El PP ha decidido solucionar
un problema que no existe. La instrucción de los procesos penales por
parte del juez. El PSOE está muy de acuerdo en apoyarle en ello. Podrán
pactar y acordar un cambio que no soluciona nada que nos acucie, pero
que a ambos partidos les debe parecer prioritario.
Han comenzado ya los
movimientos de formación de la opinión pública para hacernos aplaudir un
cambio que no sólo no es necesario, ni mucho menos urgente, sino que
puede ser peligroso y contraproducente para el funcionamiento del Estado
de Derecho. Nos la van a colar y encima van a pretender que les
aplaudamos el empeño.
No es un tema tan técnico
como pretenden. Trata del control del poder y eso lo vamos a entender
todos rápido. Fue Felipe González el que comenzó a pensar que los jueces
en este país tenían “demasiado poder”. No es raro. Se arriesgaba a que
le enviaran a prisión a unos cuantos cargos importantes. Lo resolvió
reformando la manera en la que el juez podía adoptar la prisión
preventiva e introdujo la obligatoriedad de la petición acusatoria, para
meter al fiscal por medio. Sólo doy datos.
El PP siempre estuvo en
contra de entregar la instrucción a la Fiscalía, arrebatándosela a los
jueces.
No hace falta ser un lince para saber cómo y por qué se han
caído ahora del caballo y se han reconvertido, después de ver el
calvario judicial que han atravesado en los últimos años. Intentar
controlar a los jueces, a través de nombramientos y otras zanahorias y
palos, es complejo, indirecto y no totalmente satisfactorio.
Las carnes
de los populares lo saben, y los ciudadanos también. En cambio, hacer
que la Infanta no sea acusada o que no se impulse la acción penal en
temas como los Papeles de Bárcenas, Pujol y otros muchos, que arrancaron
gracias a acusaciones populares, no resulta tan difícil. A las pruebas
me remito.
Así que han decidido
solucionarnos ese problema que nos inquieta tanto y que estriba en que
los jueces instruyan con independencia, aunque sin medios, que esa
también es otra forma de ponerle palos a la rueda.
Los argumentos que se
esgrimen, para vendernos una idea que a ciertos políticos les encanta,
son fácilmente rebatibles. Ni importa que el juez instructor sea una
figura diferente a la de otros países, ni es fácil llevarla a cabo con
el número de fiscales existentes, ni es aceptable que un fiscal
dependiente jerárquicamente pueda investigar y tomar medidas contra los
ciudadanos por mucho que a posteriori las controle el juez.
No pongo en
duda a los integrantes de la Fiscalía, pero sí a quiénes mandan y en
modo alguno van a dejar de hacerlo.
Ni yo, ni ninguno de los
detractores de este cambio innecesario y peligroso, tenemos nada que
objetar a la capacidad profesional de los fiscales españoles, pero me
temo que la tenemos toda contra los dos grandes partidos que han
politizado y manipulado durante décadas las reglas del juego para buscar
crear una burbuja de impunidad para el poder.
Si de verdad es tan
operativo que sea el fiscal el instructor, no veo otra salida que
convertir a los fiscales en parte del Poder Judicial y hacerlos
totalmente independientes, como sucede en otros países, por cierto.
La instrucción penal sólo
puede estar en manos independientes del poder en una democracia. No
dejemos que nos la cuelen de nuevo. Los cambios, los pactos en sí, no
merecen aplauso alguno. Es su contenido el que debe satisfacer la
necesidad de una sociedad más libre y de una auténtica regeneración
democrática que la inmensa mayoría de los españoles desea y que es la
única esperanza de progreso para todos.
Eso es lo que deben de reformar y
pactar. Que no nos la cuelen de nuevo.
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