¿Sabes quién pagará las deudas del AVE España-Francia?
Tú, pese a que la concesión fue entregada a una empresa vinculada al oligarca Florentino Pérez.
ACS endosa el AVE España-Francia al Gobierno por el impago de 428 millones
Primero fue el
gaseoducto Castor y ahora será TP Ferro, la empresa encargada de
gestionar los trenes AVE que unen España con Francia entre las
estaciones de Figueras y Perpignan y con los que se pretendía dinamizar
el viaje desde Madrid a París por línea férrea. El próximo 31 de marzo,
esta sociedad entrará en concurso de acreedores si nadie se hace cargo
de un vencimiento de deuda de 428 millones, que ACS se niega a abonar.
La constructora de
Florentino Pérez e Eiffage, los dueños al 50% de TP Ferro, ya han
comunicado a los bancos que no tienen liquidez para hacer frente a esos
428 millones que en su día le concedieron BBVA, CaixaBank, Caja Madrid
(ahora Bankia), Banesto (Santander), ING y Royal Bank of Scotland (RBS).
Las entidades financieras llevan más de un año tratando de encontrar
una solución, conversaciones de las que han hecho partícipe al
Ministerio de Fomento, que fue el que en 2003 otorgó la concesión a ACS y
a la empresa gala.
Pero la respuesta de
Florentino Pérez ha sido que su compañía sólo tiene compromisos de
aportación de dinero hasta el próximo 31 de marzo. A partir de esa
fecha, TP Ferro entregará la concesión a España y a Francia para que
sean los estados quienes se responsabilicen del más que probable impago
poniendo en marcha la responsabilidad patrimonial de la administración
(RPA). Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha aconsejado a
los bancos que lleguen a un acuerdo con ACS y con Eiffage para resolver
uno de los proyectos estrella de la época de bonanza y que pretendía
unir Madrid con París en diez horas y Barcelona con la capital francesa,
en siete.
Aportación de 150 millones del Estado
Esta ausencia de tráfico
“provoca una falta de tesorería”, según documentos internos, ya que los
trenes que circulan apenas generan 10 millones de euros de ingresos. En
consecuencia, la escasez de caja hace imposible poder pagar los 428
millones que vencen en menos de un mes. A juicio de los abogados de TP
Ferro, las reclamaciones planteadas en el arbitraje “se encuentran
fundamentadas y, en consecuencia, el Tribunal Arbitral debiera dictar un
laudo favorable, al menos parcialmente”.
El Confidencial
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