A veces, cuando vamos al supermercado a
comprar alimentos con la tranquilidad que da entrar en un comercio que
se supone con todas las garantías, no somos conscientes de que dentro
hay ciertos tipos, por llamarlos de alguna manera, dispuestos a darnos
gato por liebre. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, la organización que
defiende los derechos de los consumidores, trabaja para que el comprador
no sea estafado por los desaprensivos, que cada vez son más y más
astutos.
Los peligros que acechan a los clientes son múltiples: falsos
etiquetados, información confusa o defectuosa, alimentos con
ingredientes perjudiciales para la salud, teleoperadores entrenados como
perros de presa para sacarnos el dinero, compañías eléctricas que hacen
del tarifazo el gran deporte nacional, banqueros piratas, corredores de
seguros todavía más piratas… El mercado se ha convertido en una jungla
hostil llena de tramposos y cepos en los que caemos cada día sin darnos
ni cuenta. ¿De quién es la culpa de que nos engañen? “Primero están las
empresas que cometen los fraudes.
Luego hay una responsabilidad de los
gobiernos que no actúan ante esos fraudes o bien porque son torpes o
bien porque no quieren actuar. Y en tercer lugar estamos los propios
consumidores, que tenemos que alcanzar la mayoría de edad y asumir que
tenemos que enfrentarnos a esos fraudes”. Tome lápiz y papel y apunte.
No sea pardillo. Su bolsillo y su salud se lo agradecerán.
Empecemos por las compañías eléctricas, para explicarlo de forma sencilla, ¿por qué estamos pagando cada vez más por la luz?
Bueno, realmente estamos pagando tarifas
desproporcionadas por la luz porque es un sector donde se cometió una
liberalización-estafa, igual que ha ocurrido en otros sectores, y porque
el Gobierno no tiene una gran capacidad de intervención sobre las
tarifas. No hay unos mecanismos de supervisión o control y eso provoca
que se ponga en manos de un oligopolio que puede o bien tener un acuerdo
de no agresión, es decir, de no competir entre sí o incluso llegar a
adoptar el fraude o prácticas fraudulentas en la fijación de los
precios, como por ejemplo ocurrió con Iberdrola en 2013 cuando paralizó
centrales hidráulicas para poder encarecer el precio.
¿Influyen realmente las puertas giratorias en la factura de la luz?
Bueno, el poder económico manda sobre el
político y el poder económico es el que dicta las políticas energéticas
en nuestro país y coloca a ministros en el Gobierno o coloca a
exministros en sus consejos de administración. Hoy tenemos por ejemplo
un ministro de Economía que era uno de los consejeros mejor pagados por
Endesa y en Endesa, en Iberdrola y en Gas Natural Fenosa tenemos a altos
cargos del Gobierno, hasta ex presidentes del Gobierno en sus consejos
de administración o contratados por esas grandes empresas, con lo cual
sí hay una puerta giratoria que evidentemente tiene una influencia
enorme, una puerta giratoria que va en dos direcciones.
¿Qué debería hacer un Gobierno que quisiera terminar con la pobreza energética?
Pues preocuparse por revisar las cifras
tan alarmantes que hay precisamente de esa pobreza energética, los más
de 650.000 cortes de luz que se producen en un solo año, de los cuales
una inmensísima mayoría son por problemas de la gente para poder pagar
el recibo, en lugar de ridiculizar o burlarse de esos cortes y plantear
que parte de ellos son de gente despistada que se olvida de pagar y que
luego lo resuelven sobre la marcha pagando con tarjeta en el banco. Eso
es lo que llegó a decir el ministro Álvaro Nadal en el Congreso cuando
le hablaron de esas cifras de cortes de suministro. Por lo tanto, cuando
en lugar de asumir el problema lo que se hace es intentar minimizar el
problema o incluso plantear que no es tal el problema, evidentemente
está claro que la preocupación del ministro de Energía y del Gobierno es
defender los intereses de las eléctricas.
¿Hay más pobres energéticos de los que dicen las estadísticas? ¿Qué cifras baraja Facua?
