A estas alturas, recién inaugurado el año 2014 y tras más de cinco años
de profunda crisis capitalista, quiero creer que una mayoría de la
población ya entiende que, dentro de un sistema capitalista de libre
mercado como el nuestro, ese concepto abstracto al que llamamos "la
economía" no guarda ninguna relación con las condiciones de vida de las
clases trabajadoras y populares del país.
Esa falsa "mejora de la
economía" que anuncia el gobierno y sus voceros mediáticos, aunque fuera
cierta, no significa en absoluto que vaya a mejorar la situación de
millones de españoles que son víctimas de las políticas neoliberales
impuestas por la Troika y ejecutadas por sus subordinados en los
gobiernos de España, PP-PSOE. Cuando el ministro de Economía inicia el
año anunciando ante los medios de comunicación que 2014 será "el año de la recuperación" no
está hablando de la recuperación de los derechos laborales, civiles y
sociales de las clases populares, sino que está hablando de la
recuperación de las tasas de ganancia de las grandes corporaciones
españolas.
De hecho esa "recuperación" ya se ha producido en 2013,
cuando la Bolsa española cerró el año con una subida del 21% tras tres años de fuertes caídas. Y no sólo en España, sino que 2013 ha sido un buen año para las 300 mayores fortunas del planeta que
acumularon el año pasado 524.000 millones de dólares más debido al
"buen comportamiento de los mercados". Nos empobrecemos para enriquecer a
los "mercados". La crisis para la clase trabajadora será permanente,
puesto que esa supuesta mejora de los datos macroeconómicos que se
espera para este año, se asienta sobre la explotación y el sufrimiento
de las mayorías populares y el expolio de los recursos públicos del
país.
Estas ganancias de los Bancos y las grandes empresas españolas y
extranjeras se deben, entre otras cosas, al trasvase de dinero público
que ha ido a parar a sus bolsillos en forma de "rescates financieros", a
las privatizaciones de empresas y servicios públicos, a la reducción de
los salarios y las cotizaciones sociales, a la reducción de impuestos y
bonificaciones fiscales, a la evasión fiscal... y, por
supuesto, gracias a la explotación de los recursos económicos, naturales
y humanos de los países pobres o en vías de desarrollo. Una de
estas multinacionales españolas que tratan de obtener el máximo
beneficio con el mínimo esfuerzo ha sido noticia en los últimos días.
La
constructora Sacyr Vallehermoso, compañía que lidera el consorcio de
empresas encargado de las obras de ampliación del Canal de Panamá,
anunció el pasado miércoles que dejará en suspenso los trabajos en el
canal en el plazo de 21 días si no recibe 1.600 millones de dólares más
de lo presupuestado debido a unos sobrecostes que, según las
autoridades panameñas, no están en absoluto justificados. En España
estas empresas multinacionales, que se presentan como los representantes
de la "Marca España"
por el mundo, actúan con una desfachatez y una impunidad escandalosas
que les permite obtener beneficios millonarios saltándose todas las
reglas. Sin embargo, según podemos comprobar en este y otros casos, hay
países y gobiernos que tratan de poner algún límite a las prácticas
corruptas e incluso criminales - como el caso de Chevron en Ecuador - de
estas empresas multinacionales.
Para los dueños y accionistas de esta empresa constructora española, así
como para el gobierno Rajoy, debe ser toda una sorpresa que el gobierno
de Ricardo Martinelli se haya plantado con firmeza ante la exigencia
de esta multinacional española (incluso anunció una visita a España e
Italia para exigir a ambos gobiernos que las empresas cumplan su
contrato).
Sobretodo porque el presidente panameño es uno de los suyos.
El presidente Martinelli es un rico empresario panameño dueño y
accionista de múltiples empresas, Bancos, fábricas, medios de
comunicación... un rico neoliberal siervo de EE.UU y amigo de la UE,
defensor del Consenso de Washington y sus políticas neoliberales, del
libre mercado y el libre comercio sin regulaciones. Uno de los suyos les
acaba de sacar un buen dolor de cabeza. En este caso, los medios de
comunicación y el bipartidismo español no pueden defender los intereses
privados de esta empresa arremetiendo contra el gobierno, puesto que,
como decía, el panameño es un gobierno afín ideológicamente a los
intereses políticos y económicos occidentales.
Un empresario metido a
político para defender sus intereses privados, rodeado de corrupción por
todas partes, y que mantiene a más del 40% de la población viviendo en
la pobreza. En este caso no hay un Chávez, o un Maduro, o un Correa, o
un Evo, o una Cristina... a quien echarle todas las culpas como ocurrió
en otras ocasiones cuando el conflicto de intereses enfrentaba a
empresas españolas y a gobiernos de izquierdas Latinoamericanos. El
enemigo en este caso es uno de los suyos, un millonario neoliberal amigo
de los negocios privados de las corporaciones. ¿A quién echar la culpa
entonces de tanta avaricia y desfachatez empresarial? Por supuesto, a
"razones técnicas". Es más que probable que finalmente las partes
alcancen un acuerdo político-empresarial. De nuevo lo público
mezclándose con lo privado, aquí y allá.
Las prácticas corruptas empleadas por Sacyr Vallehermoso en Panamá no
son ni mucho menos desconocidas en España. La llamada "baja temeraria",
que consiste en presentar un presupuesto anormalmente bajo para
conseguir un contrato público y posteriormente, una vez logrado, alegar
"sobrecostes" para obtener enormes beneficios económicos a costa del
erario público, ha sido la práctica habitual de las empresas
constructoras en España durante décadas de gobiernos PSOE-PP.
Estas
grandes corporaciones españolas que cotizan en el IBEX 35 son - junto a
los poderes económicos internacionales - quienes dirigen realmente la
política económica del país en completa sintonía y complicidad con el
bipartidismo político PP-PSOE; unos partidos a quienes estas
multinacionales prestan todo su apoyo económico y mediático para que
sigan turnándose en el poder y favoreciendo sus intereses económicos
privados. En realidad, tal y como diría Noam Chomsky, estos dos partidos
son realmente uno solo: el partido de los negocios.
Como decía antes, ha debido de ser toda una sorpresa para esta
multinacional que lo que en España es una práctica habitual y
legal entre empresas y gobiernos estatales, autonómicos y municipales,
se haya convertido en un problema político y económico de primer orden
en el caso de Panamá, y además con un político-empresario afín en el
gobierno. Si es que en el fondo, tal y como decía hace más de veinte
años el ex ministro neoliberal Carlos Solchaga en tiempos de Felipe
González o ahora el gobierno de Mariano Rajoy, "España es un gran país
para hacer negocios".
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