El director de la Tesorería General del Estado en Cádiz (i) y el subdelegado del Gobierno (Efe).
OTROS 5 MILLONES DEFRAUDADOS Y 91 DETENIDOS
@Agustín Rivera. Málaga 08/06/2012 (06:00h)
En Ubrique (Cádiz) un supuesto bar había dato de alta en la Seguridad Social a 35 personas. Las dos cosas eran falsas. Ni el bar existía, ni contaba con esa amplia nómina. Peonadas ficticias. EREs fraudulentos con ex altos cargos de la Junta de Andalucía en la cárcel. Y ahora una estafa de subsidios de desempleo en la sierra gaditana que se podría elevar a 5 millones de euros.
La trama destapada ayer en Cádiz, denominada Operación Picones (los cabecillas eran los Picón, todos miembros de la misma familia: dos hermanos y un primo), servirá para destapar nuevos fraudes en la comunidad autónoma andaluza. Según relataron a El Confidencial fuentes próximas a la Delegación del Gobierno de Andalucía, el Servicio Público de Empleo Estatal ya tiene preparado un informe.
La operación Picones ha supuesto la detención de 91 personas y la imputación de 213. No se descarta que la cifra aumente cuando se conozcan más detalles de la investigación. La familia Picón había creado seis empresas "fantasma" que elaboraban contratos falsos. Los beneficiados obtenían subsidios de desempleo u otro tipo de ayudas sociales.
Todo empezó en abril de 2011 tras recibir la Guardia Civil de Arcos de la Frontera las denuncias “de personas muy humildes y que se estaban enfrentando a embargos porque figuraban como administradores de empresas de las que, decían, no habían oído hablar”, según explicó el comandante jefe de la Policía Judicial de Cádiz, Luis Martín. Las empresas tramitaron contratos laborales para muchos supuestos trabajadores.
Los Picones tenían repartido su negocio. Los dos hermanos eran los cabecillas, y el primo actuaba como “comercial” de la trama: cobraban a las personas que acudían a la red para conseguir un contrato de trabajo y completar su cotización a la Seguridad Social para lograr un subsidio de desempleo o una ayuda social.
¿Quiénes eran sus víctimas? Reclusos que necesitaban un contrato para acceder a un tercer grado penitenciario o extranjeros que querían justificar arraigo en España, pero sobre todo quienes, sin tener derecho a ello, querían disfrutar del subsidio de desempleo, según destacó la Policía Judicial.
Las seis empresas fantasmas, una de ellas el bar y otras cinco de la construcción, ya están anuladas. También se cancelarán las altas de 261 trabajadores y además de poner en caso en manos de la justicia penal llevará adelante las pesquisas para establecer las infracciones administrativas en que hayan podido incurrir los detenidos e imputados.
La provincia de Cádiz ya ha sufrido en los últimos años dos dispositivos judiciales similares a las Operación Picones. La Operación Halcón (fraude fiscal con facturas falsas) y Operación Karlos (fraude a la Seguridad Social con pensiones de invalidez ilegales). Estas tramas también tuvieron u centro de operaciones en Ubrique. El cerebro era Carlos Carretero, exjefe de la Policía Local de esta localidad gaditana.
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