La subida del IVA -del 8% al 10% y del 18% al 21% para el tipo general- apenas tendrá efectos distorsionadores sobre la recaudación. O lo que es lo mismo, no se producirá el ‘efecto anticipación’ que se registró hace dos años, cuando el anterior Gobierno incrementó los tipos impositivos del Impuesto sobre el Valor Añadido, tanto del tramo reducido como del ordinario.
¿La causa? El Gobierno ha preferido dar apenas tres semanas para la aplicación efectiva de la norma que, en principio, entrará en vigor el próximo 1 de agosto. Hacienda, de esta manera, evita el ‘efecto anticipación’ que se produjo en la anterior subida, cuando el Gobierno de Zapatero dio seis meses a las empresas y los consumidores (la ley entró en vigor el 1 de enero y hasta el 1 de julio no se aplicó) para adelantar sus compras.
Esta decisión produjo una doble consecuencia. Por un lado, tuvo un impacto macroeconómico relevante -el PIB creció más de lo previsible por la anticipación de las compras-, aunque cayó más de lo esperado en el trimestre posterior. Por otro lado, minoró la recaudación tributaria de forma muy importante (seis meses pagando IVA a tipos inferiores). Buena parte de las operaciones tributaron a los tipos antiguos, lo que descafeinó el impacto recaudatorio del incremento de tipos.
Ahora, Hacienda pretende atajar de raíz el problema. Máxime cuando las grandes empresas -las que facturan anualmente más de seis millones de euros- presentan su declaración de IVA mensualmente, mientras que las pymes y los autónomos lo hacen de forma trimestral. En este caso, lo único que se producirá es una mínima complejidad a la hora de rellenar el correspondiente modelo de declaración, toda vez que el mes de julio tributará de una manera y agosto y septiembre de otro.
Desde el punto de vista práctico no hay problema, ya que los actuales modelos de declaración incorporan diferentes casillas, ya que una misma empresa puede pagar varios tipos de IVA en función de la mercancía.
Otra cosa muy distinta, según un experto fiscalista, es que algunas empresas opten por declarar como fecha de devengo (cuando se adquiere el derecho de cobro o la obligación de pago) en una fecha anterior al 1 de agosto, aunque la transacción se realice más tarde. En todo caso, dicen las fuentes consultadas, su impacto económico sería mínimo, ya que el ‘efecto anuncio’ apenas será inferior a tres semanas. El IVA de los alquileres
En el caso de los arrendamientos, una vía de escape pudiera ser adelantar las facturas (por ejemplo acumular las que quedan por pagar antes de que finalice el año) para abonar menos IVA; pero este camino está cerrado. Hacienda considera estas operaciones como de tracto sucesivo. Esto significa que la factura hay que pagarla cuando se justifica el precio, y no antes, por lo que se trataría de una ilegalidad.
El Gobierno ha previsto recaudar este año unos 7.500 millones adicionales con la subida del IVA, con lo que podrá salvar el ejercicio. Los últimos datos de la Agencia Tributaria muestran que el IVA importación cae hasta mayo un -5,5%; el IVA bruto de grandes empresas intensifica su descenso más de un punto (-6%), mientras que el IVA de pymes mantiene su ritmo de caída (-9,2%) por los mayores aplazamientos solicitados.
El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban Gonzalez Pons, animaba a los españoles a rebelarse poniendo de ejemplo a Egipto, el 12 de marzo de 2011.
Dos autonomías del PP se rebelan contra el Gobierno y se abstienen del ajuste fiscal
HACIENDA ADVIERTE A OCHO CCAA DEL RIESGO DE INTERVENCIÓN
El Gobierno no logra evitar que dos comunidades del PP se abstengan del ajuste fiscal
El Ministerio de Hacienda activó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los mecanismos disciplinarios para iniciar un diálogo bilateral con cada una de las regiones que ayer presentaron unos planes de ajuste “muy” alejados del objetivo de déficit pactado para 2012: un inalterable 1,5% del PIB. Aunque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, evitó concretar el nombre o el número de las autonomías que podrían ser intervenidas si no cumplen lo pactado, las regiones que más problemas están teniendo para ajustar sus cuentas son Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, Andalucía, Asturias, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Ante la "magnitud" del ajuste pendiente en las cuentas de estas regiones, el ministro les dio ayer en la reunión un plazo para que “inicien las correcciones pertinentes” que están “poniendo en riesgo” el objetivo de déficit, que debe cumplirse “sí o sí”. Las autonomías pidieron al Gobierno que suavizara el techo de déficit, pero Montoro se escudó en que es la credibilidad de la nación la que está en juego ante Europa, que continuamente ha advertido al Ejecutivo de que el grueso del desvío del déficit se encuentra en las autonomías.
