millones); el propietario de Iberostar, Miguel Fluxà Roselló (2.600 millones); el fundador de Mercadona, Juan Roig (2.300 millones); el empresario Juan Abelló (1.900 millones); el promotor inmobiliario Tomás Olivera (1.800 millones), o la empresaria Alicia Koplowitz (1.700 millones).
 

 


 

jueves, 23 de julio de 2020

Con el rescate de la UE España se ha librado de un corralito bancario que tenía preparado para agosto 2020”

 

 Con el rescate de la UE España se ha librado de un corralito bancario que tenía preparado para agosto 2020”.


 El corralito era lo previsto para agosto, y que podrán evitar unos cuantos años hasta el 2030 con las aportaciones de Bruselas. Diez años por delante de cierta confianza pero que se regalarán como cosa propia cuando es cosa ajena de la amabilidad de Europa..


Bancos y Cajas y el propio Banco de España carecían de fondos que hubieran llevado a impagos. 


La situación la vimos asomar cuando el gobierno hizo un movimiento de trilero y concedió a las Comunidades Autónomas que no aportasen parte de sus impuestos este ejercicio a cambio de no recibir las partidas anuales asignadas.


En estos momentos el gobierno está pidiendo la colaboración al PP para aprobar unos presupuestos que saben que flotan en el aire porque están esperando las partidas de Bruselas que nos han regalado. 


Es decir, que van a echar mano trilera de las partidas sobrantes del presupuesto anual (que es dudoso que no se las hayan gastado), y sobre todo acordar con los bancos pagos y créditos sobre el dinero que esperan recibir para pagar lo que ya no pueden pagar. 


Las líneas de ayudas en créditos que ha anunciado Bruselas es justamente para eso, para que los bancos españoles puedan emitir créditos sin dinero a la espera del dinero electrónico que llegará.


 O sea que si el dinero que llega es para sufragar la garantía de los créditos que ya están emitiendo sin dinero alguno son una nueva estafa presupuestaria.


España y la banca española están en bancarrota, si no fuera por la aprobación de las partidas regaladas por la Unión Europea, España habría preparado una suspensión de pagos y la banca hubiera cerrado sus oficinas en España como habían previsto según muy buenas fuentes. 


Una suspensión de pagos que hubiera comenzado por los Ministerios del Estado, y seguido por las aportaciones a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y 2.578.388 de funcionarios sin cobrar.


El viaje de mendicidad y prepotencia de Pedro Sánchez por los países miembros de la UE era una desesperada de última hora como siempre se hace en España, tarde, corriendo y mal. 


Todo ha sido el conocimiento de la UE de que la situación real de España y de que si nos íbamos al traste el resto de Europa contagiada por lo que hubieran sido unas bolsas de mercado sin fondos hubiera barrido toda la economía europea como el efecto que se produjo en China hace tres años y que el gobierno tuvo que aprobar un plan de intervención en los mercados si se siguiera produciendo con aportaciones sin límite para el mantenimiento del sistema financiero.


Como siempre el gobierno, como el gobierno del PP antes, nos han mentido en la situación de nuestras finanzas. Preparaban un corralito y un cierre de la bolsa de Madrid si Sánchez no lograba un duro o pocos duros de esa Europa que siempre nos mantiene, antes con fondos de cohesión, y ahora con fondos de restructuración.


España es un desastre, solo sabe conjugar el rescate de sus bancos y el mantenimiento trilero de sus Sicavs cotizadas, y no sabe de ninguna manera crear empleo, aumentar o siquiera mantener el tejido industrial más que a base de negociar con empresas el que no paguen impuestos y cederles terrenos, permisos, y tráfico ilegal de capitales de adentro a afuera de nuestra Hacienda.


España no tiene solución, siempre seremos unos mantenidos de Europa, unos consentidos del fraude, de la falta de seriedad, de la prosperidad del amiguismo, de la falta de seriedad en definitiva. 


Negocios prósperos que casi siempre son de fuera instalados aquí, y si hay algo de aquí que funcione vendrá una multinacional a quedarse con la empresa dado el conocimiento que tienen de que llegado un nivel nos cuesta mucho mantenerlo.
 

 Las oportunidades de negocio de nuestras grandes empresas viene regulado por los accionistas de grandes fondos que arbitran para la Comisión Trilateral el reparto de la riqueza.


Nos gustaría que todo fuera de otra forma, pero sabemos que pensar otra cosa sería un sueño, y nadie como las corporaciones cotizadas lo saben.


