La papelera Ence ha obtenido sobre la bocina una prórroga de 60 años
para continuar su actividad. Se oponen a esa concesión los movimientos
ecologistas y vecinales, el Ayuntamiento de Pontevedra y los socios
gallegos de Podemos en el Congreso.
El caso Ence lo tiene todo. Puertas
giratorias, sospechas de prevaricación, relaciones matrimoniales entre
representantes de la empresa y de la Xunta, la firme oposición del
Gobierno municipal y hasta un papel que jugar en el posible pacto
PSOE-Podemos que se discute estos días. La prórroga de 60 años
aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, a la concesión a la
papelera pontevedresa, ha generado una importante contestación vecinal y
es una de las primeras medidas por las que tendrá que responder el
hipotético Gobierno formado por los socialistas de Pedro Sánchez y la
coalición de fuerzas liderada por Pablo Iglesias.
El caso lo ha explicado Praza Pública
en distintos artículos aparecidos esta semana. Agricultura, en una
polémica decisión, ha autorizado a Ence a ocupar hasta el año 2073 los
terrenos en Lourizán, donde se ubica la fábrica desde 1958.
Antón Masa, presidente de la Asociación
Por la Defensa de la Ría (APDR) explica a Diagonal que la prórroga “no
sólo es ilegal sino que roza la prevaricación” y
anuncia que las asociaciones que defienden el fin de la concesión irán
hasta el final para detener una medida que perpetúa en la zona a la
papelera, que es “un freno para el desarrollo económico, ambiental, para
la explotación racional de la ría, para su saneamiento y para la
calidad de vida de la provincia de Pontevedra”.
Oposición vecinal y municipal
La medida, anunciada esta semana y que aún no es firme, va a ser recurrida por vía administrativa y judicial,
y está acompañada de la movilización de las organizaciones sociales:
hoy, 27 de enero, hay una concentración convocada, y para el viernes se
ha organizado una manifestación. Como recuerda Praza Pública, la
oposición a la papelera también es un consenso entre los partidos
políticos de la provincia. Los grupos municipales que defienden la
permanencia de Ence en Pontevedra son minoría en el Concello, dirigido
por el BNG, que obtuvo el 45% de los votos el pasado mayo.
La teniente
de alcalde, no ha dudado en calificar como una “malísima noticia” el
anuncio de Medio Ambiente. El alcalde anunció ayer, día 26, que se
tomarán todas las medidas necesarias para que no se haga firme la
amenaza sobre la Ría: “En ningún país de Europa permitirían que se
perpetuase, es una burla a todos los pontevedreses”, declaró a los
medios Miguel Anxo Lores.
La privatización de la empresa comenzó durante la primera legislatura de José María Aznar (PP) en 1995 y se completó durante la segunda, en 2001
El paso de la política municipal a la central también planea desde el anuncio de Medio Ambiente. En Marea,
dentro del grupo de Podemos en el Congreso, ha anunciado que la
anulación de la prórroga es una “prioridad” de la coalición para apoyar
un Gobierno de cambio. También tendrá su influencia en las elecciones
autonómicas, que está previsto que se celebren en otoño de este año, y a
las que, previsiblemente, se presentará una continuación de En Marea.
Quien seguro irá a las urnas es el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo,
quien ha cambiado su posición desde 2009 cuando consideraba “una
decisión personal” conseguir que la fábrica se trasladase fuera de la
ría, hasta 2013, cuando se suavizó el discurso a favor de la empresa.
Puertas giratorias
La multinacional Ence, dedicada a la
fabricación de pasta de papel y la transformación energética, es un
actor poderoso en el entramado societario español y está presente en
otros puntos del Estado y de Latinoamérica, como Uruguay y Argentina. La
privatización de la empresa comenzó durante la primera legislatura de
José María Aznar (PP) en 1995 y se completó durante la segunda, en 2001.
En ese periodo hicieron su carrera política tres cargos del Ministerio
de Medio Ambiente, la propia ministra,Isabel Tocino, Pascual Fernández y Carlos del Álamo.
Hoy, los tres son consejeros de la empresa, en la que también
participan millonarios como Juan Aguirre, hombre fuerte de Iberdrola, o
“los Albertos” por medio de la sociedad Alcor Capital.
Ver: Ence, energía y celulosa en la web Quien Manda
“Hemos denunciado la connivencia entre
Ence y la petroquímica Elnosa y la administración tanto de la Xunta como
del Gobierno central. Se ve perfectamente cómo funcionan las puertas
giratorias”, denuncia Antón Masa. La electroquímica Elnosa, también
sobre la ría de Pontevedra, ha conseguido recientemente abrir la
posibilidad de permanecer en esa ubicación más allá de 2017, la fecha de
caducidad de su concesión.
