En España, el suicidio de Amaia Egaña ha causado la indignación de millones de personas. Amaia Egaña era exconcejala del Partido Socialista en una localidad del País Vasco. Se suicidó tirándose del balcón de su casa, justo cuando iba a ser desahuciada. Ahora, bajo el lema: “No al paro. No a los desahucios. Por la protección social”, miles de sus vecinos acusan a los bancos de “asesinos”, y han marchado hacia la sucursal de “La Caixa” en la que la mujer había contraído su deuda.
En España, el suicidio de Amaia Egaña ha causado la indignación de millones de personas.
Amaia Egaña era exconcejala del Partido Socialista en una localidad del País Vasco. Se suicidó tirándose del balcón de su casa, justo cuando iba a ser desahuciada.
Ahora, bajo el lema: "No al paro. No a los desahucios. Por la protección social", miles de sus vecinos acusan a los bancos de "asesinos", y han marchado hacia la sucursal de "La Caixa" en la que la mujer había contraído su deuda.
Conectamos con Madrid para que el señor Enrique Santiago, Secretario de Refundación y Movimientos Sociales de Izquierda Unida, nos haga un análisis sobre esta noticia.
Stop Deshaucios
Se necesitan firmas.
Se necesitan firmas.
Cada día cientos de familias son desahuciadas y pierden su hogar. La inmensa mayoría de las ellas no se hallan en esa dramática y desesperada situación ni a causa de una presunción desmedida ni de su afán especulador.
Esas familias suscribieron sus créditos hipotecarios cuando la economía del país –impulsada por las burbujas inmobiliaria y financiera– marchaba a pleno rendimiento. A la mayoría les movía sólo la ambición legítima de tener un hogar propio.
La irrupción de la crisis, el estallido de las burbujas, el derrumbamiento del mercado laboral y el consecuente paro, el galopante empobrecimiento de los ciudadanos y la restricción absoluta del crédito han quebrado la capacidad de las familias de hacer frente a sus hipotecas.
Son decenas de miles de ellas las que, imposibilitadas por razones ajenas a su voluntad para afrontar la devolución de los préstamos, son objeto de procesos de ejecución hipotecaria que acaban con la pérdida de la vivienda, que es subastada y adjudicada –muchas veces al mismo banco – por un precio muy inferior al de compra, tras lo cual la persona desahuciada sigue acarreando una deuda con el banco.
Decenas de miles de familias están siendo precipitadas de este modo al abismo de la pobreza y la exclusión social, sin posibilidad siquiera de ser consideradas beneficiarias de las cuantiosas sumas de dinero público destinadas al rescate de la banca.
Esta situación es inadmisible. Por todo lo anterior queremos pedirle al Ministro de Justicia que apruebe de forma urgente una reforma legal que faculte a los jueces para acordar moratorias y suspender transitoriamente el pago de las cuotas hipotecarias en caso de que concurran causas justas, como desempleo, accidente laboral, larga enfermedad, desgracia familiar o infortunios similares, en el mismo sentido que ha propuesto un grupo de magistrados al Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo le pedimos al Ministro una serie de medidas a medio plazo que podrían mejorar la actual situación de tantas familias, como la limitación de los intereses de demora y l a modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria (ver carta abajo para más detalle).
Esas familias suscribieron sus créditos hipotecarios cuando la economía del país –impulsada por las burbujas inmobiliaria y financiera– marchaba a pleno rendimiento. A la mayoría les movía sólo la ambición legítima de tener un hogar propio.
La irrupción de la crisis, el estallido de las burbujas, el derrumbamiento del mercado laboral y el consecuente paro, el galopante empobrecimiento de los ciudadanos y la restricción absoluta del crédito han quebrado la capacidad de las familias de hacer frente a sus hipotecas.
Son decenas de miles de ellas las que, imposibilitadas por razones ajenas a su voluntad para afrontar la devolución de los préstamos, son objeto de procesos de ejecución hipotecaria que acaban con la pérdida de la vivienda, que es subastada y adjudicada –muchas veces al mismo banco – por un precio muy inferior al de compra, tras lo cual la persona desahuciada sigue acarreando una deuda con el banco.
Decenas de miles de familias están siendo precipitadas de este modo al abismo de la pobreza y la exclusión social, sin posibilidad siquiera de ser consideradas beneficiarias de las cuantiosas sumas de dinero público destinadas al rescate de la banca.
Esta situación es inadmisible. Por todo lo anterior queremos pedirle al Ministro de Justicia que apruebe de forma urgente una reforma legal que faculte a los jueces para acordar moratorias y suspender transitoriamente el pago de las cuotas hipotecarias en caso de que concurran causas justas, como desempleo, accidente laboral, larga enfermedad, desgracia familiar o infortunios similares, en el mismo sentido que ha propuesto un grupo de magistrados al Consejo General del Poder Judicial.
Asimismo le pedimos al Ministro una serie de medidas a medio plazo que podrían mejorar la actual situación de tantas familias, como la limitación de los intereses de demora y l a modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria (ver carta abajo para más detalle).
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