Valías y capacidades hay a tropel, pero los valientes saben que cuando se toca techo aparecen los amiguetes, el sistema, la masonería, y gestores como Black Rock, JP Morgan, y Goldman Sach participantes en todas y cada una de las corporaciones de nuestro querido país.


Estas situaciones se arrastran desde hace seis siglos con una Edad de Oro que fue secuestrada meiténdonos en campañas militares en los Países Bajos para quedarse con el oro ganado en América, para someternos hasta la deuda y llevarnos a un no poder despertar para evitar que fuéramos imperio y que lo tuvieron fácil con unos borbones que siempre entregaron nuestro país, soberanía, y grandes negocios al extranjero. 


Un mal endémico hospitalado y que no tiene solución.



 https://eladiofernandez.wordpress.com/2020/07/22/con-el-rescate-de-la-ue-espana-se-ha-librado-de- 






domingo, 5 de julio de 2020

Así se lucran las farmacéuticas con las pandemias: "Venden por 2.000 euros medicinas que valen seis"

El coronavirus ya se ha cobrado más de medio millón de vidas en todo el mundo, mientras que las empresas de la industria de los fármacos imponen precios abusivos a la medicina que podría frenar la escalada de fallecidos.

 El gasto farmacéutico público subió en España hasta los 18.709 millones, más de un 4% respecto al año anterior


La aparición del antiviral Remdesivir, el primer medicamento destinado a paliar los efectos del coronavirus, ha generado un intenso conflicto después de que Trump comprara prácticamente el total de la producción de los próximos tres meses, iniciativa que ha dejado desabastecido a medio mundo.


En EEUU, cada paciente deberá desembolsar hasta 2.000 dólares por tratamiento, pese a que el fármaco tiene un coste de producción de unos seis. Si las mascarillas ya generaron una guerra comercial internacional, ¿en qué puede desembocar la lucha por las dosis para curar la pandemia?

Originalmente, y con otro nombre, el Remdesivir nació tras una investigación desarrollada para la lucha contra el ébola en 2013. Al demostrar una eficacia menor que otros medicamentos, cayó en el olvido, pero con la pandemia de la covid-19, Gilead, la farmacéutica que lo creó, hizo pruebas con él para ver qué resultados obtenía.


De forma inesperada, se ha convertido en el primer medicamento aprobado por la Unión Europea para combatir el coronavirus.

La industria farmacéutica ha estado siempre bajo lupa de sospecha por sus enormes beneficios y por discurrir su negocio en el camino intermedio entre la salud y las ganancias privadas. Basta ver Sicko, el documental dirigido por Michael Moore, para confirmar la triste realidad de la sanidad, mercantilizada hasta el tuétano en muchos países del mundo.


 De la mano del director, un puñado de norteamericanos cruzaban las escasas millas que separan EEUU de Cuba para descubrir un sistema donde la sanidad puede llegar a ser totalmente gratuita para los ciudadanos.

Los medicamentos son caros, los pague quien los pague. Los países que disponen de Seguridad Social o de sanidad pública evitan que sus ciudadanos acaben hipotecados para poder salvar la vida, pero comprueban en cambio cómo el gasto aumenta cada año, hasta niveles casi insostenibles, porque la industria de los fármacos tiene total libertad para fijar los precios de venta.


 En España, durante 2019, el gasto farmacéutico público subió hasta los 18.709 millones, más de un 4% respecto al año anterior, según datos de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento.

Ramón Gálvez, neurólogo y director gerente durante ocho años del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), pone fecha de origen a esta deriva neoliberal: "La industria farmacéutica tuvo un cambio en 1975. La Organización Mundial del Comercio (OMC) planteó que los medicamentos estuvieran sometidos a patentes.


 Esto permite que la empresa que logra producir un medicamento innovador disponga de al menos 20 años de exclusividad para su explotación. Durante ese periodo, la compañía puede poner el precio que desee". Hasta entonces, los medicamentos no habían estado nunca registrados bajo patentes.


 En España, la aplicación de la normativa es de 1985, entrando del todo en esa dinámica en 1989.

La medida, pensada para que durante esos años la farmacéutica recuperara la inversión en investigación y obtuviese ganancias, chocó de lleno con ciertas crisis de salud pública.


 "En Sudáfrica, durante un brote de VIH en torno al año 2000, con cientos de sudafricanos afectados, se descubrió un tratamiento eficaz basado en un cóctel de tres fármacos, inasumible por el precio.