Bueno, nosotros partimos de que hay una
cifra alarmante de pobreza energética y tarifas muy elevadas que afectan
a cualquier consumidor, tenga un nivel preocupante en su economía,
tenga un bajísimo nivel económico o no, pero en cualquier caso la tarifa
ya de por sí es cara y no es justo que sea tan cara. No entendemos por
qué tenemos que asumir que el presidente de Iberdrola tiene que ganar
44.000 euros al día y que eso es lo normal en este país.
¿Y qué puede hacer un consumidor que quiera reducir el tarifazo?
Emigrar.
Jajaja, claro, pero aparte de eso… en el día a día me refiero…
A nosotros nos preocupa mucho que se
recurra al mensaje de que es el consumidor el que puede adoptar medidas
para reducir el gasto, porque es cierto que en parte puede hacerse. Hay
todavía algunos consumidores que quizás no consumen de forma adecuada,
pero digamos que hay unas nociones muy básicas para adecuar el consumo
energético, y hay gente que ha llegado al extremo de privarse del uso de
la calefacción sencillamente porque no puede llegar a fin de mes, o sea
hay determinados consumidores, millones de consumidores, a los que les
podríamos decir: “Usted ya ha hecho casi todo lo posible para tener una
factura más baja, ahora el siguiente consejo es que se muera de frío”,
porque se podría llegar a ese extremo.
A nosotros no nos gusta ese
discurso, no nos gusta que nuestro discurso se centre en: “Estas son tus
pautas para ahorrar”. Porque nuestro discurso se centra sobre todo en:
“Tenemos que denunciar un macrofraude que consiste en un Gobierno que
tolera tarifas desproporcionadas y tenemos que acabar con eso y
movilizarnos”, porque si no, nos podríamos despistar en el discurso y
trasladar la idea de que somos nosotros los consumidores los
responsables de poder bajar el coste del recibo.
Es decir que estamos ante un mercado sobre todo especulativo, ¿no?
Exacto.
¿Y qué ha pasado con esa
comisión de investigación que se iba a abrir en el Parlamento? Parece
que no se está haciendo nada tampoco por esa vía.
Bueno, no tengo datos en ese sentido.
Nosotros incluso hemos pedido reuniones al Partido Popular, al grupo
Popular en el Congreso o al ministro de Energía. Lo hemos hecho nosotros
junto a más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil,
donde están las grandes centrales sindicales, las organizaciones
ecologistas, la PAH, etcétera, y ni el ministro ni el grupo Popular nos
han contestado, no nos quieren recibir, no quieren hablar con nosotros,
ellos solo se reúnen con los señores de las eléctricas para recibir sus
políticas, pero no se quieren reunir con las organizaciones de la
sociedad civil.
¿En otros países del entorno europeo pasa lo mismo o es una cosa exclusivamente de España?
Bueno, hay distintos niveles de pobreza
energética en Europa, hay distintos modelos tarifarios. Nos ponemos
evidentemente en una perspectiva muy negativa de lo que ocurre porque si
comparamos las tarifas españolas con las del resto de países de la
Unión Europea, nosotros estamos entre los países con los precios más
elevados.
Al final parece que la única solución de Rajoy es rezar al dios de la lluvia…
Sí, que se lleva un poco al extremo del
cinismo ¿no? a plantear que son siempre factores externos los que pueden
provocar la bajada de la luz y que el Gobierno no tiene ningún tipo de
capacidad de intervención. No sé, lo que nos preguntamos es si este
Gobierno no tiene nada que hacer en un sector tan básico, tan esencial
como la electricidad. Esos señores que dicen que son los únicos que
saben gobernar, que los demás serían incapaces, realmente ¿a qué se
dedican estos señores en el Gobierno? Si no tienen ni idea de cómo
acabar con las desproporcionadas tarifas de la luz y con la pobreza
energética, están demostrando que o no saben gobernar o realmente su
objetivo no es gobernar para el bien común sino para el beneficio de los
que mandan en ese oligopolio energético para que ellos se forren a
costa de empobrecer a los ciudadanos.
