España, el octavo país del mundo con los políticos más corruptos
Un informe de la organización Transparencia Internacional afirma que España ocupa el octavo lugar del mundo que cuenta con los políticos más corruptos, y también sale malparada en otros ámbitos relacionados con la corrupción.
La operación Púnica y las tarjetas opacas de Caja Madrid son los dos últimos grandes escándalos de corrupción política en una España que en los últimos años se ha colocado a la cabeza en ránkings sobre delitos de este tipo.
El magistrado Joaquim Bosch, de la asociación Jueces para la Democracia, manifestó hace unos días en un programa de televisión que en España "tenemos el mayor número de corruptos de Europa y el menor número de jueces".
Transparencia Internacional, que analiza la corrupción en 107 países, otorga a España una puntuación por debajo de la media, 4,4, una nota que solo supera a las de Nigeria, Nepal, México, Grecia, Italia, Jamaica y El Salvador.
Un informe de Hacienda remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz constata la dificultad de calificar como delito fiscal las supuestas donaciones ilegales o el presunto pago de sobresueldos realizados por el Partido Popular, a no ser que la formación política sea considerada una "asociación ilícita".
Así lo señala la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el cuerpo de élite de inspectores dependientes de la Agencia Tributaria, al estudiar el alcance penal en materia fiscal de las donaciones ilegales y el cobro de sobresueldos u otros usos, como el pago de 1.7 millones en negro por las obras de la sede central del PP.
Según sus conclusiones, no habría delito fiscal y, por tanto, no hay forma de perseguir vía penal en materia fiscal el cobro de estas prebendas, a no ser que el PP sea considerado una "asociación ilícita".
La ONIF señala que los partidos políticos están exentos de tributar cualquier dinero recibido si se destina a los fines previstos en su objeto social. Y como el supuesto dinero negro que recibió el PP durante años fue dedicado a los objetivos contemplados en su ordenamiento, el Partido Popular no tenía que tributarlo en el Impuesto de Sociedades, ni puede ser perseguido fiscalmente por vía penal. Aunque en origen fuera ilegal, según los inspectores.
Estos técnicos dejan abierta una vía en su informe para multar al PP con una "sanción muy grave" por el cobro de donaciones, si estas superaron el límite legal de 60.000 euros establecido en 2007. Según otro informe de la UDEF, el PP habría recibido 21 donaciones que superaban ese límite, de acuerdo a los papeles de Bárcenas, y la formación conservadora las fraccionó y blanqueó con su ingreso en la cuenta oficial de donativos.
Según la ONIF, las multas a las que podría enfrentarse el PP de acreditarse el cobro de estas comisiones fuera del límite establecido, podrían alcanzar "el doble" de lo recibido. Fuentes jurídicas entienden que el trasiego de donaciones en negro no tiene por qué quedar impune. El PP y sus responsables pueden ser acusados de diversos delitos societarios.
Más allá de sanciones por la vía administrativa, solo habría un camino para atribuir un delito fiscal al PP por el cobro de donaciones. Que la formación conservadora sea considerada una "asociación ilícita" o entidad con ánimo de lucro, con lo que los fines sociales contemplados en sus estatutos serían papel mojado y podría perseguirse penalmente al PP en materia fiscal por ello.
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