 Esto generó manifestaciones a las que incluso Nelson Mandela acudió. Ante esta situación, el Gobierno alegó motivos de salud pública y quitó la patente al Laboratorio Novartis para poder producir este medicamento como genérico y ofrecerlo a un precio asumible", recuerda Gálvez.


La medida, aunque honorable, tuvo repercusión, ya que la farmacéutica se lanzó de lleno a un pleito contra el Ejecutivo sudafricano: "Casi la mitad de los abogados del país terminaron trabajando para la farmacéutica para indemnizar a Novartis". La Justicia dio la razón a la Administración.

De esta forma, los países africanos abrieron una ruta que podría ser continuada por muchos países azotados por la covid-19: las llamadas licencias obligatorias.


 Los gobiernos –entre los que se encuentra el de España– pueden solicitar la patente a la farmacéutica que tenga la exclusividad de un medicamento para producirlo y rebajar su coste, siempre que se justifique una "falta de explotación o la insuficiencia en calidad o la cantidad de la explotación realizada implique un grave perjuicio para el desarrollo económico o tecnológico del país", según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).


 El Ejecutivo de Netanyahu en Israel aplicó esta misma legislación el pasado mes de marzo para poder distribuir un fármaco que combatiera el coronavirus. Es decir, los Estados tienen la legislación a su favor para evitar que se produzca un negocio a costa del virus aparecido en Wuhan.

Lucro y estrategia


La pandemia del coronavirus ha puesto en relieve el conflicto que genera el lucro a través de la venta de fármacos. En fechas en las que cada día los muertos aumentan por millares, la frivolidad de saber que la pandemia solo terminará en los países que puedan sufragar los gastos ha impulsado un cambio de conciencia sobre las dinámicas de esta industria.

Vanessa López, directora de Salud por Derecho, encuentra en la polémica sobre el coronavirus y el Remdesivir nada más que un reflejo de unas prácticas ya comunes: "Es la manera habitual en la que funciona el modelo de investigación biomédica.


 Casos como el actual nos recuerda a lo que pasó con medicamentos para la hepatitis C, con inmunoterapias contra el cáncer o los tratamientos para el sida. Es un problema no resuelto.


 La historia del alto precio y las barreras de acceso, y se repite de manera constante. Es el funcionamiento habitual, tenemos un sistema en el que sacan beneficio por encima del bien común".

Los expertos consultados revelan algunas prácticas con las que las farmacéuticas logran no perder la exclusividad de la explotación de un medicamento. "Cuando a un medicamento le añades una indicación nueva, le puedes modificar el precio y renovar la patente.


Por ejemplo, con medicamentos para leucemias, las empresas los sacan para un grupo de pacientes muy pequeño, porque así obtienen exenciones fiscales, la producción es más acelerada..., pero más adelante le añaden nuevas indicaciones y de esta manera pueden volver subirle el precio y ampliar la patente", comenta Ramón Gálvez, que cuenta cómo las farmacéuticas aplican un criterio –el cual tilda de injusto–, para calibrar el precio de un medicamento: "Lo llaman el precio por valor.


No te cobran por lo que ha costado investigarlo, producirlo y distribuirlo, sino por el beneficio que obtienes al tomarlo. Si te va a producir una prolongación de la vida, se valora ese aspecto, lo cual es una trampa. Entonces, ¿si un médico opera de apendicitis a un niño y le salva la vida, cuanto habría que pasar de factura?", se pregunta irónico este neurólogo.

Ángel Huélamo, director de Farmacéuticos Sin Fronteras, encuentra síntomas negativos en dejar todo en manos privadas: "Todos estos procedimientos reflejan el arco, para bien y para mal, de la problemática de la industria farmaceutica. Ahora hay unos 50 posibles medicamentos en fases de elaboración para el coronavirus.


 De esos 50, no tendrán éxito ni el 10%, y habrá un porcentaje de inversión económica que se pierde. En España existe una ley de riesgo compartido, en la que, cuando se investiga un medicamento, si hay aportación pública se puede exigir a la industria que garantice un retorno social.


El problema es que cuando se deja todo en manos privadas estás sujeto a las leyes de mercado".

Que los medicamentos caminen únicamente por la senda privada suele ser algo bastante habitual. Basta comprobar los precios de algunos remedios.


 En EEUU, un fármaco como el Revlimid, que trata la leucemia, puede alcanzar los 20.000 dólares por un suministro de tan solo 30 días, mientras que los destinados a enfermedades raras, como la Luxturna, que trata un tipo de ceguera en los niños, puede rondar el millón de euros.
 

