A estas alturas debería estar
perfectamente claro que lo que queda de los servicios públicos está en
el punto de mira. Y que todo ataque que preparan va precedido de un
“relato”, de un montaje mejor dicho, que carece de cualquier fundamento
que no sea favorecer los intereses que representan.
Es una guerra de
clases que tiene ganadores y perdedores, y el arma más letal es dar
crédito a su propaganda, de forma que nuestra fuerza sea preventivamente
destruida.
La nueva Ministra de Sanidad ha
anunciado su decisión de ampliar el copago de los medicamentos para los
pensionistas que cobren más de 18.000 euros anuales. Utiliza para
justificarla argumentos que, no por haber sido esgrimidos por Consejeros
y Ministros anteriores, resultan menos vergonzosos.
Se pervierte el sentimiento popular de
justicia, “que pague más, quien más tiene”, que tiene su aplicación
fundamental en la aplicación de los impuestos directos sobre la riqueza
para intentar legitimar – con el mismo argumento – una nueva restricción
económica en el acceso a los medicamentos, que, sin duda alguna, abrirá
el camino a otras más.
Es una gigantesca trampa que intenta
culpabilizar y enfrentar entre si a quienes menos tienen, ocultando el
saqueo generalizado de las arcas públicas que se ha producido vía
reducción de impuestos a las rentas más altas (el escarnio de las SICAV
sigue vigente), amnistías fiscales, el rescate de la banca privada, la
evasión de capitales y tantos etcéteras, por no hablar de la miseria de
las pensiones o de los incrementos brutales de la explotación que supone
la generalización de la precariedad.
Además, el establecimiento de barreras
económicas para el acceso a un elemento central del sistema sanitario –
al que se accede mediante prescripción facultativa y precisamente cuando
se está enfermo, es un crimen cotidiano.
Tras el primer año de entrada en vigor
del Real Decreto Ley 28/2012, del gobierno del PP, que cínicamente
llevaba por título “de consolidación y garantía del sistema de la
Seguridad Social”, un estudio realizado en Madrid arrojaba el
estremecedor dato (obtenido mediante encuesta y por lo tanto muy
inferior al real) de que cerca del 20% de los pensionistas no acudían a
retirar de la farmacia los medicamentos prescritos.
Resultados
semejantes se han obtenido en estudios relativos a la introducción del
copago en otros países, con la particularidad de que ese 20% de la
población es el que concentra todos los riesgos desde el punto de vista
de la salud; es el mismo a quien se desahucia por no pagar el alquiler,
el que devuelve los alimentos en la caja del supermercado o a los que
hipócritamente se califica de “pobres energéticos”.
El argumento de que la cantidad exigida –
un máximo de 8 euros mensuales – es simbólica (¿para quién?) es un
insulto para la mayoría de pensionistas (y activos), que con ingresos
inferiores a los 600 euros, tiene que decidir entre comer, pagar la luz o
retirar los medicamentos.
Pero hay que recordar, para la juventud,
o para los desmemoriados, que los discursos destinados a justificar los
copagos son añejos.
Quien abrió el debate acerca de la
conveniencia de hacer pagar a las personas enfermas por los fármacos que
les prescribe su médico fue el Informe Abril Martorell (1991),
elaborado a instancias de un ejecutivo del PSOE que gobernaba con
mayoría absoluta.
El primer “medicamentazo” fue obra
también del PSOE en 1993. La Ministra Ángeles Amador, hoy flamante
“consejera” de Red Eléctrica Española, fue quien llevó a cabo por
primera vez la exclusión de determinados fármacos de la financiación por
la sanidad pública. El segundo de ellos vendría de la mano del PP en
1998. Muchos de los medicamentos eran, y son, de uso frecuente en
enfermedades crónicas. Se esgrimieron argumentos confusos y
contradictorios. Si no eran eficaces, habría que haberles eliminado del
Registro.
Si se pretendía favorecer el buen uso de los medicamentos, es
injustificable que los excluidos por su dudosa utilidad pasaran a ser
objeto de publicidad en medios masivos, con lo que cualquier atisbo de
racionalidad desaparecía por completo. Así, se da el caso de que un
medicamento como el Frenadol, prohibido en varios países de la UE, es
objeto aquí de propaganda masiva.
Los objetivos de ahorro son también
falaces. Tras un breve periodo de reducción tras la adopción de las
medidas, el gasto farmacéutico vuelve a dispararse. En el caso de la
financiación selectiva de medicamentos, se eliminaron los medicamentos
más baratos y menos rentables, que fueron sustituidos por otros más
convenientes para la cuenta de resultados.
Los objetivos de ahorro son una falacia e
incompatibles con el poder aplastante de la industria farmacéutica, a
cuyo servicio han estado todos y cada uno de los ministerios y
consejerías del Estado español.
Lo que importa saber es que son capaces
de inventarse cualquier cosa para conseguir los objetivos de los
intereses empresariales a los que sirven. A modo de ejemplo valga este
hecho que viví en mi época de diputada, precisamente cuando el PSOE
intentaba rodear de legitimidad social su primer “medicamentazo”.
El
argumento usado entonces para neutralizar la resistencia social fue la
acusación de fraude masivo en las recetas de pensionistas que los
jubilados usaban para obtener medicamentos gratis para toda la familia.
Los medios de comunicación masivos se hicieron eco y expandieron el
“relato”, sin más fundamentos. CC.OO y UGT lo apoyaron activamente
llevando a cabo una “campaña de educación sanitaria” entre sus
afiliados, con folletos y charlas destinados a colaborar en la
eliminación de dicho fraude.
Ante la persistencia de mis preguntas
dirigidas a altos cargos del Ministerio en sede parlamentaria acerca de
cuales eran los datos que avalaban tales acusaciones de fraude, la
respuesta que obtuve fue que tras un estudio realizado sobre decenas
miles de recetas en Madrid habían aparecido 25 dudosas.
El copago de medicamentos, que como
tantas veces se ha repetido es repago, sirve a un doble objetivo
esencial para la gestión empresarial y la privatización de la sanidad
pública:
Si el 80% del gasto es consumido por el
20% de la población de más edad, enfermos crónicos y personas con
escasos recursos, eliminarles del acceso a la sanidad, como muy bien
saben las mutuas patronales y las aseguradoras privadas, garantiza el
negocio.Hacer pagar por los medicamentos prescritos va eliminando uno de
los valores esenciales de la sanidad pública frente a la privada: la
gratuidad en el momento de uso.
A estas alturas debería estar
perfectamente claro que lo que queda de los servicios públicos está en
el punto de mira. Y que todo ataque que preparan va precedido de un
“relato”, de un montaje mejor dicho, que carece de cualquier fundamento
que no sea favorecer los intereses que representan. Es una guerra de
clases que tiene ganadores y perdedores, y el arma más letal es dar
crédito a su propaganda, de forma que nuestra fuerza sea preventivamente
destruida.
Ángeles Maestro | La Haine | 10/01/2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR TU OPINION-THANKS FOR YOUR OPINION