El movimiento de los consumidores ha crecido en los últimos años. ¿Somos cada vez más responsables?
Bueno, nosotros concretamente hemos
crecido en los últimos años en España, en nuestra organización ahora
mismo somos más de 190.000 miembros, estamos hablando de cerca de
doscientas mil personas que forman parte de Facua. Hemos experimentado
un crecimiento importante en los últimos tiempos, está claro que nos ha
ayudado mucho a aumentar nuestras reivindicaciones y movilizaciones
nuestra presencia en los grandes medios y también la dinamización de
nuestras acciones y campañas a través de las redes sociales.
Pero
todavía no hemos llegado a un nivel donde podamos establecer que
realmente los consumidores somos fuertes en la lucha contra los abusos,
queda muchísimo camino por recorrer, tenemos que empoderarnos muchísimo
más, es fundamental que muchas más personas, muchas más decenas de miles
de personas se unan a movimientos ciudadanos como Facua dedicados a la
defensa de los consumidores. Por tanto, nosotros no estamos satisfechos
de la fortaleza que hemos alcanzado, aunque no nos cabe ninguna duda de
que hoy somos muchísimo más fuertes que hace cinco, diez o quince años.
En el mercado de los alimentos
están pasando cosas extrañas, como la polémica de la panga… ¿Crees que
en España hay seguridad alimentaria suficiente, que el consumidor puede
estar tranquilo con lo que come?
Uno de los datos que más nos preocupa,
una de las cuestiones más alarmantes, es que para la Red de Alerta
Alimentaria, que coordina el sistema de Sanidad y las comunidades
autónomas donde se introducen alimentos que se consideran que tienen
peligro para la salud o que incumplen la información en el etiquetado, o
que engañan en el etiquetado, esos productos son secretos, con lo cual
hay multitud de movimientos de órdenes de retirada del mercado o de
cambios de etiquetado de productos, bien por peligro, bien por engaño,
en los que al consumidor se le mantiene al margen. No nos quieren contar
lo que se está haciendo con esos productos, no se nos quiere contar la
existencia de peligro en determinados productos…
Sí, pero parece que el mercado
alimentario en España en los últimos años tiene más fisuras, el sistema
no funciona tan bien o parece que no funciona tan bien como funcionaba,
por la comida que nos entra del extranjero, por las deficiencias en los
etiquetados…
Precisamente lo que habría que preguntar
a los mecanismos de regulación y control es qué están haciendo, si
están realmente controlando el mercado, evitando o actuando previamente
ante la presencia de productos con sustancias no autorizadas, etcétera.
Pero ya te digo que todo eso es secreto. Cuando un Gobierno y cuando los
diecisiete gobiernos autonómicos mantienen en secreto los mecanismos de
control del mercado y la detección de fraude, cuando todo eso se quiere
mantener en secreto, nosotros pensamos que se están defendiendo más los
intereses de la industria alimentaria y la distribución que los
intereses de los consumidores.
Por eso te traía a colación una cosa con
otra… Nos dicen: “No se preocupen, que la panga que se vende en España
no implica riesgos para la salud” y no hay informes públicos que pongan
de manifiesto cuántos muestreos de panga se han realizado en España en
los últimos años por parte de cada una de las comunidades autónomas,
cuántos análisis de laboratorio se han efectuado.
Nosotros tenemos que
hacer un acto de fe para pensar que cuando dicen “no hay peligro” es que
realmente han controlado el mercado pero, ¿y si no han controlado
realmente el mercado? ¿Y si hay un déficit enorme en esos mecanismos de
control? Pues la falta de transparencia tiene que provocar por fuerza
recelos y sospechas. A lo mejor se está controlando, pero bueno, es tan
fácil como que se sea transparente y se dé participación real a los
movimientos organizados de consumidores en los mecanismos de control y
se nos facilite información que sea lo suficientemente transparente,
porque si no, ya te digo que la confianza es lo que vamos a perder.
