Según ha podido saber eldiario.es, el entorno de Fátima Báñez ha
llegado a plantear la posibilidad de que las comunidades autónomas se
hagan cargo de las pensiones de viudedad
Esto supondría desligar
estas prestaciones de las contributivas que paga la Seguridad Social,
algo que le permitiría a Empleo acabar con el déficit del sistema
Actualmente existen 2,3 millones de pensiones de viudedad, que se han generado por la cotización de un trabajador
La ministra de Empleo acaba de renovar su
mandato, pero su gabinete lleva tiempo dándole vueltas a las líneas de
la que será la gran reforma de esta legislatura: las pensiones. Con un
sistema en crisis y la hucha a punto de agotarse, el Gobierno baraja
incluso fórmulas extremas de difícil consenso.
Según ha podido saber
eldiario.es, el entorno más directo de la ministra Fátima Báñez ha
planteado la posibilidad de que sean las comunidades autónomas las que
se hagan cargo de las pensiones de viudedad, algo que supondría una
ruptura con el sistema actual.
Según esa tesis, estas
pensiones saldrían de la gestión de la Seguridad Social: dejarían de
ser prestaciones contributivas para convertirse en ayudas asistenciales
que dependerían de la capacidad de las comunidades. La idea, sin
embargo, no nace de la secretaría de Estado de Seguridad Social,
liderada hasta ahora por Tomás Burgos.
El argumento que barajan algunos miembros del ministerio
para 'vender' este cambio es doble. Por un lado, que sacar estas
prestaciones del sistema permitiría acabar con el déficit de la
Seguridad Social.
La previsión que maneja el departamento es que ese
agujero sea de 18.000 millones de euros al acabar este año. El coste de
las pensiones de viudedad ronda precisamente los 20.000 millones de
euros.
Por otro lado, que de esta forma las pensiones
podrían subir más del 0,25% que, tras la última reforma, parecen
condenadas a crecer, al menos hasta que el panorama laboral cambie
radicalmente.
¿Por qué? Si las prestaciones de viudedad salen de la
Seguridad Social, se acaba con casi todo el déficit del sistema y eso
permitirá que la fórmula con la que se calcula la subida anual de las
pensiones dé un resultado superior a ese 0,25%.
La
última reforma acabó con la revalorización de las pensiones conforme al
IPC y aprobó esta nueva fórmula para calcular la subida anual. La
fórmula tiene en cuenta varios factores, como el estado de las cuentas
de la Seguridad Social o el número de pensiones. Según el resultado de
esa fórmula, las pensiones pueden subir entre un suelo del 0,25% y un
techo del IPC más el 0,5%.
Actualmente existen
2.360.000 pensiones de viudedad, la mayoría percibidas por mujeres. Se
trata de prestaciones contributivas que se han generado por la
cotización de un trabajador y que son, por tanto, un derecho. Su cuantía
depende de cuál fuera esa cotización.
Si estas
pensiones salieran de la Seguridad Social y fueran las comunidades las
encargadas de sufragarlas, esto cambiaría: ya no estarían unidas a una
cotización, sino que se convertirían en una prestación asistencial que
dependería de cada territorio.
El Estado no tiene competencia para
marcar una cuantía mínima en las prestaciones ofrecidas por las
comunidades, por lo que cada territorio podría fijar unos umbrales
diferentes.
Más financiación
La comisión del
Pacto de Toledo del Congreso ya está trabajando en ideas para aumentar
la financiación de la Seguridad Social. El reto es cómo conseguir que el
sistema tenga más ingresos para que sus cuentas cuadren y las pensiones
sean sostenibles.
En los últimos meses se han plateado varias ideas que
giran, sobre todo, en torno a la posibilidad de pagar con impuestos (o
bien crear un impuesto específico) para sufragar las pensiones.
Una de las opciones que se han puesto sobre la mesa es que las
pensiones de viudedad y orfandad se paguen con impuestos.
Pero esto
tampoco satisface a los agentes sociales por el malestar social que
podría crear atribuir a este tipo de prestaciones carga impositiva
directamente.
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