La asociación profesional Jueces para la Democracia (JpD) ha denunciado este martes la inminente "privatización del Registro Civil, que va a perjudicar a la mayoría de la población y va a beneficiar" a registradores y notarios, que aprovecharán una inversión pública en estas oficinas de 128 millones de euros.
Hace cosa de un mes, el Supremo pedía a los notarios y registradores, castas legendarias, que hicieran el favor de devolver 400 millones de euros sustraídos a la población a base de hipotecas y otros asaltos
(http://www.yometiroalmonte.com/Articulo.aspx?id=127).
Hoy, JpD nos dice que "el Gobierno está preparando el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, quedejarán de ser un servicio público y pasarán a depender de los registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles", así como, en determinados trámites, de los notarios. "Hasta ahora el Registro Civil se concebía como un servicio público de carácter gratuito, financiado con los impuestos de toda la sociedad"
"Con esta reforma los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener un certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado civil a los registradores de la propiedad y a los registradores mercantiles. Además, serán los notarios los que tramiten y celebren los matrimonios civiles, y los ciudadanos también tendrán que pagar por ello".Hoy, JpD nos dice que "el Gobierno está preparando el anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, quedejarán de ser un servicio público y pasarán a depender de los registradores de la propiedad y de los registradores mercantiles", así como, en determinados trámites, de los notarios. "Hasta ahora el Registro Civil se concebía como un servicio público de carácter gratuito, financiado con los impuestos de toda la sociedad"
Esta privatización se produce, además, después de que "toda la sociedad haya realizado recientemente un importante esfuerzo económico para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, con una inversión de unos 128 millones de euros", inversión pública que "ahora se aprovechará" para una gestión privada, "con efectos lucrativos para sus gestores".
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