El régimen de Madrid detiene a un activista venezolano y a una independentista vasca
Este martes (por ayer) ha sido detenido por la Policía Nacional el revolucionario bolivariano, activista y militante del PSUV Jesús Valera (@antiespecista1). Él es venezolano, tiene 31 años y lleva en España desde el año 2006 donde está casado con Eva, que es española y tienen un hijo también nacido en España. Jesús había sido invitado dar una charla en unas jornadas de solidaridad internacionalista en la Universidad de Valencia organizadas por A Contracorrent.
Según palabras de su mujer, seis policías del Cuerpo Nacional de Policía (el mismo que el propio Jesús señalaba como la más represora hace dos semanas en el programa radial "Socialismo o Barbarie") estuvieron esperando fuera a que el acto finalizara cuando la policía procedió a la detención de Jesús y a la identificación de algunos de los asistentes. Parece que pasará la noche en la comisaría de Zapadores donde le asiste un abogado y mañana será puesto a disposición judicial.
La información que maneja su mujer es que ha sido detenido por "supuesta entrada prohibida en España" aunque es evidente, que una vez más la detención responde a una estrategia de criminalización de todo cuanto huela a Revolución Bolivariana. Él mismo relataba en la sexta edición del programa Socialismo o Barbarie el procedimiento por el cual en una anterior ocasión, en 2012, le detuvieron y deportaron en "una especie de secuestro express" y también denunció torturas en una ocasión previa cuando defendía a un graffitero que pintaba una pared sobre la situación de los CIE en España. Precisamente lo que teme su entorno es que en esta ocasión sea llevado a uno y han convocado una concentración por su liberación para mañana a las 9 de la mañana en las puertas de la comisaría de Zapadores. Puede encontrarse más información en este evento de facebook
corresponsalesdelpueblo.bligoo.com
Por otra parte se confirma la detención en Ondarroa (País Vasco) de Urtza Alkorta, sobre la que pesa una orden de arresto de la Audiencia Nacional por colaborar con ETA.
Unos 300 antidisturbios de la Ertzaintza, llegados en furgonetasy vehículos blindados desalojaron el cordón humano de cientos de personas que protegía a Urtza.
Todo comenzó cuando nueve personas detenidas a finales de enero del 2010 en Ondarroa y sus alrededores denunciaron que la Ertzaintza les había sometido a malos tratos y torturas; entre ellas, Urtza Alkorta. El abogado Alfonso Zenon reiteró la denuncia de sus defendidos en rueda de prensa y entonces Rodolfo Ares se querelló por injurias contra él, manifestando que era «evidente» que el abogado «mintió de una manera descarada». Pronto se vio, sin embargo, que quien mentía no era precisamente Alfonso Zenon sino Ares y su Departamento de Interior.
En efecto, dicho departamento adujo unas supuestas grabaciones como prueba de la falsedad de las denuncias, pensando sin duda que ninguna instancia judicial solicitaría los videos, porque nunca lo habían hecho hasta entonces. Se equivocó de plano. Los solicitaron inesperadamente tanto el Ararteko como una juez de instrucción de Durango y no pudo ofrecer sino vanas excusas para no mostrarlos.
El primero en actuar fue el Ararteko quien, a petición de los familiares de los detenidos, intentó llevar a cabo una investigación sobre lo sucedido. Ante la abierta actitud obstruccionista del Departamento de Interior, cuatro meses después tuvo que cejar en su empeño y dictó una dura resolución al respecto.
En ella, denunció que le habían negado el visionado de las grabaciones con una burda excusa, ya que Interior justificó la negativa con una denuncia judicial por malos tratos que en realidad no se presentó hasta bastante después de la solicitud del Ararteko. Iñigo Lamarca dejó, además, bien claras otras cuantas cuestiones. Por ejemplo, lo fuera de lugar que estaban los obstinados reproches que le dirigieron los responsables de Interior por haber admitido a trámite la queja de los familiares.
Mientras tanto, el abogado Alfonso Zenon también pidió reiteradamente a Rodolfo Ares que mostrara las grabaciones, afirmando que no creía que se hubiese grabado, «pero si existieran los videos se verían los malos tratos sufridos por mis defendidos». Y varios organismos populares hicieron otro tanto, insistiendo en que los videos demostrarían si las denuncias de torturas eran falsas o verdaderas. En esos casos, ni se dignaron en contestar.
A la que sí que tuvieron que responder, en cambio, fue a una juez de Durango que empezó a investigar precisamente la denuncia de torturas de Urtza Alkorta y que pidió sorpresivamente los videos correspondientes. Dicha petición se produjo poco después de que los responsables de Interior se negaran a facilitar las grabaciones al Ararteko y en esta nueva ocasión respondieron que no disponían de las grabaciones.
