La jueza argentina María Servini de Cubría tomará declaración en los próximos días a doce víctimas de crímenes franquistas antes de decidir si imputa a los ex ministros leoneses Martín Villa y Fernando Suárez.
Las últimas balas del franquismo pueden despertar un proceso judicial sin precedentes, incomprensible sin retrotraer la memoria a los años del tardofranquismo. La jueza argentina María Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 1 de Buenos Aires que investiga los hechos denunciados por diversas asociaciones de víctimas del franquismo, acaba de aceptar un escrito que solicita la imputación de tres ex ministros españoles, entre ellos los leoneses Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez González, y otros cargos policiales y judiciales con poder en los meses anteriores y posteriores a la muerte del caudillo.
Era el último paso dado hasta ahora. Pero el abogado argentino Carlos Slepoy, en una entrevista concedida a este periódico, adelantó que en los próximos días la jueza tomará declaración por videoconferencia a doce personas durante cuatro días en oficinas consulares de España y, en función de los resultados, decidirá si incluye las imputaciones en la querella que llegó a su despacho el 14 de abril del 2010. «Eso demuestra una clara intención de hacer avanzar la causa», indica este letrado después de mantener un encuentro con la jueza en Buenos Aires para presentar el escrito que, además, solicita a la magistrada que libre órdenes de detención internacional para nueve españoles vinculados con el régimen de Franco.
El último paredón
Encontrar la clave de estas imputaciones implica volver 38 años atrás, exactamente al verano de 1975. En esa fecha aún quedaban pendientes varios juicios sumarísimos, que se fueron desarrollando a lo largo del mes de agosto. En conjunto, fueron condenadas a muerte once personas. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre indultó a seis de ellos y dio el enterado para el resto. En la práctica, la decisión tomada por unanimidad en la reunión de los últimos ministros de Franco suponía la ejecución de la sentencia a pena de muerte dictada por los jueces. Al día siguiente, al amanecer, los cinco fueron fusilados simultáneamente en Burgos, Barcelona y Madrid. En Burgos fue llevado al paredón Ángel Otegui, de 33 años, y en Barcelona, Juan Paredes manot, Txiqui, de 21 años, ambos militantes de ETA político-militar. En Hoyo de Manzanares (Madrid) fueron ejecutados José Luis Sánchez Bravo, de 22 años, Ramón García Sanz, de 27, y José Humberto Baena Alonso, de 24, todos ellos integrantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (Frap).
El ex ministro leonés Fernando Suárez González era ministro de Trabajo en ese momento. El escrito que solicita la imputación le señala como posible corresponsable en la sentencia a muerte aprobada en el citado Consejo de Ministros, del que formaba parte.
Poco tiempo después de morir el caudillo, el 3 de marzo de 1976, ocurre otro suceso clave para la instrucción que se está siguiendo en Argentina. Durante la masiva jornada de huelga que se desarrollaba en Vitoria (Álava), la Policía Armada inició el desalojo de una asamblea de trabajadores que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís, con el consentimiento del párroco.
Lanzaron gases lacrimógenos en el recinto y esperaron a los huelguistas en la calle. A unos les apalearon y a otros les dispararon indiscriminadamente, con un dramático resultado de cinco hombres muertos y más de cien heridos.
A Rodolfo Martín Villa se le atribuye haber sido uno de los máximos responsables de la masacre como supuesto ordenante de la represión policial en su carácter, entonces, de ministro de Relaciones Sindicales. El abogado Carlos Slepoy asegura a este respecto que «hay grabaciones en las que el oficial al mando de la represión alega órdenes superiores». Tanto para Martín Villa, como para Suárez González y para el también ex ministro José Utrera Molina se pide una declaración indagatoria como paso previo, en su caso, a los procesamientos. Utrera Molina, suegro del actual ministro de Justicia, entra en la querella por el decreto o enterado para la ejecución de la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich.
Tres años de causa
La querella no ha tenido un camino fácil —más bien laberíntico—, ni tampoco la jueza que la investiga. Fue presentada en el año 2010 y recayó por sorteo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la ya popular María Servini de Cubría, originando la causa criminal 4.591/2010.
La jueza dio traslado del escrito de presentación al fiscal asignado, Federico Delgado, a efectos de que informara sobre su procedencia. El 29 de abril de ese año emitió el primer dictamen en el sentido de entender acreditada de un lado la existencia de crímenes contra la humanidad y, de otro, que los tribunales argentinos tenían competencia para intervenir en virtud del principio de jurisdicción universal aunque, sostenía, estaban siendo objeto de investigaciones judiciales en España. En consecuencia, estimando subsidiaria la jurisdicción del tribunal argentino, opinaba que procedía el archivo de las actuaciones.
