Condenas de uno y dos años de prisión para los ‘tartalaris’
La Audiencia Nacional español ha
condenado a dos años de prisión a Gorka Ovejero, Julio Villanueva e Ibon
García, y a un año a Mikel Álvarez, acusados de lanzar tartazos a
Yolanda Barcina en octubre de 2011 en Toulouse.
La Audiencia Nacional española ha condenado a dos años de cárcel a
Gorka Ovejero, Julio Villanueva e Ibon García, y a un año de prisión a
Mikel Álvarez, juzgados el pasado 18 de noviembre acusados de haber lanzado tres tartazos a la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina, en octubre de 2011 en Toulouse.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal atribuye un delito de «atentado» contra la presidenta de una comunidad autonómica a los tres primeros, por arrojar las tartas, y a Mikel Álvarez le impone un año menos al considerar que no participó en el lanzamiento.
El tribunal considera probado que el 27 de octubre de 2011 los cuatro interrumpieron el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que se celebraba en Toulouse y que llevaron a cabo «una acción violenta corporal en la que la víctima fue golpeada hasta tres veces con unas tartas».
Los jueces argumentan que, al ser Barcina presidenta de una comunidad autonómica y sufrir el lanzamiento de tartas en el ejercicio de su cargo, los cargos deben ser considerados como delito de «atentado cualificado».
La Sección Primera de la Sala de lo Penal atribuye un delito de «atentado» contra la presidenta de una comunidad autonómica a los tres primeros, por arrojar las tartas, y a Mikel Álvarez le impone un año menos al considerar que no participó en el lanzamiento.
El tribunal considera probado que el 27 de octubre de 2011 los cuatro interrumpieron el Consejo Plenario de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos que se celebraba en Toulouse y que llevaron a cabo «una acción violenta corporal en la que la víctima fue golpeada hasta tres veces con unas tartas».
Los jueces argumentan que, al ser Barcina presidenta de una comunidad autonómica y sufrir el lanzamiento de tartas en el ejercicio de su cargo, los cargos deben ser considerados como delito de «atentado cualificado».
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