Es decir que muchas veces eso que se dice en la calle de que no sabemos lo que comemos no está tan lejos de ser cierto, ¿no?
Exactamente.
¿Y con las rebajas? ¿Recibís muchas denuncias de abusos y de falta de información?
Bueno, en esa modalidad de venta, igual que lo que ocurre con el Black Friday
o con cualquier tipo de oferta especial, hay un problema creciente de
desconfianza del consumidor cuando ve que hay empresas que anuncian
rebajas de productos y que luego se destapa por organizaciones como
Facua, o por usuarios en las redes sociales, que hay mentiras en ese
sentido. Nosotros hemos encuestado a los consumidores y había un
altísimo porcentaje que nos decía que ha detectado en muchos comercios
falsas rebajas, productos que saben que no tienen el descuento que están
anunciando porque ya les habían dicho el precio original semanas antes o
sencillamente porque ven que la etiqueta de debajo de la rebajada es
exactamente la misma que la del precio con el supuesto descuento.
Y ahí
ocurre lo mismo, los mecanismos de control, en este caso de las
comunidades autónomas, no son eficaces, no se desarrollan protocolos de
actuación que acaben con el fraude en rebajas, sino todo lo contrario,
están fomentando que cada vez haya más fraude en ese sentido. No hay
transparencia, tampoco sobre los mecanismos de control, no sabemos si se
está multando a empresas por engañar en las rebajas, o por cometer
fraude, porque si se producen esas multas, desde luego son secretas.
Ningún Gobierno dice: “Hemos multado a tal empresa por engañar en las
rebajas y hemos puesto esta multa millonaria por el fraude”. Por tanto,
partimos de que o no se ponen las multas o se ponen en secreto, lo cual
precisamente provoca que a las empresas no les perjudique apenas, porque
la cuantía de las multas es insignificante en relación a las
dimensiones del fraude.
Otro sector donde la piratería
es galopante es el de las compañías de telefonía móvil. ¿Hasta cuándo el
consumidor va a tolerar esto? ¿Qué se puede hacer? El Gobierno parece
que tampoco quiere entrar a regularlo, ¿no?
Bueno, como la electricidad, que es otro
sector liberalizado, igual que el gas, igual que las gasolinas, son
sectores donde no hay competencia real, donde estamos en manos de un
oligopolio, donde la incipiente competencia que había en España se ha
minimizado porque las pequeñas o medianas compañías han sido absorbidas
por las grandes y hemos visto cómo se ha producido la compra de ONO por
Vodafone, la compra de Jazztel por parte de Orange, el hecho de que
Yoigo y Pepephone hayan sido compradas por MásMóvil y ahora crea una
especie de cuarto gran teleoperador de comunicaciones, es decir, hay un
proceso de concentración, partiendo de que las telecomunicaciones en
España se inician con una liberalización en la que había tres grandes
operadores que eran Telefónica, Vodafone, que inicialmente se llamaba
Airtel, y Amena, que luego se llamó Orange. Pues esas tres grandes
compañías, cuando empiezan a ver que entran otros nuevos teleoperadores,
van absorbiéndolos, van comprándolos y se vuelve a concentrar el sector
en tres grandes teleoperadores y un cuarto.
Pero sobre todo son tres
grandes, que lo primero que hacen después de los procesos de compra es
aplicar subidas paralelas de precio, aplicar subidas incluso
incumpliendo sus propios contratos, en los que ponen al consumidor una
permanencia de dos años, se saltan esas obligaciones de permanencia que
también tendrían que cumplirlas ellos y nos suben las tarifas
ilegalmente. Y ninguna administración del Gobierno ni de las comunidades
autónomas interviene contundentemente.
Pero ¿por qué pasa esto, por qué esta permisividad?
