A pesar de la insensatez que supone interpretar literalmente el denominador de la iniciativa ciudadana para el 25 de septiembre, aún hay partes interesadas que prefieren obviar que "Ocupa el Congreso" es un guiño al movimiento Occupy Wall Street, el cual aún sigue protagonizando las protestas contra el inmenso poder concentrado en las pocas manos que dominan los mercados allí presentes.
Tanto en los Estados Unidos como en España -y, por extensión, todo Occidente- la brecha entre los ricos y el resto de la población es cada vez mayor, al igual que la cuota de poder que ostentan los primeros. Esta situación se traduce en una cada vez más visible precarización de las condiciones de vida de la mayor parte de la ciudadanía.
Las leyes son ahora, más que nunca, dictadas para el beneficio de esa minoría poderosa, sin importar que ello suponga el final de cualquier garantía de bienestar por parte de los Estados. Grecia o Portugal han sido los primeros laboratorios de esta contrarreforma ejecutada a nivel mundial contra las clases populares. Los resultados son palpables, a pesar de la fuerte censura mediática, en los que las movilizaciones en aquellos lugares son casi a diario como respuesta a la destrucción de derechos que se pensaban inamovibles.
Si la mayoría de las constituciones modernas declaran que las soberanías de sus respectivos estados residen en el pueblo, algo falla cuando la voz del pueblo queda silenciada ante las exigencias de los mercados. Desde el momento que las políticas se realizan con el objetivo único de satisfacer oscuros objetivos de déficit, regalando a la población a un último plano, la democracia está herida de muerte.
Definitivamente, se ha traspasado el límite de lo tolerable. Ante el miedo a un presente gris, el pánico a un futuro negro es suficiente argumento para que la sociedad vaya, poco a poco, despertando del shock de la crisis. Ante circunstancias de tal gravedad, la respuesta natural e histórica del pueblo ha sido la movilización. No es casual que, desde el 15 de mayo de 2011, la participación en las movilizaciones convocadas a lo largo del Estado español haya ido creciendo en número de manera casi constante.
Si bien, por cuestión de paralelismos con Wall Street, el objetivo de las protestas podría haber sido el Palacio de la Bolsa de Madrid, hay argumentos de sobra para plantarse frente al Congreso en un gesto, aún simbólico, de la determinación de un pueblo a no aceptar un destino planificado desde oscuros despachos de tecnócratas al servicio de la élite financiera. La destrucción del Estado del bienestar, de derechos sociales y económicos por parte de los últimos gobiernos de España han certificado el fin de aquel "consenso de 1978", la refutación de aquella "Transición modélica".
La Constitución española ha pasado a ser un trozo de papel mojado a quien nadie presta atención ni, lo que es más grave, obediencia. La gravedad de la situación actual es tal que el cumplimiento de aquella Carta Magna, consensuada entre los remanentes del franquismo y las tímidas fuerzas democráticas emergentes[1], podría hoy en día calificarse de "revolucionario"[2]. Además de no cumplirse, ésta se modifica al gusto de los grandes poderes económicos con la connivencia de los dos grandes partidos políticos estatales -agosto de 2011-, sin realizar consulta alguna al pueblo.
Dudosa legitimidad queda a cualquier gobierno que no esté al servicio de los ciudadanos, de esa mayoría silenciosa a la que se restringe su capacidad de expresión al depósito de una papeleta cada varios años. Papeletas interpretadas por quienes acceden al poder como "cartas blancas" que les permiten hacer y deshacer a su antojo o, mejor dicho, al servicio de los intereses de los grandes poderes. Ante tal coyuntura no es descabellado afirmar que el Congreso se encuentra actualmente ocupado, desde hace bastante tiempo, por una mayoría que no está al servicio del pueblo.
De ahí que quizás la única opción para revertir la actual situación sea un 25S, o los que sean necesarios, para que el pueblo lleve a cabo un legítimo[3] y necesario ejercicio de libertad de expresión frente al Congreso, rodeándolo de manera pacífica con el objetivo final de conseguir el inicio de un proceso constituyente, con todo lo que ello implica, que haya efectivo el artículo 1.2 de la actual Constitución, dejando en manos del pueblo, de una vez por todas, la soberanía nacional
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