Los titulares sobre la multitudinaria marcha violeta
del 7N acabaron recogiendo lo que el feminismo viene años denunciando:
las violencias machistas, que se expresan desde constantes micromachismos
hasta el asesinato de las mujeres, es “una cuestión de Estado”.
Que
haya 1.378 víctimas mortales desde 1995 solo puede calificarse de
terrorismo y, como tal, las instituciones deben intervenir con urgencia
para, de una vez por todas, garantizar la seguridad de las mujeres. Solo
en 2015, 70 mujeres han sido asesinadas por hombres en España; 37 el
pasado verano. Los asesinos de mujeres han acabado también con la vida
de 8 menores; eran sus parejas, sus padres o las parejas de sus madres.
Asesinos que matan mujeres y que matan menores: una extrema
manifestación de la desigualdad por razón de género y una intolerable
violación de derechos humanos.
En un paso al frente
sin precedentes recientes, el movimiento feminista español ha instado a
todos los estamentos sociales y políticos a combatir esa desigualdad y
esa violación de nuestros derechos. Se exige a las autoridades la
aplicación del Convenio de Estambul, que España ratificó, y la reforma
de la Ley de Medidas de Protección Contra la Violencia de Género,
aprobada en 2004.
No implementar el Convenio de Estambul para prevenir
la violencia, proteger a las víctimas y emprender acciones judiciales
contra los agresores, así como no invertir todos los recursos necesarios
para sensibilizar a la sociedad (especialmente a los hombres y a los
jóvenes) en la necesidad de romper con una cultura de tolerancia,
convierte al Estado en responsable último de las agresiones de toda
naturaleza que sufren las mujeres por el hecho de serlo.
La llamada Ley Integral supuso un paso imprescindible en
la lucha frente a las violencias machistas pero, a día de hoy, se ha
demostrado insuficiente. Solo en lo que a las denuncias respecta, la
mayoría de las interpuestas en los Juzgados de Violencia son archivadas
por presunta falta de pruebas, lo que ha conllevado un preocupante
descenso de esas denuncias, de las órdenes de protección y de las
condenas: un 50% menos que en 2006.
Para minimizar, infravalorar,
ignorar o, en última instancia, justificar la violencia contra las
mujeres, el sistema heteropatriarcal ha extendido la falacia de las
denuncias falsas, escamoteando los datos de la Fiscalía General del
Estado que demuestran que las denuncias falsas apenas alcanzan un
insignificante 0,07% del total de las presentadas. Urge una revisión de
la actuación de los Juzgados de Violencia, de la formación de los
profesionales del sistema judicial y de la reparación vital de las
víctimas que el sistema ha desprotegido.
El propio CEDAW (Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) de Naciones Unidas ha
alertado sobre la desprotección judicial en España de las mujeres
víctimas de violencia machista.
En España siguen
siendo asesinadas mujeres y menores. Y sigue sin proporcionarse a las
víctimas supervivientes y a sus hijos e hijas la recuperación vital,
económica y social a la que tienen derecho.
Sigue sin incluirse una
política preventiva de las violencias machistas en los programas
educativos.
Los medios de comunicación no acaban de esforzarse por
erradicar el sexismo. Pero, mientras, el machismo español maneja datos
falsos (como los de las denuncias falsas) y se llena la boca con un
término con el que desprestigiar a las mujeres que luchan contra esa
discriminación y esas violencias: feminazis.
Todas
las activistas, periodistas y mujeres concienciadas que han dado voz a
la urgencia de priorizar la lucha contra el feminicidio y contra todo
machismo (por micromachismo que sea), hemos sido víctimas, además, de
ese vergonzoso calificativo. Incluir la alusión al régimen nazi para
referirse a las mujeres (y los hombres) comprometidas con la igualdad,
la justicia y la vida, es otra forma de agresión.
Busca el desprestigio
desde la confusión y la falacia. Que las feministas y los nazis no
tienen nada que ver es una perogrullada que no merecería atención si no
fuera porque el término se ha puesto demasiado de moda (no hay más que
leer los comentarios a los artículos feministas de este mismo medio) y
porque, en realidad, esconde todo lo contrario: machinazismo. Es decir,
machismo a secas pero además a conciencia.
El
machismo mata, no el feminismo. Y no es que los machinazis sean
necesariamente asesinos o maltratadores explícitos, pero sí son
negacionistas. Desacreditando a las voces que denuncian las violencias
machistas, los machinazis legitiman esas violencias, las disculpan, se
burlan de ellas, de quienes pelean contra ellas y de quienes trabajan
para erradicarlas.
Llamándonos feminazis restan importancia al objeto de
nuestras denuncias y violentan nuevamente a sus víctimas: otra forma de
negar la verdad de una realidad que es barbarie. Tras la moda
intencional de llamarnos feminazis, tras las agresiones verbales de los
machinazis, hay muchas mujeres muertas, punta del iceberg de un afán
hegemónico y una discriminación sexista que afecta a la vida de todas
las mujeres y a la convivencia de toda la sociedad.
Lo que debe suceder después del 7N, y no solo el próximo 25 de
noviembre, Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres, es
que los gobiernos, las instituciones públicas, las entidades privadas y
todos las personas que formamos esta sociedad nos decidamos a responder
cada día a esta violencia: cumpliendo las leyes, educando en la
prevención y la igualdad, y dando atención jurídica, social y
psicológica a las víctimas desde la gestión pública de los recursos.
Pero también desenmascarando el sexismo en sus infinitas
manifestaciones. Y no tolerando más que se insulte al movimiento
feminista, que se falte al respeto a las víctimas, que se haga apología
del terrorismo machista. Como se han acostumbrado a hacer los
machinazis.


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