Exactamente por lo mismo que vivimos con la electricidad. Por un lado hay puertas giratorias, poder, presión de los lobbies
de las multinacionales de las telecomunicaciones sobre los gobiernos, y
por otro lado ineptitud política, el hecho de que haya responsables
políticos en el Gobierno central y en las comunidades autónomas que sean
ineptos y que no asuman que tienen que cumplir con una obligación. Por
ejemplo, nosotros en España tenemos una ministra de Sanidad, Dolors
Montserrat, que posiblemente todavía no se ha enterado de que ella
también tiene las competencias en las políticas de protección al
consumidor ni de que el ministerio que antes se llamaba de Sanidad y
Consumo y que hoy se llama Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es el
ministerio que tiene las competencias de protección al consumidor.
Dolors Montserrat es absolutamente inédita en políticas de consumo, no
ha hablado, no ha abierto la boca para contar nada sobre los grandes
fraudes que sufren los consumidores, ni siquiera ha abierto la boca para
hablar del macrofraude de la cláusula suelo, se ha dejado en manos de
otros ministerios el adoptar esas supuestas medidas regulatorias para
fomentar que pueda haber mecanismos de devolución del dinero
extrajudicial, que son también una pantomima, pero ahí Dolors Montserrat
no ha dicho nada.
Por tanto, si la máxima competente en el Gobierno de
España en protección al consumidor al final demuestra que, o es una
incompetente o es una inepta, pues está claro que poco podemos confiar
en que este Gobierno vaya a trabajar en la defensa del consumidor. Con
las comunidades autónomas ocurre lo mismo, tenemos consejeros de
distintas áreas que pueden ser consejeros de Economía, consejeros de
Salud, consejeros de Industria, que tienen dentro los organismos de
protección al consumidor.
En España, además, la sanción por fraude al
consumidor está en manos de las comunidades autónomas, la ley de defensa
de los consumidores plantea que son las autonomías las que podrían
poner multas por fraude, por incumplimiento de las leyes de consumo, y
no se aplican esas multas o son de cuantías absolutamente ridículas, con
lo cual vemos igualmente ahí una ineptitud o una irresponsabilidad por
parte de los políticos responsables de Consumo en las que no se mete
mano, no se ponen en marcha mecanismos de control del fraude y
protección real del consumidor.
Hemos visto cómo la cúpula del
Banco de España ha sido imputada por dar cobertura a la estafa de
Bankia. ¿Dispone el Estado de controles suficientes para evitar estos
abusos?
Otra cosa es que el Estado quiera
utilizar estos mecanismos de control. El Banco de España que dijo que
las cláusulas suelo eran legales es el mismo Banco de España que hoy
está recogiendo firmas para defender a los imputados del caso Bankia y
eso nos parece un absoluto escándalo.
Por tanto, los organismos que
pueden actuar ante el fraude cierran los ojos ante él y por tanto
nosotros quisiéramos que hubiera más mecanismos de control, más
funcionarios inspeccionando el mercado, pero es que realmente ni
siquiera los que hay se movilizan para hacer lo que hay que hacer,
sencillamente porque el Gobierno de turno, igual da que sea el Gobierno
de España o el de cada una de las comunidades autónomas, no pone en
marcha esos mecanismos de control, prefiere mirar hacia otro lado cuando
se están produciendo esos fraudes masivos de bancos, telecos,
energéticas, aseguradoras, etcétera.
¿Crees que los afectados por las preferentes van a recuperar su dinero o eres pesimista?
Los afectados de las preferentes ya tuvieron un mecanismo de arbitraje hace años, otros han ido a los tribunales…
Pero muchos no han cobrado, la
mayoría están todavía sin indemnizar, según creo. ¿O a todos se les ha
resarcido del dinero que se les estafó? ¿No disponéis de cifras sobre
esto?
Hay un porcentaje de consumidores que
utilizaron el mecanismo arbitral que puso en marcha el Gobierno y se les
ha devuelto el dinero y hay otro porcentaje, que más o menos podría ser
mitad y mitad, que han tenido que recurrir a los tribunales; los que no
han ido a tribunales, los que no lo han hecho, pues no han recuperado
el dinero. Aquí el problema es que ese porcentaje de usuarios, los que
tuvieron un mayor nivel de inversión en preferentes, son los que se han
visto obligados a ir a juicio, igual que se están viendo obligados los
afectados de las cláusulas suelo, por el cobro ilegal de los gastos de
formalización de la hipoteca, etcétera.
