El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo.
- ¿Por qué ahora?
- ¿Quién y cómo se está negociando?
Las negociaciones además, están produciéndose de espaldas a la población, con un alto carácter secreto sobre su contenido, y sin participación y apenas consulta a la sociedad civil, e incluso con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la propia UE.
- ¿Qué regulará?
Un capítulo especialmente polémico es el de la protección de las inversiones, por el cual cualquier inversor privado internacional puede desafiar, ante tribunales internacionales poco transparentes, cualquier legislación (ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extracción de petróleo o gas) o una regulación sanitaria de sustancias tóxicas pueden ser objetos de demandas a los Gobiernos.
- ¿Qué supondrá?
- La liberalización de cada vez más sectores económicos profundizará en las privatizaciones de servicios públicos, cuyas consecuencias ya son conocidas.
- La armonización legislativa a la baja, aplicando la legislación más beneficiosa para las grandes corporaciones afectará a:
- Políticas medioambientales y del derecho a la salud: se flexibilizará el uso del fracking, se aumentará la producción y venta de transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas, entre otros, que cuentan con legislación más favorable en EEUU.
- La agroindustria se verá favorecida en detrimento de las pequeñas explotaciones más sostenibles, y por tanto se resentirá la soberanía alimentaria y la calidad en la alimentación.
- Sobre propiedad intelectual y uso y acceso a internet: se aplicará la legislación norteamericana que facilita la vigilancia cibernética y el acceso a datos personales, y pena el compartir archivos en la red; y además blindará las patentes, reduciendo por ejemplo la posibilidad de acceso a medicamentos genéricos.
Y a todo esto se añadiría, a través de los mecanismos de protección de las inversiones, que los Gobiernos se encontrarían maniatados para la puesta en marcha de las políticas públicas sociales y medioambientales destinadas a proteger a la ciudadanía, en beneficio del gran capital.
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