¿Por qué no se pueden juzgar los crímenes franquistas en España?

La pregunta del título aún se la hacen, sorprendidos, muchos españoles. En algunos casos es pregunta retórica, pero en otros pasmo sincero ante las extrañas formas de la Justicia española (en esta cuestión y en otras). Sin embargo, la respuesta es muy simple. NO se puede juzgar la criminalidad franquista en España debido, en primer lugar, a la Ley de Amnistía de 1977.

 Reivindicada por la izquierda antifranquista durante años, los próceres de la dictadura supieron transformar esta reivindicación para que jugara en su propio beneficio. A cambio de sacar de la cárcel a un puñado de «rojos», con la Ley de Amnistía los franquistas se aseguraron la impunidad para siempre.

Esta norma, de redacción aviesa, decreta la prescripción de todos los delitos previos al 15 de diciembre de 1976, y entre ellos, sin sutilezas, «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado», «los delitos de rebelión y sedición», o —este es bueno— «los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas». De no haberse promulgado esta oportuna ley de punto final, los franquistas sí podrían haber sido juzgados por sus delitos. La oligarquía española puede ser inculta e incompetente, pero no tonta.

Esta es la explicación de Derecho, pero más allá de leyes, que a fin de cuentas se pueden siempre sortear o incluso derogar, lo que sostiene la injusticia no es una simple norma, sino un hecho grave y constatable que convierte a España en la anomalía que es como nación: tal es que hoy, a finales de 2013, el Estado español sigue siendo, en esencia, el régimen franquista con algunos cambios cosméticos que no alteran su sustancia. La máscara democrática del sistema parlamentario no debe conducir a engaño, e intentaré demostrarlo con la mayor brevedad posible.

De entrada la primera magistratura del Estado pertenece —por designación del dictador Francisco Franco Bahamonde— a la persona de Juan Carlos Borbón, que ejerce como jefe del Estado y heredero del tirano a título de rey. Esta sinecura queda en propiedad hereditaria de la familia Borbón por decisión personal del denominado Caudillo.

Por otra parte, la constitución vigente en España como ley básica del Estado es en realidad una carta otorgada. No fue sometida a discusión pública, no se ofreció opción alguna y ha permanecido casi en su estado original desde que fue promulgada hace más de tres décadas. El referéndum de 1978 sólo fue un trágala: lo tomas o lo dejas. Este hecho aparte, es también significativo que esta constitución no sea, en lo importante, más que un refrito de las Leyes Fundamentales franquistas, a las cuales funde y ordena en un solo texto, eliminando algunos detalles folclórico-fascistoides, pero manteniendo la esencia.

Así, en esta constitución se decreta la permanencia de los símbolos nacionales impuestos por la dictadura: la bandera monárquica, el himno llamado Marcha real, el castellano como lengua oficial de todos los españoles velis nolis, etc. Otros símbolos no son constitucionales, pero tampoco desaparecen: los recordatorios y monumentos de la represión y la dictadura, con su simbología fascista, permanecen intocados por doquier.

Por otra parte la constitución actual establece sin ambages la capacidad legal del ejército para intervenir en asuntos políticos, en tanto da a la fuerza armada poderes de excepción como garante final de la unidad del país. Un detalle notable, tal vez único en los textos constitucionales del ancho mundo, que el ejército, como entidad abstracta, se encuentre tácitamente autorizado para ejecutar golpes de Estado.

En cuanto a las instituciones públicas del sistema parlamentario, se trata a grandes rasgos de las mismas que ya había establecido el franquismo, aunque se cambien algunos nombres. Por citar unos pocos ejemplos: las Cortes pasan a ser Congreso de los Diputados, o el Tribunal de Orden Público cambia su cartel por el de Audiencia Nacional sin que varíen sus funciones. También se mantiene la Guardia Civil como policía militarizada, otra curiosidad española. En cuanto al Cuerpo Nacional de Policía, cambió de uniforme (varias veces), pero poco más.

Pero, por encima de todo, lo que no ha cambiado es la clase dominante. ¿Cómo iba a hacerlo, si la «transición» no implicó el menor proceso, no digamos revolucionario, sino mínimamente reformista? Tras la muerte de Franco siguió en el poder la misma oligarquía económica, política, judicial, militar-policial, etc. ¡Es lógico! La transición se diseñó precisamente para eso, para que en lo fundamental (el ejercicio del poder y la posesión de la riqueza) las cosas continuaran como estaban. La forma del régimen, dictadura o parlamentarismo, es lo de menos.

A este proceso colaboraron con entusiasmo los principales partidos de la izquierda entonces opositora al régimen franquista: PSOE y PCE (hoy enmascarado bajo la marca «Izquierda Unida»). A cambio de una parcelita de poder, estas dos organizaciones accedieron encantadas al maquillaje de la dictadura reconvertida en sistema parlamentario (o más bien partitocracia, algo que es muy diferente de una democracia).

Por eso no se puede juzgar ni condenar la delincuencia franquista (ni la post-franquista) y así seguirá mientras se mantenga vigente la constitución de 1978, una pieza de literatura judicial retorcida además de obsoleta, que no admite reforma seria y que es la principal garantía no de una democracia, sino de un régimen injusto, desigual y heredero de una caterva de bandidos. Por si no está claro, todo lo antedicho se resume en esto: hoy mandan en España los mismos que en tiempos de Franco, sus hijos, sus nietos y sus asociados. Y los que mandan no tiran piedras sobre su propio tejado.

El que quiera puede creer que vive feliz en un sistema democrático, pero si se levanta con ganas de cometer algún crimen, «hágalo franquista» y no se preocupe: si lo logra, quedará impune (aunque si no pertenece usted a tal o cual familia, es posible que no le resulte fácil). Y ahora ya sabe que… así se hace.

José Manuel Lechado | Iniciativa Debate | 12/12/2013