Y con el desfalco de todos estos
años en las cajas de ahorro, ¿crees que volverá a ocurrir o se están
poniendo mecanismos para que no vuelva a pasar?
Bueno, la cuestión es que no son
errores, son prácticas consentidas, gobiernos que miran hacia otro lado
cuando se están produciendo determinadas anomalías, o que protegen a los
que cometen fraudes o abusos, o incluso en el mismo Gobierno, donde
tenemos a autores de fraude o máximos responsables de delitos. No
olvidemos por ejemplo a Rodrigo Rato. Los sectores que eran
liberalizados, los sectores objeto de privatizaciones y
liberalizaciones, pagaban a Rato.
Es una de las noticias que ha
transcendido en los últimos días. Él se benefició económicamente de
empresas que estaban en el marco de esos procesos de liberalización. Con
lo cual, volvemos al concepto de puertas giratorias, prácticas en las
cuales un político que toma decisiones sobre un sector empresarial
recibe dinero de ese mismo sector empresarial en el presente o en el
futuro, cuando sale del Gobierno…
Eso no son errores, son prácticas a
las que se dedican determinados políticos que tienen las máximas
responsabilidades en un Gobierno. Otra cosa es si van a cambiar las
políticas. Ahora vemos, por ejemplo, esa noticia de que se imputa a una
serie de personas y el Banco de España recoge firmas…
¡la dirección del
Banco de España recoge firmas en su defensa! Yo no lo llamo error, yo lo
llamo de otra forma. ¿Si se van a volver a repetir? No hay ningún
indicio de que no se vayan a volver a repetir.
La corrupción es la gran fraude a
los ciudadanos, ¿no crees que en España existe demasiada tolerancia con
el político corrupto que juega con el dinero de todos?
Bueno, precisamente el partido que tiene
más podredumbre, que está más podrido de corrupción es el Partido
Popular y ganó las últimas elecciones; eso se puede traducir en que
efectivamente hay una enorme tolerancia con la corrupción por parte de
muchísimos ciudadanos.
El jefe de Ausbanc, Luis Pineda, te difamó gravemente, ¿en qué momento procesal está ese asunto?
Tanto Facua como yo hemos llevado en
varias ocasiones a Luis Pineda a los tribunales y lo seguiremos haciendo
por una serie de campañas de difamación que desarrolló contra nosotros a
lo largo de cuatro años y ya hay tres condenas firmes contra él por las
cuales tiene que publicar la sentencia asumiendo que desarrolló esas
campañas de difamación mintiendo, acusándonos de delito, etcétera.
Además, también tiene que pagarnos indemnizaciones. Y bueno, estamos en
la fase de solicitud de ejecución de la sentencia, partiendo de que Luis
Pineda no puede hacer nada ni con sus bienes ni con la publicación de
esa sentencia hasta que un juez no se lo imponga, no lo autorice, no le
embargue sus bienes, etcétera.
¿Quién tiene más responsabilidad en los abusos a los consumidores, el Estado por no regular o nosotros por no exigir?
Primero la culpabilidad está en las
empresas que cometen los fraudes. Luego hay una responsabilidad de los
gobiernos que no actúan ante esos fraudes o bien porque son torpes o
bien porque no quieren actuar.
Y en tercer lugar estamos los propios
consumidores, que tenemos que alcanzar la mayoría de edad y asumir que
tenemos que enfrentarnos a los fraudes partiendo de la posibilidad de
que nadie nos quiera proteger desde el Gobierno ni por supuesto desde
las empresas, que no dan respuesta a nuestras denuncias, y eso hace que
tengamos que acabar batallando, movilizándonos, yendo a los tribunales,
etcétera. Precisamente para eso existimos organizaciones como Facua,
para empoderar al consumidor, para que cuando un consumidor venga a
nosotros a reclamar tenga armas mucho más poderosas que las que tiene
cuando él, por su cuenta, necesita resolver un problema.