“Hay una relación especialmente sangrante, entre el director de Ence Pontevedra, que está casado con la subdirectora Xeral de Medio Ambiente de la Xunta,María
José Echevarría Moreno, que fue nombrada por Carlos del Álamo. Entre
sus funciones está tramitar expedientes sancionadores a las
contaminantes”, subraya Antón Masa, quien cree que Echeverría
“difícilmente va a abrir un expediente contra la empresa que dirige su
marido”. Además, esta subdirectora de la Xunta es hermana de la
representante legal de Elnosa, Amaya Echeverría. Masa asegura que APDR
tiene pruebas de que María José Echeverría participó en la tramitación
de la concesión de la autorización ambiental integrada de las dos
empresas.
El daño ambiental
Desde su fundación en 1987, la
Asociación Pola Defensa da Ría viene denunciando las consecuencias
económicas, ecológicas y sanitarias de la instalación de la papelera
frente a la isla de Tambo en la ría de Pontevedra. “Desde que llegó en
los años 50 Ence no cumplió nunca la legislación de vertidos a la ría. Hoy
en día sigue incumpliendo buena parte de las condiciones exigidas en
aquella concesión”, dice Masa. Durante años, los vertidos de cloro,
nitrógeno, fósforo y mercurio, así como las emisiones de azufre, han
dejado en la zona un característico olor pestífero.
La concesión aprobada a finales de los
50 marca un límite de 20 partes por millón de demanda biológica de
oxígeno para los vertidos de Ence, algo que supera constantemente,
denuncian desde APDR, lo que por sí sola es una causa de caducidad de la
concesión. Desde esta organización señalan también que la papelera
incumple la normativa sobre sólidos en suspensión.
Estos vertidos producen una gran
cantidad de coliformes fecales –o termotolerantes– que se acumula en
forma de materia orgánica sobre la ría, lo que la invalida para la pesca
y el marisqueo. “Muchas de las especies de marisco han desaparecido”, indica
Masa, quien reseña que el banco válido para consumo de la zona, tiene
calificación C, es decir, que no se puede comercializar sin pasar antes
al menos un mes en una zona limpia, y en casi ningún caso para su
consumo como alimento fresco.
Menos empleo del anunciado
La empresa se ha comprometido a realizar
una inversión de 61 millones de euros para mejorar la eficiencia y las
condiciones ambientales de la fábrica. Es poco si se considera que,
según El Libro Blanco sobre Ence [PDF], recogido por Praza Pública,
se estima que la operación de prórroga hasta 2073 reportará 2.000
millones de euros a la multinacional pastera, entre el dinero que se
ahorrarán quedándose en su actual emplazamiento y lo que dejarían de
ingresar si tienen que entregar los terrenos.
De cara a la opinión pública, el
principal argumento de Ence es la conservación del empleo. La empresa
cree que el no cierre conseguirá que se mantengan 800 empleos en
Pontevedra y 5.000 en todo Galicia. Aunque el comité de empresa rebaja
estas cifras. Actualmente Ence da trabajo a entre 250 y 300 trabajadores,
pero son muchos los puestos de trabajo que destruye, algo que no es
extraño estando en el Consejo Fernando Abril Martorell, especialista en
la consecución de despidos colectivos.
Ence, que llegó a tener casi 600
trabajadores en la ciudad, también destruye empleos de forma indirecta,
apunta Antón Masa, porque al destruir los recursos naturales “no se
pueden crear puestos de trabajo en la pesca y el marisqueo” y de forma
inducida, “porque ninguna empresa limpia viene a Pontevedra con la fama
que tiene de olores, vertidos contaminantes, etc”.
Desde la Asociación Pola Defensa da Ría
creen que los puestos de trabajo perdidos por la salida de Ence de
Pontevedra se pueden recuperar “desarrollando una economía sostenible
basada en la explotación racional de la pesca, el marisqueo, el sector
forestal y el sector turístico”.
La solución a estas visiones
contrapuestas del futuro de la ría y de la ciudad de Pontevedra bien
puede unirse a las “líneas rojas” que Podemos y el PSOE, que en Galicia
se opone a la prórroga, están negociando para la formación del próximo
Gobierno central. En un comunicado, En Marea, ha anunciado su intención
de que se revise, anule y deje sin efecto la medida del Ejecutivo
saliente.
Pablo Elorduy | Diagonal | 28/01/16
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