Por resolución de 5 de mayo la jueza, sin entrar en el fondo del asunto, acordó el archivo de la querella por imposibilidad de proceder al entender que, tratándose de delitos de acción pública, no podían proseguir las actuaciones ante la inhibición del Ministerio Público. Dispuso además que, en todo caso, sólo los familiares hasta el segundo grado podían eventualmente querellarse.
Apoyos por miles
Los querellantes presentaron recurso de apelación —ya hay asociaciones con más de 5.000 adhesiones—, fundado en la irrelevancia de la negativa del fiscal a ejercitar la acción pública, puesto que existían acusadores particulares que sostenían la acción. El 3 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal acordó estimar el recurso, ordenar la reapertura de las actuaciones e indicar a la jueza que debía enviar un exhorto a España requiriendo a sus autoridades para que le informaran acerca de si se estaban investigando judicialmente los hechos. Igualmente, y en resolución paralela dispuso que, dada la gravedad de los crímenes, todo familiar, aún lejano, podía ejercer la acción, además de las asociaciones de víctimas.
La Fiscalía General del Estado de España emitió un voluminoso informe el 6 de mayo de 2011 que se recibió en el Juzgado argentino el 28 de junio. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, se afirmaba, en síntesis, que los hechos a los que se refería el exhorto estaban siendo objeto de investigación en diversas instancias judiciales.
Aludía a que la causa abierta contra el juez Garzón por la investigación de los crímenes del franquismo se encontraba pendiente de juicio y sentencia —después fue absuelto, aunque, por otro lado, condenado e inhabilitado por las escuchas telefónicas del caso Gürtel—; que el Tribunal Supremo no había resuelto aún sobre el alcance de la jurisdicción respecto de estos delitos y, en su caso, cuales serían los juzgados competentes; que había múltiples procedimientos abiertos en juzgados provinciales y locales a causa de los testimonios remitidos por Garzón cuando se inhibió; y que se habían habilitado, en distintos lugares del país, unidades de la fiscalía para investigar la apropiación de menores, muchas de las cuales podrían estar comprendidas dentro del período investigado en la querella.
Este informe fue contestado extensamente por los querellantes, que pidieron al Juzgado un nuevo exhorto a efectos de que, entre otras medidas, por las autoridades españolas competentes se le informara acerca de los nombres, apellidos y demás datos de identificación y supervivencia de muchos de los que aparecen en la querella como criminalmente responsables de los delitos denunciados. Solicitaban asimismo a la jueza que viajara a España para tomar declaración a víctimas y testigos.
El 13 de noviembre la jueza emitió exhorto, que fue remitido inmediatamente a las autoridades españolas, acogiendo todas las pretensiones de los querellantes, a excepción de su viaje a España, que dejó diferido para otro momento.
El 27 de marzo de 2012 la Fiscalía General del Estado respondió, esta vez en forma mucho más breve y lacónica, reiterando sus argumentaciones y sugiriendo a la jueza que remitiera todas sus actuaciones a España para ser incorporados a los procesos en curso.
Recibida esta contestación, la jueza dictó diligencia acordando viajar a España. La fecha finalmente fijada fue la de las segunda y tercera semanas de septiembre del año pasado. A tal efecto solicitó habilitación de fechas y presupuestos a la Corte Suprema de Justicia argentina, manifestando que su intención era trasladarse con el secretario del Juzgado y otros cuatro funcionarios. La Corte habilitó el viaje pero redujo el número de días, autorizando diez, y dejando limitado el número de funcionarios a la jueza y el secretario.
No hubo manera
A pesar de los insistentes pedidos, efectuados por múltiples personas y organismos, tanto desde España como en Argentina para que viajara aun en esas condiciones, la jueza resolvió suspender el viaje por estimar que el tiempo y el número de personas asignadas era insuficiente a efectos de cumplir sus objetivos. Pese a ello, todas las instancias judiciales argentinas (Juzgado, Cámara Federal y Corte Suprema) avalan y promueven la prosecución de la causa.
Finalmente, la jueza adoptó la decisión de efectuar videoconferencias, que se realizarán en los próximos días desde los consulados argentinos, para que declaren aquellos que no pudieron hacerlo a causa de la suspensión de su viaje. El 22 de noviembre los querellantes presentaron un escrito ante el juzgado con los nombres, demás datos de identificación y breve resumen del que será el contenido de sus testimonios. A ello se suman más de cinco mil adhesiones que fueron entregadas recientemente por la Red de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (Red Aqua) en la Embajada argentina en Madrid
marco romero | león
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