En un continuo rifirrafe entre las regiones y el Gobierno, Montoro consiguió sacar adelante los nuevos objetivos de techo de gasto para 2013 y 2014: un 0,7% y un 0,2% respectivamente, con doce votos a favor y la abstención de dos comunidades gobernadas por el PP: Extremadura y Castilla y León. Asturias, Canarias, Cataluña y Andalucía votaron en contra. Los barones del PP alegaron que habían hecho un "sobreesfuerzo" en el último año, y que todavía no conocen los ingresos a cuenta de los próximos años, por lo que no se podían comprometer a cumplir con el déficit. No obstante, aseguraron que harán "todo lo posible” por hacerlo.
Doble vara de medir
Más críticos se mostraron los responsables de Economía de las cuatro regiones que votaron en contra de la nueva política de ajuste, que criticaron al Ejecutivo de utilizar una doble vara de medir al exigir más esfuerzos a las comunidades que los que se aplica la propia Administración Central. Montoro se mostró inflexible ante las críticas: “Las autonomías cumplirán con los objetivos marcados sea cual sea su color político”.
Para calmar los ánimos, el ministro aseguró que está a punto de ponerse en marcha el nuevo mecanismo de financiación para aquellas regiones que aleguen problemas de liquidez. El nuevo instrumento únicamente atenderá determinados vencimientos de las regiones que por sí solas no puedan afrontarlos, y únicamente se usará de manera “excepcional” y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.
Al contar con el aval del Estado, los presupuestos regionales de las comunidades que se acojan estarán sujetos a un “nivel altísimo de condicionalidad”, de manera que se garantice “el cumplimiento del equilibrio presupuestario en las regiones”, concluyó el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, que acompañó a Montoro en la intensa reunión mantenida con las diecisiete autonomías.
Ante la "magnitud" del ajuste pendiente en las cuentas de estas regiones, el ministro les dio ayer en la reunión un plazo para que “inicien las correcciones pertinentes” que están “poniendo en riesgo” el objetivo de déficit, que debe cumplirse “sí o sí”. Las autonomías pidieron al Gobierno que suavizara el techo de déficit, pero Montoro se escudó en que es la credibilidad de la nación la que está en juego ante Europa, que continuamente ha advertido al Ejecutivo de que el grueso del desvío del déficit se encuentra en las autonomías.
En un continuo rifirrafe entre las regiones y el Gobierno, Montoro consiguió sacar adelante los nuevos objetivos de techo de gasto para 2013 y 2014: un 0,7% y un 0,2% respectivamente, con doce votos a favor y la abstención de dos comunidades gobernadas por el PP: Extremadura y Castilla y León. Asturias, Canarias, Cataluña y Andalucía votaron en contra. Los barones del PP alegaron que habían hecho un "sobreesfuerzo" en el último año, y que todavía no conocen los ingresos a cuenta de los próximos años, por lo que no se podían comprometer a cumplir con el déficit. No obstante, aseguraron que harán "todo lo posible” por hacerlo.
Doble vara de medir
Más críticos se mostraron los responsables de Economía de las cuatro regiones que votaron en contra de la nueva política de ajuste, que criticaron al Ejecutivo de utilizar una doble vara de medir al exigir más esfuerzos a las comunidades que los que se aplica la propia Administración Central. Montoro se mostró inflexible ante las críticas: “Las autonomías cumplirán con los objetivos marcados sea cual sea su color político”.
Para calmar los ánimos, el ministro aseguró que está a punto de ponerse en marcha el nuevo mecanismo de financiación para aquellas regiones que aleguen problemas de liquidez. El nuevo instrumento únicamente atenderá determinados vencimientos de las regiones que por sí solas no puedan afrontarlos, y únicamente se usará de manera “excepcional” y exigirá nuevas condiciones de saneamiento presupuestario.
Al contar con el aval del Estado, los presupuestos regionales de las comunidades que se acojan estarán sujetos a un “nivel altísimo de condicionalidad”, de manera que se garantice “el cumplimiento del equilibrio presupuestario en las regiones”, concluyó el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta, que acompañó a Montoro en la intensa reunión mantenida con las diecisiete autonomías.
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