(La Voz de Galicia).- El Concello le multa con 4.778 euros, pero cobra 341 al mes y no tiene «ni para gas»
Vive en una
infravivienda llena de ratas y humedad en la parroquia de Casteláns, en
el monte de Covelo. Domingo Alonso tuvo que emigrar con 17 años a
Buenos Aires y estuvo toda la vida trabajando como un burro. Ahora, en
su vejez, con 77 años solo tiene una mísera pensión de 340 euros de
Argentina y otra de un euro con ochenta céntimos mensuales que le
concede el Gobierno español.
Quería
volver a su aldea. Como la casa de sus antepasados estaba en tan malas
condiciones pidió una ayuda a la Xunta. La Consellería de Asuntos
Sociais le dio una subvención de 1.317 euros para mantener la
habitabilidad de la vivienda y para dotarla de un mobiliario básico. Con
el dinero arregló un poco el cuchitril y se hizo una pequeña cocina que
actualmente no llega a los dos metros de ancho. Las obras de
rehabilitación se iniciaron cuando Domingo se encontraba todavía en
Argentina. En el 2000, el arquitecto municipal visitó la obra
denunciada, situada en el barrio Arrroteña, y acreditó que además de las
obras para las que se concedió la licencia «se ha realizado un
ampliación de la vivienda. Dicha ampliación se está ejecutando mediante
un forjado de hormigón que vuela aproximadamente un metro sobre las
antiguas paredes. Lo ejecutado se valora en 50.000 pesetas».
El
arquitecto añade en su informe que esta ampliación no es susceptible de
legalización por encontrarse la construcción fuera de ordenación.
«Constituye por lo tanto, según la Ley del Suelo de Galicia, una
infracción grave. Deberá ordenarse la paralización y demolición de lo
ampliado y tomar las medidas previstas»
Con el
regreso a la aldea en el 2002 las relaciones familiares se deterioraron.
Su hermana tiene otra finca y una casa que linda con su muro. Domingo
cree que su sobrino, Odilo Álvarez, que fue concejal del BNG, «aspiraba a
quedarse con mi finca» y «como no se la quería vender me hizo la vida
imposible y me denunció». Además le puso al lado siete perros «que
ladran por las noches y no puedo dormir».
Como el
hombre no tiró la casa en estos quince años, el ORAL le impuso tres
multas que suman, con los intereses, 4.778 euros. «Me embargaron la
cuenta del banco», señala el jubilado, que solo cuenta con su pequeña
paga. «No tengo dinero para encender el gas y tengo que cocinar con
leña», relata en la exigua cocina de su casa. Su situación, con la
llegada del invierno, es tan precaria que no dispone de dinero para
calentarse y se abriga con mantas en una casa llena de humedad.
El Estado
español solo le concede una pensión de 1,80 euros porque, aunque estuvo
14 años trabajando en España, «me contrataban y me despedían y no sé
cuánto tiempo estuve cotizando», señala. Domingo Alonso pidió al
Ministerio de Empleo una rehabilitación del complemento de mínimos por
residencia en España pero la Seguridad Social le contestó que no estaba
acreditado que tuviese residencia en España porque en esa época estuvo
pasando más de 90 días en Argentina, donde está el apartamento en el que
viven sus hijos. «Fui a visitarle y tuve una depresión y me quedé más
de tres meses porque el médico no me aconsejaba viajar», recuerda.
Ahora,
además de embargarle la cuenta, el Concello le pide otros 7.379 euros
para llevar a cabo la demolición de la cocina ilegal.
«El Ayuntamiento me pide, además, 7.300 euros por la demolición parcial de la cocina»
Domingo Alonso
(Imagen tomada de La Voz de Galicia)
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