La juez tan solo pidió las grabaciones de los interrogatorios, petición que Interior podía haber resuelto fácilmente entregando la grabación del único interrogatorio que dijeron haber efectuado en ese caso, uno legal, con abogado de oficio. Los ilegales, donde se tortura, no los graban jamás en video, por supuesto, pero los legales se suponía que sí. Personalmente estaba convencido de que mostrarían el interrogatorio legal, porque afirmaron categóricamente haberlo grabado. Pero cuando la juez pidió esa grabación saltó la sorpresa.
Lo llaman democracia y sí lo es: Es la de ellos, la de los oligarcas, la que permite que terroristas cubanos den charlas y reciban medallas sin que nadie les moleste, la del "todo es ETA, todo es GRAPO" la de los genocidas, la de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, en definitiva, la democracia burguesa.
Sugaar 15-05-2013 10:06
Todo comenzó cuando nueve personas detenidas a finales de enero del 2010 en Ondarroa y sus alrededores denunciaron que la Ertzaintza les había sometido a malos tratos y torturas; entre ellas, Urtza Alkorta. El abogado Alfonso Zenon reiteró la denuncia de sus defendidos en rueda de prensa y entonces Rodolfo Ares se querelló por injurias contra él, manifestando que era «evidente» que el abogado «mintió de una manera descarada». Pronto se vio, sin embargo, que quien mentía no era precisamente Alfonso Zenon sino Ares y su Departamento de Interior.
En efecto, dicho departamento adujo unas supuestas grabaciones como prueba de la falsedad de las denuncias, pensando sin duda que ninguna instancia judicial solicitaría los videos, porque nunca lo habían hecho hasta entonces. Se equivocó de plano. Los solicitaron inesperadamente tanto el Ararteko como una juez de instrucción de Durango y no pudo ofrecer sino vanas excusas para no mostrarlos.
El primero en actuar fue el Ararteko quien, a petición de los familiares de los detenidos, intentó llevar a cabo una investigación sobre lo sucedido. Ante la abierta actitud obstruccionista del Departamento de Interior, cuatro meses después tuvo que cejar en su empeño y dictó una dura resolución al respecto.
En ella, denunció que le habían negado el visionado de las grabaciones con una burda excusa, ya que Interior justificó la negativa con una denuncia judicial por malos tratos que en realidad no se presentó hasta bastante después de la solicitud del Ararteko. Iñigo Lamarca dejó, además, bien claras otras cuantas cuestiones. Por ejemplo, lo fuera de lugar que estaban los obstinados reproches que le dirigieron los responsables de Interior por haber admitido a trámite la queja de los familiares.
Mientras tanto, el abogado Alfonso Zenon también pidió reiteradamente a Rodolfo Ares que mostrara las grabaciones, afirmando que no creía que se hubiese grabado, «pero si existieran los videos se verían los malos tratos sufridos por mis defendidos». Y varios organismos populares hicieron otro tanto, insistiendo en que los videos demostrarían si las denuncias de torturas eran falsas o verdaderas. En esos casos, ni se dignaron en contestar.
A la que sí que tuvieron que responder, en cambio, fue a una juez de Durango que empezó a investigar precisamente la denuncia de torturas de Urtza Alkorta y que pidió sorpresivamente los videos correspondientes. Dicha petición se produjo poco después de que los responsables de Interior se negaran a facilitar las grabaciones al Ararteko y en esta nueva ocasión respondieron que no disponían de las grabaciones.
La juez tan solo pidió las grabaciones de los interrogatorios, petición que Interior podía haber resuelto fácilmente entregando la grabación del único interrogatorio que dijeron haber efectuado en ese caso, uno legal, con abogado de oficio. Los ilegales, donde se tortura, no los graban jamás en video, por supuesto, pero los legales se suponía que sí. Personalmente estaba convencido de que mostrarían el interrogatorio legal, porque afirmaron categóricamente haberlo grabado. Pero cuando la juez pidió esa grabación saltó la sorpresa.
La nueva excusa que adujeron volvió a ser tan endeble como la que habían dado al Ararteko para no facilitarle el visionado de todas las grabaciones: afirmaron que cuando se formularon las denuncias de malos tratos «se había sobrepasado ya el plazo mínimo de conservación y el material grabado había sido destruido».
Así lo recogió en su Informe de 2010 el Ararteko, que recibió la misma respuesta cuando fue más tarde a visitar la comisaría de Arkaute y volvió a solicitar las grabaciones.
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