Hay cosas con las que no se debe jugar. Una de ellas es la energía. Y primero Felipe Gónzalez y después Aznar jugaron a vender empresas de energía públicas a amiguetes y dejar fuera del control público algo tan necesario y vital como el gas, la luz y el petróleo.
Las consecuencias ya se pueden ver. Subidas injustificadas de precios, empresas cuyos beneficios redundaban en las arcas públicas cuando eran estatales y ahora llenan los bolsillos de, sobre todo, otras grandes multinacionales. Entradas masivas de políticos y amigotes por las puertas giratorias generadas. Creación de oligopolios ficticios y que actúan como monopolios al ponerse de acuerdo en la fijación de precios y condiciones.
Y ahí están, dando quebraderos de cabeza a los ciudadanos normales, mientras los políticos responsables de su privatización se lucran o se han lucrado de ellas. Una verdadera maravilla.
Y además de lo anterior, son los directivos, junto con el sector bancario y el de telecomunicaciones, con mayores salarios y cuyos emolumentos son injustificables y anormales.
El caso de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, es un ejemplo de cómo forrarse a costa de una empresa que nunca debería haberse privatizado. Por cierto, habría que empezar recordando que este ínclito personaje se permitió amenazar al gobierno con invertir fuera de España si no le dejaban hacer la política de precios que deseaba –la que le permite ganar, a costa de los consumidores, cifras que resucitan a un muerto—. Por cierto que el gobierno se cagó y ha dejado hacer a estos patriotas de barro.
Este personaje infame que se cree todopoderoso –en gran parte lo es, gracias a su presidencia y a la inacción del gobierno al permitir una oligopolio monopolista—ganó en 2014, la diminuta cifra de 9,12 millones de euros (para quien todavía, como yo, piensa en pesetas: unos 1520 millones),
Después de leer la cifra hay que recordar que son los emolumentos recibidos en un año. O sea este “buen señor” cada día de 2014 ha cobrado casi 25.000 euros; en un día ha ganado lo que tres trabajadores con el salario mínimo en un año.
Pero el hombre lo debe considerar poco. No debe ser suficiente cuando por asistir a una junta de accionistas –un día—, le han propinado una limosna de 34.753 euros. Y es que el pobre debe pasar penalidades. Probablemente no llegue a fin de mes.
Todo ellos cuando se sabe que es uno de los causantes junto con sus amiguetes de Endesa y el ministro Soria, de que no se sepa ni cómo ni por qué, el gas o la electricidad suben los precios, sin ninguna explicación clara y con la única voluntad de obtener mayores beneficios, con los cuales –entre otras cuestiones— poder pagar los sueldos y primas de Sánchez Galán.
Vistas las circunstancias, un gobierno decente –ojalá que el próximo lo sea— debería haber controlado los precios en vez de ponerse de perfil o de beneficiar a las empresas, o en su defecto, ante amenazas o desobediencias, haber creado una empresa pública o haber estatalizado las que están haciendo que la energía en España sea de las más caras de Europa.
Pero claro, el gobierno actual no hace sino seguir su propia consigna. Ayudar a las grandes empresas y mantener abiertas esas puertas giratorias, ya que es posible que a partir de noviembre haya que hacer algún hueco a altos miembros de esta cuadrilla que tanto les ha beneficiado.
Salud y República
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