El 39 aniversario de la matanza de los abogados de Atocha vuelve a poner de relieve que la Transición no fue el período modélico y pacífico del que se presume. 188 personas murieron por “violencia política de origen institucional”.
ALEJANDRO TORRÚS
MADRID.- El 24 de enero de 1977, Alejandro Ruiz,
abogado laboralista de Comisiones Obreras, acudió como cada día al
local que el sindicato tenía en la céntrica calle de Atocha. Ruiz se
encontraba en una reunión con otros ocho compañeros. En el ambiente de
la ciudad se respiraba el miedo. Ellos sabían que en la España de la
época corrían peligro. Pero nadie imaginaba algo así. A las 22.40 horas
de la noche un grupo de tres pistoleros asaltó el despacho. Preguntaron
por Joaquín Navarro, histórico líder de Comisiones Obreras. No estaba.
Desde entonces, nada fue igual.
“Nos agruparon en una esquina del hall del despacho y sin mediar palabra se liaron a tiros con nosotros.
Era evidente que fueron a matarnos. Los altos teníamos tiros en el
corazón y los bajos en la cabeza. Una vez que estábamos en el suelo nos
intentaron dar el tiro de gracia. Yo salvé la vida porque tenía un
bolígrafo en la camisa y me rebotó la bala. Me abrió una herida pero no
tocó hueso y cuando nos dieron los tiros de gracia a mi sólo me hirieron
en la pierna derecha porque era lo único que no ocultaba el cuerpo de
mi compañero Enrique Valdevira, cuyo cadáver tuvo que levantar para sobrevivir”, rememora para Público Alejandro Ruiz, abogado superviviente de la matanza de Atocha.
De los nueve abogados que se encontraban en la sala cinco murieron en el acto:
Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín
Holgado y Ángel Rodríguez. Cuatro lograron salvar la vida: Luis Ramos,
Miguel Sarabia, Dolores García y el propio Alejandro.
"Salvé la vida porque la bala impactó con un boli que guardaba en mi camisa", recuerda Alejandro
El mismo 24 de enero, horas antes de la matanza de
Atocha, un bote de humo lanzado por la Policía impactó en la frente de
la estudiante universitaria Mariluz Nájera, causándole la muerte.
En ese momento, Mariluz se encontraba en la manifestación protesta por
el asesinato de otro joven estudiante un día antes: Arturo Ruiz,
quien fue tiroteado por un grupo de extrema derecha durante una
manifestación que pedía la amnistía para los presos políticos que aún
estaban encarcelados.
“La Transición no es el cuento de hadas que nos cuentan. Cada vez que había una fecha decisiva para el cambio político se recrudecía la violencia política en la calle.
El objetivo era que la calle no fuera de izquierdas, así como controlar
el proceso sin tocar a los franquistas ni los grandes capitalistas. Se
pretendía desestabilizar y frenar el proceso democrático”, analiza Mariano Sánchez, autor de la obra La Transición Sangrienta (Península).
Los datos que aporta Mariano Sánchez en su obra son demoledores. Entre 1975 y 1983, se produjeron 591 muertes por violencia política
(terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha, guerra sucia y
represión). De ellos, nada menos que 188 de los asesinados, los menos
investigados, entran dentro de lo que el autor denomina violencia política de origen institucional.
Es decir, los asesinatos “desplegados para mantener el orden
establecido, los organizados, alentados o instrumentalizados por las
instituciones del Estado”, explica Mariano Sánchez.
“Un ejemplo: al estudiante Arturo Ruiz lo mató un
miembro de los guerrilleros de Cristo Rey de los que ayudaban a la
policía a reprimir las manifestaciones. Es lo que entonces se llamaban grupos de incontrolados", agrega.
Yolanda González fue secuestrada y asesinada por militantes de Fuerza Nueva
La investigación llevada a cabo por Mariano Sánchez
detalla el origen de cada uno de los 591 asesinatos. Los grupos
incontrolados de extrema derecha causaron 49 muertos; los grupos
antiterroristas asesinaron a 16 personas, principalmente del entorno de
ETA y el GRAPO; la represión policial le costó la vida a 54 personas;
8 personas fueron asesinados en la cárcel o en comisaría; 51 murieron
en enfrentamientos entre la Policía y los grupos armados; ETA y el
terrorismo de izquierdas asesinó a 344 y el GRAPO a 51.