Hepatitis C en España


El caso más reciente en el que España se topó con la industria farmacéutica tuvo lugar en 2014, con los enfermos de hepatitis C sin poder ser abastecidos. En aquel momento, el tratamiento más efectivo consistía en Interferol y antivirales, un tratamiento exigente y en el que el paciente podía desarrollar muchos efectos secundarios.

Hubo entonces una pequeña empresa estadounidense, Farmaced, que descubrió gracias a la financiación pública el Sofosbuvir, que se convirtió en el fármaco más efectivo contra esa enfermedad. Sin embargo, antes de lanzarlo al mercado, apareció Gilead y absorbió la compañía.


 El precio que eligió para lanzar el producto fue de 84.000 dólares por paciente y tratamiento en EEUU, 40.000 euros en España. Debido a su coste elevado, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió no dar este tratamiento a todos los pacientes, lo que produjo un escándalo que casi lleva a Ana Mato, otrora ministra de Sanidad, ante la Justicia.


 "El Sofosbuvir ha ido bajando de precio porque ya hay antiviriales. Ahora no llega a los 8.000 euros, y además sabemos que a Farmaced le costó terminar el producto entre 50 y 80 millones, aunque luego Gilead disparara el precio", lamenta el médico ante este caso en el que hubo 4.000 pacientes que fallecieron sin poder recibir tratamiento.

Los gastos del Estado


En España, donde la Sanidad sufraga los gastos médicos de un paciente ingresado, que las farmacéuticas inflen los precios conlleva un aumento del gasto hasta poner en riesgo la manutención social.


 "La evolución del gasto farmacéutico hospitalario con los nuevos medicamento está por encima de 300.000 euros por tratamiento; es el caso del Spinraza, un medicamento para la atrofia espinal, que además beneficia de manera escasa y muy pequeña a los pacientes", recuerda Gálvez.

Vanessa López: "El coste mínimo de producción del Remdesivir es de 0,93 dólares la dosis, unos seis euros el tratamiento"


"Malgastamos recursos en medicamentos que no tendrían que costar tanto. En los últimos años la factura hospitalaria farmacéutica ha crecido en torno a un 20%, mientras los presupuestos de Salud han bajado. Es insostenible", asevera Vanessa López. "Se deja que las farmacéuticas tengan beneficios abusivos.


 Los costes que dicen tener para desarrollar una nueva molécula o un medicamento no son reales. El coste mínimo de producción del Remdesivir es de 0,93 dólares la dosis, unos cinco o seis euros el tratamiento. No tiene por qué ser tan cara su venta al público", zanja.

El aumento del gasto derivado de los precios impuestos por las farmacéuticas provocó que en 2018 Catalunya aumentara en más de 550 millones el gasto durante el último lustro. Ese dinero, sin el aprieto que imponen esas tarifas, podría haber servido para contratar a 11.000 profesionales sanitarios, según Quico Puigventós, autor de Medicamentos: ¿derecho o negocio?.

Y en el futuro, la vacuna


Si solo un medicamento ya ha generado toda esta polémica, ¿qué pasará cuando llegue la vacuna? 


¿Se podrá distribuir de manera gratuita y universal o habrá un precio disparado para cada paciente? 


Según narra Mike Davis en Llega el monstruo, "solo doce compañías farmacéuticas fabrican vacunas antigripales, y el 95% por ciento de su producción se consume en las naciones más ricas del mundo".


Las zonas más pobres, que ahora atraviesan datos muy desesperanzadores sobre el coronavirus, con India como principal foco del mundo, pueden quedar del todo vendidas a los caprichosos designios del mercado.

"No puede ser ni es tolerable que la vacuna tenga un precio que la haga imposible. Hay que garantizar que la vacuna sea, si no gratuita, casi, y de acceso universal. Tiene que costar lo que cueste su producción, porque la investigación ha sido fundamentalmente pública", clama contundente Ramón Gálvez.

Incluso López, la directora de Salud por Derecho, encuentra un cambio de paradigma tras el trauma que ha generado esta pandemia: "Hay países que ya hablan de controlar la propiedad intelectual, incluso la OMS ha creado un sistema en el que de forma voluntaria los centros de investigación volcaran sus conocimientos para generar fármacos.


 La visión ha cambiado; la ciudadanía es consciente de los problemas que suponen una pandemia. 


Han visto lo importante que es contar con una vacuna y que estén disponibles para todo el mundo".