¿Se puede vivir en un mundo sin tratados de libre comercio como propone Trump?
Nosotros partimos de que, de entrada, el
TTIP y el CETA son muy peligrosos, sobre todo porque, como te decía
antes con el tema alimentario, cuando una política, cuando un tratado se
negocia en la sombra, se negocia sin que los ciudadanos podamos conocer
los contenidos. Ahí seguro que ya hay algo peligroso, oscuro y negativo
para los intereses de los ciudadanos, para los intereses de los que
menos poder adquisitivo tenemos y sobre todo favorece a las grandes
multinacionales.
Otra cosa es que lo que Trump plantea en cuanto a que
no le guste el TTIP está muy alejado del concepto que nosotros
planteamos relacionado con el perjuicio al consumidor. Posiblemente a
Trump el pequeño consumidor es lo que menos le importa, Trump es
millonario, un magnate, y tiene posiblemente otros intereses económicos
detrás de su negativa al TTIP. No significa que, porque Trump esté en
contra del TTIP y los movimientos de la sociedad civil, los grandes
movimientos ciudadanos en el mundo también estemos en contra, no
significa que estemos alineados en ideología con Trump, nada más lejos
de la realidad.
Inda os ha acusado de ser la organización de Podemos… ¿Te has planteado dar el salto a la política?
Bueno, yo llevo veinte años en política
pero lo que ocurre es que estar en política no significa necesariamente
estar en un partido. Los movimientos de la sociedad civil hacemos
política, si no, no seríamos auténticos movimientos de la sociedad
civil, seríamos en nuestro caso oficinas o despachos de tramitación de
reclamaciones y no estamos solo para eso, estamos para reivindicar
cambios políticos en nuestro país, en nuestras autonomías, en nuestros
ayuntamientos, y por tanto yo asumo que soy político, yo me dedico a la
política, pero una política ajena a los partidos políticos,
independientemente de que a nivel particular pueda tener mis filias y
mis fobias con ciertos partidos.
Con lo cual primero, independientemente
de que Inda es un difamador profesional, y más allá de plantear que
Facua es una organización de Podemos, hace como otros políticos, u otros
periodistas, u otros difamadores, que históricamente han podido decir
que Facua era una organización del PSOE, o una organización de Izquierda
Unida, o que lo era del Partido Popular.
Así que, según a quien
critiques o a quien apoyes en determinado momento, te acusan de estar
vinculado a uno u otro partido, pero independientemente de eso Inda
también ha inventado que nosotros hemos cometido determinados delitos y
vamos a llevar a los tribunales a Inda por difamación, igual que hicimos
en su día con Luis Pineda, con lo cual Inda nos va a tener que ver en
los tribunales y repetir delante de un juez las acusaciones que nos ha
lanzado de otras cuestiones en su periódico.
¿Por qué cuestiones?
Lo puedes ver en nuestra página web. Inda publicó en Ok Diario
un bulo que había publicado un anónimo en internet en el que contaba
que había una plataforma de usuarios que nos habían puesto una querella
por estafa y eso era un bulo, no existe ningún usuario que nos haya
puesto una querella por estafa.
Inda y sus periodistas lo vieron en una
página web anónima creada para difamar sencillamente y cogió y lo
publicó y además multiplicó el número de usuarios que supuestamente nos
habían denunciado y llegó a inventar el diario de Inda que había más de
seis mil personas que nos habían puesto una querella por estafa.
Eso,
que era una absoluta invención, que además hemos detectado a la persona
que estaba detrás y que vamos a llevarla también a los tribunales, pues
es algo que Inda publica, como tantas veces hace, publicar una
información no contrastada con el único objetivo de difamar, de
desacreditar a una determinada persona u organización. Pues va a tener
como respuesta por parte de Facua una acción judicial contra él y contra
su periódico.
Es decir, que la querella ya la estáis tramitando…
La demanda ya la estamos tramitando.
José Antequera | Gurb | 17 marzo 2017
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