Y un dato más. Sólo en 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones en España,
el 76% del total. Había que controlar la calle porque, no hay que
olvidar, la vía pública tenía un dueño. "El orden público fue un factor
determinante de la Transición. Sirvió para frenar a la izquierda, que
entró en el juego y renunció a las calles, donde se producían las
reivindicaciones más fuertes.
El cambio del franquismo a la democracia
debía hacerse con el menor coste político y económico", explica Sánchez.
El asesinato de Yolanda González
La violencia no cesó tampoco una vez aprobada la Constitución. En 1980, 30 personas fueron asesinadas por “violencia política de origen institucional”.
Entre los numerosos atentados quedó grabado en la memoria el secuestro y
asesinato en Madrid de la dirigente estudiantil Yolanda González,
militante del trotskista Partido Socialista de los Trabajadores, un
pequeño grupo político que provenía de una escisión de la Liga Comunista
Revolucionaria.
Yolanda, de apenas 18 años, fue secuestrada y
ejecutada por un comando fascista compuesto por militantes de Fuerza
Nueva, comandado por Emilio Hellín Moro, y organizado por el jefe de
seguridad del partido de Blas Piñar. “La asesinaron y dejaron su cuerpo tirado en una carretera comarcal. Le
quitaron la vida un tiro en la sien disparado por Hellín Moro, quien
hoy vive plácidamente, a pesar de haber de que fue condenado a más de
treinta años por el asesinato y secuestro de Yolanda”, escribe Sánchez.
Los asesinos de Atocha cumplieron 14 y 15 años de cárcel de una condena de 193
La indulgencia de la justicia con los asesinos de
extrema derecha de la Transición fue la tónica habitual. “Hay que partir
de la base que los encargados de investigar los terrorismos era la
misma gente que antes estaba en la Brigada Político Social de Franco. No
se hizo una limpieza en las instituciones. Si la gente es la misma los
resultados eran parecidos”, aprecia Sánchez.
Una vez más, Atocha
La connivencia de la Justicia con los asesinos de
ultraderecha se ejemplifica, una vez más, con el caso de la matanza de
Atocha. Antes incluso del comienzo de la vista, el juez instructor del
caso, Gómez Chaparro-que provenía del Tribunal de Orden Público-
concedió un permiso de fin de semana a Fernando Lerdo de Tejada, sobrino de una secretaria de Blas Piñar (fundador de Fuerza Nueva) e imputado en la causa por asesinato.
Lerdo de Tejada jamás regresaría a la cárcel de Ciudad Real y, hasta hoy, permanece desaparecido.
Su delito prescribió en febrero de 1997. Los otros dos imputados por el
asesinato de los abogados, Fernández Cerrá y García Juliá, sí fueron
juzgados y condenados, cada uno, a 193 años de cárcel.
Además, el
secretario provincial del Transporte de Madrid, Francisco Albadalejo Corredera, fue condenado a 73 años de prisión por haber dado la orden.
Apenas 14 años después de aquella noche de enero de
1977, en el año 1991, García Juliá obtuvo la libertad condicional. No
obstante, su estancia en libertad duró poco tiempo. El 11 de mayo de
1996 era detenido por la policía boliviana bajo la acusación de tráfico de drogas. Por último, Fernández Cerrá cumplió 15 años de cárcel y salió con la condicional en 1992.
“La investigación judicial impidió saber quien estaba detrás de los asesinos"
Nunca se investigó más arriba de Albadalejo. Las sospechas de que el asesinato fue organizado desde élites políticas cercanas al franquismo han
circulado siempre entre los abogados supervivientes y su círculo. Sin
embargo, nunca se investigó. “La investigación judicial impidió saber
quien estaba detrás de los asesinos.
Se impidió una investigación mayor
que, probablemente, hubiese unido a estos asesinos a partidos de extrema
derecha y a algún sector ultra del franquismo”, asegura Alejandro Ruiz,
quien afirma que aun hoy hay gente reticente a reconocer que este
atentado fue alentado por sectores del Estado.
“Nos movemos en un tiempo muy difícil entre la
memoria y el olvido, pero sin memoria no se puede tener futuro. La
democracia le costó la vida a cientos de personas. No fue fácil llegar
hasta aquí ni construir una democracia en la que todos tenemos cabida.
Recordémoslo”, sentencia Alejandro Ruiz.
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